Más allá de las tiendas asequibles: ¿cómo garantizamos el derecho a la comida?
El anuncio del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de crear una red de tiendas asequibles en la ciudad ha puesto en la agenda pública un tema que a menudo se relega al ámbito de las políticas sociales: cómo garantizar que todas las personas puedan acceder a alimentos saludables y sostenibles. La propuesta se presenta en un contexto marcado por el aumento sostenido del coste de los alimentos, lo que dificulta cada vez más que muchos hogares accedan a alimentos adecuados.
La propuesta está inspirada en el programa "N.Y.C. Groceries", promovido por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, coincidiendo con la visita de Jaume Collboni a la ciudad. El proyecto planea abrir cinco supermercados públicos gestionados por operadores privados seleccionados por el ayuntamiento. El ayuntamiento proporcionará un local, asumirá parte de los costes y subvencionará productos básicos para que puedan venderse a precios más asequibles. La iniciativa cuenta con una inversión de 70 millones de dólares, de los cuales 30 irán para el nuevo establecimiento La Marqueta, en East Harlem.
En Barcelona, el objetivo es comenzar la segunda mitad de 2027 con un piloto en el barrio de La Marina del Prat Vermell, en un local municipal donde el proyecto de comercio asequible sea gestionado por una entidad del tercer sector o cooperativa sin ánimo de lucro. La propuesta tiene un doble objetivo: por un lado, garantizar el acceso a alimentos, ofreciendo frutas, verduras, carne y pescado a precios entre un 20% y un 30% inferiores a los del mercado; por otro, promover la inserción laboral y servir como espacio de formación y empleo para personas en situaciones de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.
A diferencia de Nueva York, la propuesta de Barcelona aún tiene muchos aspectos que especificar: financiación, gobernanza, funcionamiento del sistema, la relación con otros instrumentos existentes y, sobre todo, la conexión con el resto del tejido comercial de la ciudad.
Por otro lado, el momento y el lugar en que se hizo el anuncio, así como el calendario de su implementación, de cara a las elecciones municipales de primavera de 2027, hacen especialmente importante que la propuesta no se presente como una iniciativa aislada ni diseñada solo para el corto plazo, sino que se convierta en una oportunidad para definir una política estructural y a largo plazo.
El derecho a la comida entra en escena
El concepto de derecho a la alimentación va mucho más allá de la simple disponibilidad de alimentos. Según las Naciones Unidas, implica que todas las personas pueden tener acceso estable, física y económicamente, a alimentos adecuados o a los recursos necesarios para obtenerlos. Las directrices promovidas por la FAO añaden que esta dieta debe ser saludable, culturalmente apropiada y compatible con los límites ecológicos del planeta.
El derecho a la alimentación de esta manera es un derecho humano fundamental reconocido en varios tratados internacionales y europeos ratificados por el Estado español.
Mientras esperan que se incluyan en normativas estatales o regionales, ocurre como en otras ocasiones y con otros asuntos: el debate social tiene prioridad sobre la legislación.
Esta visión también se refleja en el Compromiso Metropolitano 2030, el plan estratégico para la región metropolitana de Barcelona, que dedica una de sus ocho misiones a una alimentación saludable con el objetivo de garantizar el acceso a alimentos más saludables y sostenibles para todos y en cualquier lugar.
La cuestión es si el acceso a alimentos saludables y sostenibles debería garantizarse desde la esfera pública como un derecho de todas las personas, como se hace con la educación y la salud. Y, una vez asumida esta premisa, surgen nuevas preguntas: ¿cuál es la fórmula más adecuada para hacerlo? ¿Cómo debería financiarse? ¿Qué papel deberían desempeñar las administraciones, el sector privado y los ciudadanos?
En Francia, este asunto se ha abordado con una propuesta ambiciosa: una "Seguridad Social alimentaria". El nombre puede referirse a una reforma de nuestro sistema de seguridad social para añadir la alimentación como un beneficio universal, al igual que la salud y la educación. Pero, tal como se propone, no se trata de esto, sino de articular experimentos a nivel local (municipal o metropolitano) de gestión público-comunitaria de un presupuesto. Esta gestión sigue un principio de redistribución para garantizar un acceso digno a alimentos de calidad, especialmente para las personas más vulnerables, y para promover una economía local sostenible. Además, se basa en la participación activa de un comité ciudadano que actúa como espacio para la educación popular y el empoderamiento.
