Es necesario incrementar la vivienda social y asequible a través de acciones de compra, rehabilitación, movilización del parque existente y nueva construcción, especialmente destinado al régimen de alquiler, calificado de forma permanente y repartido de forma equilibrada en el territorio para evitar fenómenos de segregación residencial.

Las actuaciones para reducir el coste de la vivienda de alquiler a través de instrumentos de financiación, de regulación y de estabilización de precios especialmente en áreas de demanda fuerte y acreditada, son medidas para transformar el mercado de vivienda y hacer crecer su valor público.

El dinero que el hogar destina a los gastos de agua, energía, gas e internet es uno de los componentes de la sobrecarga que gana peso. Mediante la promoción de nuevas formas de provisión más democráticas, la participación social en la gestión, las ayudas para garantizar el acceso y la mejora de la eficiencia de la vivienda, se busca reducir el gasto del hogar en suministros esenciales. 

Con el objetivo de cerrar la brecha entre oferta y demanda, es fundamental incidir sobre la capacidad económica de los hogares a través de una política activa de empleo, la mejora de los salarios y rentas complementarias, así como el incremento de subvenciones y ayudas al alquiler, y suministros para los colectivos en riesgo de exclusión social.

El aprovechamiento del parque de vivienda existente en la ciudad consolidada y su movilización en el parque de vivienda asequible requiere procesos de rehabilitación energética, adaptación climática y adecuación morfológica de las viviendas y edificios. Esta ola de rehabilitación puede mejorar la eficiencia en el uso de la vivienda y, en consecuencia, reducir los gastos del hogar.