La Seguridad Social Alimentaria: una propuesta de garantía alimentaria para todas las personas
¿Por qué el derecho a la educación y la salud son claramente reconocidos y garantizados por los Estados –por lo menos aquellos donde contamos con un estado del bienestar más o menos consolidado– y, en cambio, el derecho de alimentarse de manera saludable y sostenible no está reconocido ni garantizado de la misma manera? ¿Cómo se podría garantizar la alimentación como un derecho y no una mercancía? En este artículo exponemos la propuesta que ha surgido en Francia para afrontar este reto, revirtiendo los modelos asistencialistas de ayuda alimentaria de emergencia, a menudo estigmatizadores y desvinculados de una alimentación sostenible y saludable.
Según la Encuesta de Salud Pública de Cataluña (ESCA) 2024, más de la mitad de la población catalana de 18 a 74 años (52,4%) tiene exceso de peso: el 36,1% tiene sobrepeso, y el 16,3% tiene obesidad. En cuanto a los patrones de una alimentación saludable, en Cataluña sólo el 55% de la población de más de 15 años hace un seguimiento adecuado de las recomendaciones de la dieta mediterránea. Pero ¿cuáles son los factores que hacen que la gente no tenga unos hábitos de alimentación saludables ni sostenibles?
Una investigación del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB) en el marco del proyecto PANIS, del año 2025 advierte de la existencia de desigualdades sociales, económicas y territoriales importantes en el acceso a una alimentación saludable en ciudades con más de 100.000 habitantes en Cataluña. El estudio señala que algunos factores estructurales como los ingresos, el género de la persona sustentadora principal del hogar y la presencia de menores de 16 años en casa son determinantes. La investigación también evidencia el papel determinante del entorno social y territorial, e indica que el contexto socioeconómico y los entornos alimentarios de los barrios condicionan fuertemente los hábitos de consumo. En este sentido, según el estudio, más de 140.000 personas viven en zonas censales con alta vulnerabilidad alimentaria en la ciudad de Barcelona.
La propuesta de Francia de una Seguridad Social Alimentaria
En este contexto, en Francia hicieron el ejercicio de estudiar el coste que las enfermedades asociadas a una mala alimentación le cuestan a la sanidad pública [1], y entendieron que incentivar políticas públicas que garanticen una canasta básica para toda la población supone un gran ahorro.
De ahí surgió en el año 2019, desde el colectivo "Por un sistema de seguridad social para la alimentación", la propuesta que se ha denominado Seguridad Social Alimentaria, como una extensión de la seguridad social tradicional para garantizar el acceso universal a alimentos de calidad, seguros y sostenibles. La propuesta se basa en desarrollar un proceso democrático para configurar la demanda de alimentos, estructurar la oferta y garantizar el acceso a alimentos de calidad para todos, lo que permite las transformaciones agrícolas. Este concepto se ha desarrollado como respuesta a la precariedad alimentaria y busca superar los modelos de ayuda alimentaria de emergencia, con el objetivo de garantizar el acceso universal a la alimentación como derecho, no como mercancía. La propuesta del colectivo, denominada "base común", se basa en tres pilares:
- Universalidad: un derecho para todos
- Cotizaciones obligatorias, según un sistema de tarifación social (como si fuera un IRPF social)
- Acuerdo democrático: elección de alimentos accesibles mediante el establecimiento de fondos locales gestionados por las partes interesadas.
¿Y cómo funciona? El caso de Montpellier
Pero ¿cómo se puede implementar esta Seguridad Social Alimentaria? En el municipio francés de Montpellier plantean hacerlo a través de las Cajas Alimentarias Comunes, que actúan como herramientas de experimentación y aprendizaje para avanzar hacia la posible universalización del sistema de Seguridad Social Alimentaria. Con financiación estatal, metropolitano, municipal y de dos fundaciones privadas, Montpellier inició en el año 2021 un proceso participativo para comenzar una experimentación de este sistema en torno a una herramienta concreta: La "Caisse alimentaire commune" (Caja Alimentaria Común: CAC).
Se trata una experiencia innovadora basada en la gestión colectiva de un presupuesto según un principio de redistribución y la participación activa de un comité ciudadano que actúa como espacio de educación popular y empoderamiento.
Los principales objetivos de la Caja Alimentaria Común son:
- Reducir las desigualdades sociales en el acceso a la alimentación y combatir la precariedad alimentaria.
- Asegurar el acceso a alimentos saludables y de calidad, promoviendo prácticas beneficiosas para la salud y el medio ambiente.
- Desarrollar circuitos de producción y distribución sostenibles que apoyen la agricultura local y a los trabajadores del sector.
- Convertir la alimentación en un tema democrático, con implicación ciudadana en la toma de decisiones.
El funcionamiento práctico es el siguiente:
- Cotizaciones y redistribución: Cada participante contribuye mensualmente de acuerdo con sus ingresos (de 1€ a 150€ o más) y recibe la misma suma de 100 MonA (una moneda digital donde 1 Mona= 1€).