En el experimento de la ciudad de Montpellier, por ejemplo, los participantes contribuyen mensualmente con una tarifa diferente según sus ingresos, que oscila entre 1 y 250 € (con una media de 60 €). A cambio, reciben una asignación mensual de alimentos de alrededor de 100 €, convertida en una moneda local llamada "mona". Esta moneda solo puede utilizarse en una red de tiendas asociadas, como tiendas de conveniencia, mercados locales y supermercados cooperativos, que priorizan la calidad y la alimentación sostenible. El proyecto se financia mediante una combinación de recursos públicos y privados: contribuciones del Ayuntamiento y del territorio metropolitano de Montpellier, el gobierno francés y fundaciones privadas, que se complementan con las contribuciones de los participantes, que representan el 47%.
En este caso, por tanto, se propone un modelo de cofinanciación pública y privada, en el que cada uno contribuye según sus ingresos y se pone énfasis en la participación ciudadana como forma de dar voz y capacidad de decisión a quienes forman parte de ella.
A nivel internacional, también hemos ido encontrando diferentes modelos durante años, como los supermercados sociales en Reino Unido, Austria o Italia, que venden excedentes o productos a precios muy bajos a hogares acreditados como vulnerables. Son solo para miembros y requieren prueba de que se reciben beneficios. También existen programas de transferencias directas de efectivo como el programa "Bolsa Família" en Brasil, que han demostrado que, ante la inflación de los precios de los alimentos, las transferencias por sí solas no garantizan la cesta mínima. Funcionan mejor combinados con precios regulados y puntos de venta asequibles.
En Cataluña, desde hace años, las cooperativas y los movimientos por la Soberanía Alimentaria han tenido experiencias de entidades y sociedad civil, como supermercados cooperativos o cooperativas de consumidores, proyectos que podríamos considerar herederos de los comisarios sociales autoorganizados por trabajadores que se originaron en el siglo XIX. Actualmente, son iniciativas comprometidas con la agroecología, donde un grupo de ciudadanos se reúne para decidir juntos qué quieren consumir y cómo, y se agrupan para hacer pedidos conjuntos con agricultores locales. Estas son iniciativas sin intervención pública, aunque en algunos casos reciben subvenciones específicas. Algunos han intentado ofrecer precios asequibles, manteniendo la viabilidad del proyecto y pagando precios justos a los agricultores, pero sin grandes resultados en cuanto a la asequibilidad de los productos y la participación de personas en situaciones vulnerables.
Cabe destacar especialmente el caso de Granollers con el Proyecto Mimosa, promovido por el Ayuntamiento de Granollers con la participación de la Cruz Roja y la asociación de consumidores y productores La Magrana Vallesana. En este caso, las familias en situaciones vulnerables pasan a formar parte de la asociación y tienen un saldo mensual para adquirir productos agroecológicos. Es un modelo financiado con fondos públicos, que enfatiza garantizar una alimentación saludable y sostenible a las familias en situaciones vulnerables de manera articulada con la producción local, las cooperativas de consumidores y las entidades sociales.
En España también existen numerosos supermercados cooperativos y cooperativas de consumidores agroecológicos, y el caso más significativo en este sentido, aunque a muy pequeña escala, se encuentra en Getafe, en el supermercado cooperativo agroecológico Biolíbere. Con financiación privada de la Fundación Daniel & Nina Carasso, se han financiado 100 € mensuales a 30 familias para formar parte de la cooperativa, comprar en el supermercado y acompañarse de formación y actividades sobre seguridad alimentaria, así como seguimiento de cómo evolucionan los hábitos alimentarios.
Así, tenemos diferentes experiencias que nos permiten ampliar el debate y plantear algunas preguntas fundamentales: ¿deberíamos financiar los alimentos desde las administraciones? ¿A quién debería dirigirse el apoyo público? ¿A los consumidores, empresas o productores? ¿Debería ser universal o enfocado? ¿Qué alimentos deberían priorizarse? ¿Cómo se gobierna y financia un sistema con estas características?
Responder a estas preguntas requiere ir más allá de los ingresos y analizar el sistema alimentario en su conjunto. En el próximo artículo nos detendremos y aprenderemos sobre una experiencia que ya está tomando forma en la región metropolitana: el piloto de garantía alimentaria en El Prat de Llobregat.