- Moneda solidaria: La Mona es utilizada para comprar alimentos en establecimientos seleccionados por el comité ciudadano según criterios de calidad y sostenibilidad.
- Financiación: La CAC se financia a través de cotizaciones de los participantes, fondos públicos (municipales, regionales) y privados (fundaciones).
- Gobernanza: El comité ciudadano de la alimentación está formado por 61 miembros (muchos en situación de vulnerabilidad), y es quien decide las normas de funcionamiento y selecciona los lugares de distribución. También hay una asamblea ciudadana anual, que es el espacio de debate para implicar a la ciudadanía y a otros actores del sistema alimentario.
- Colaboración con instituciones públicas y académicas: Las administraciones aportan dinero y dinamizan, pero no participan del comité ciudadano. Hacen un seguimiento científico y reflexión sobre la evolución de las políticas alimentarias.
Según un informe del Instituto Nacional de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente de Francia, los resultados de la prueba piloto de la Caisse alimentaire commune de Montpellier (2022–2024) muestran impactos relevantes tanto en el acceso a la alimentación como en la cohesión social: el dispositivo implicó alrededor de 400 hogares (404 en total), cerca de la mitad de las cuales se encontraban bajo el umbral de la pobreza (47%), garantizando una asignación mensual de unos 100 € por persona para la compra de alimentos. En este periodo se movilizaron aproximadamente 531.000 € en moneda alimentaria (MonA) dentro de una red de proveedores comprometidos, favoreciendo el acceso a productos de calidad y un aumento del consumo de productos ecológicos (alrededor del +10% según la evaluación), así como de frutas y verduras frescas.
Paralelamente, el programa ha contribuido a reforzar los circuitos cortos y los ingresos de los productores locales, y ha generado efectos sociales significativos, con mejoras percibidas en el bienestar, la autonomía y la capacidad de decisión de las personas participantes, así como en su conocimiento del sistema alimentario y su implicación en espacios colectivos de gobernanza, aunque persisten desigualdades en la participación y retos para su ampliación a mayor escala.
¿Qué podemos hacer en la RMB? Prueba Piloto en El Prat de Llobregat
El contexto de la región metropolitana de Barcelona (RMB) con su diversidad ha permitido identificar un entorno favorable para la experimentación en pequeña escala de un sistema de garantía alimentaria inspirado en el modelo de Montpellier.
Esta prueba piloto se desplegará en La Botiga de El Prat, un proyecto social que permite a personas con dificultades económicas acceder a alimentos de manera digna, como si fuera un supermercado. El proyecto favorece el trabajo colaborativo, la autonomía y la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión. Se organiza en un modelo de autoservicio y/o venta asistida. En este espacio se pueden encontrar preferentemente productos ecológicos, de temporada y proximidad provenientes del mercado local o del reaprovechamiento alimentario. La iniciativa, que da servicio a personas derivadas de los servicios sociales de El Prat de Llobregat, quiere promover una alimentación saludable con criterios de calidad, impacto social y sostenibilidad. El pago, al igual que en Montpellier, se efectúa con una moneda local, en este caso las Ricardas.
La propuesta pretende focalizar los primeros esfuerzos (entre junio de 2026 y junio de 2027) en analizar el estado de la cuestión en la región metropolitana de Barcelona, identificar iniciativas similares y transformadoras en marcha. Seguidamente, a través de la colaboración con los agentes del territorio y el ayuntamiento se identificarían los barrios del municipio de El Prat de Llobregat donde implantar dos grupos de consumo con un enfoque transformador.
En una segunda fase (junio 2027 a junio 2028), se dinamizarán y pondrán en marcha los dos grupos de consumo en los barrios previamente elegidos. Los criterios para la selección serán:
- Un espacio físico
- La cooperación multiactor
- Un tejido asociativo denso y dinámico
- Puntos de distribución próximos y accesibles
- Poner al usuario en el centro de la acción
Tendremos una primera inspiración en un primer grupo que se pondrá en marcha en junio de 2026, con el que ya hemos acordado compartir la información y los aprendizajes. La presente propuesta permitirá, entonces, dar continuidad y replicabilidad a este primer grupo de consumo ampliando el número de familias y consolidando el modelo en el municipio con dos grupos de consumo más.
Esto permitirá la consolidación de una base de socios con diversidad de poder adquisitivo, lo que dejará un terreno fértil para la implementación de una iniciativa de caja alimentaria común.
Para concluir, la Seguridad Social Alimentaria resulta una propuesta atractiva, por un lado, para experimentar cómo reducir la estigmatización de la ayuda alimentaria, y por otro, para generar un sentimiento de corresponsabilidad y vinculación entre los vecinos y vecinas del mismo barrio, o más en general de la ciudadanía.
Desde el PEMB consideramos esta idea como un factor que puede reducir las desigualdades ante el acceso a alimentos y también como una oportunidad para generar nueva demanda organizada en torno a la alimentación de proximidad y sostenible, contribuyendo al cumplimiento de la misión Alimentación saludable del Compromiso Metropolitano 2030.
[1] L'injuste prix de notre alimentation quels coûts pour la société et la planète?