3 líneas de actuación imprescindibles para una alimentación saludable y sostenible en la ciudad de los 5 millones
¿Cómo podemos garantizar el acceso a una alimentación más saludable y sostenible para todas las personas en la región metropolitana de Barcelona? Este es el reto que establece en materia de alimentación el Compromiso Metropolitano 2030.
El acceso a una cantidad necesaria de alimentos inocuos y nutritivos, capaces de asegurar el desarrollo y el crecimiento de las personas para llevar una vida activa y saludable[1], no está garantizado para todos en nuestra casa. Garantizarlo requiere intervenir y tener en cuenta todos los eslabones de la cadena agroalimentaria: la producción de los alimentos, la elaboración, la distribución y el consumo, así como también el desperdicio alimentario. Y todo, poniendo en el centro a las personas en situación de vulnerabilidad y buscando la coordinación con otras políticas sociales cruciales para garantizar este derecho.
Porque hablamos, por un lado, de garantizar la disponibilidad de alimentos saludables y sostenibles (una producción suficiente, que significa contar con suficientes tierras y con suficiente campesinado para trabajarlas), y por otro de garantizar el acceso físico y económico de toda la población a estos alimentos (con una red de comercios que ofrezcan productos de proximidad y de calidad y políticas que garanticen su accesibilidad económica, como una renta mínima, políticas fiscales o de control de precios).
En este artículo hablaremos de tres líneas de actuación de las políticas públicas alimentarias que consideramos estratégicas para alcanzar este reto:
- La compra pública alimentaria
- Unas redes de distribución conjuntas del producto de proximidad
- La necesidad de proteger el suelo agrario
La compra pública alimentaria
La compra pública alimentaria es una herramienta estratégica para estimular la demanda de productos sostenibles y de proximidad, y para garantizar el acceso a una alimentación saludable y sostenible a toda la población, independientemente de su situación socioeconómica.
Se trata de toda aquella compra de alimentos que se hace desde la administración a través de concursos públicos para abastecer los comedores de colectividades: escuelas, hospitales, residencias, cárceles, etc. Por lo tanto, cuenta con la posibilidad de establecer unos criterios de origen de los productos, características y calidad de estos, así como canales de abastecimiento, con cláusulas sociales y ambientales que pueden estimular un modelo productivo y de desarrollo rural que cuide el territorio, proteja a las pequeñas explotaciones familiares y garantice unos suelos fértiles y productivos.
Foto: Paula Jaume.
Estos son aspectos clave para, en el presente, garantizar la disponibilidad de alimentos saludables y sostenibles para todos (recordemos que a los comedores de las escuelas, residencias y hospitales públicos accede todo el mundo). Y en clave de futuro, garantizar la resiliencia de nuestro sistema alimentario ante situaciones sobrevenidas de carácter social y ambiental cada vez más frecuentes en nuestras sociedades, sobre todo en la situación de emergencia climática y de inestabilidad geopolítica y financiera actual (pandemias, guerras, desastres naturales, etc).
Actualmente no existe ninguna legislación en Cataluña que establezca de manera obligatoria unos criterios de contratación para todas las administraciones, para garantizar que en los comedores de las diferentes colectividades haya productos saludables y sostenibles y menús equilibrados. Hay guías de buenas prácticas, recomendaciones, etc. Y algunas experiencias de administraciones locales al respecto. Pero no un marco normativo que regule los criterios en la dirección mencionada.
En este sentido, actualmente se está trabajando la Ley de la Alimentación de Cataluña desde el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación donde, entre otros aspectos, se están regulando los criterios que deberán regir la contratación pública alimentaria en Cataluña. Esperamos que este sea un punto de inflexión y avance hacia un sistema alimentario más saludable y sostenible.
Unas redes de distribución conjuntas del producto de proximidad
En el territorio catalán sufrimos una realidad común en muchas regiones con grandes ciudades donde el consumo y los consumidores se han distanciado de los lugares de producción. Ésto obliga a que el transporte de los alimentos hasta el lugar donde se consumen se realice a través de circuitos de comercialización que se han alargado con el paso de los años y con la globalización.
Para asegurar el acceso a alimentos de proximidad para la ciudadanía, es necesario que se creen nuevas redes de distribución y comercialización de circuito corto. Actualmente, el sector productivo se ha organizado de forma espontánea (individual y colectiva) para hacer llegar los alimentos a la ciudad y a la ciudadanía a través de la venta directa, organizando mercados de campo o haciendo llegar directamente la información a través de webs y WhatsApp y distribuyendo los productos directamente o a través de empresas de paquetería. Este esfuerzo, muy significativo por parte del campesinado y el sector productivo involucrado, no ha generado un gran impacto en los hábitos de consumo de la ciudadanía. Teniendo en cuenta las necesidades existentes, hay que facilitar el salto de escala de la distribución que puede ser capaz de llegar directamente a los comercios, a los restaurantes, a los grandes centros de trabajo y a las colectividades entre otros. Iniciativas como Ecocentral y Terra Pagesa proponen juntar la oferta de varios productores para servir con profesionalidad, continuidad y agilidad a las colectividades, los comercios y otros establecimientos protegiendo la relación directa del productor con el cliente y facilitando la negociación de precios.
Por otra parte, la Generalitat está trabajando, dentro del marco de la Estrategia Alimentaria de Cataluña, con diferentes iniciativas en el territorio, en diferentes estados de implementación, con el objetivo de articular las redes de distribución existente en clave de país pensando en todo el territorio catalán. El trabajo de coordinación y visión multinivel se desarrolla también a través de la Oficina Conjunta de la Alimentación Sostenible (OCAS) un acuerdo entre el Ayuntamiento de Barcelona, el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB) y la Generalitat.
La necesidad de proteger el suelo agrario
La Ley de espacios agrarios de Cataluña (Ley 3/2019, de 17 de junio) tiene como objetivo proteger y gestionar los espacios agrarios para garantizar su función productiva y preservarlos ante la urbanización o abandono. Quiere asegurar que el sector agrario los pueda emplear de la manera más beneficiosa posible, con la finalidad de producir alimentos, en el marco de una actividad agraria económicamente viable, de una manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
La disponibilidad de suelo agrario y garantizar el relevo generacional para que haya campesinado que lo trabaje, son temas primordiales para caminar hacia la soberanía alimentaria en Cataluña y en la región metropolitana de Barcelona, que actualmente no tiene garantizado su autoabastecimiento. También es clave para garantizar el acceso a una alimentación adecuada a toda la población tal y como establece el reto del Compromiso Metropolitano 2030.
Foto: Jordi Salinas.
Para avanzar en este camino existen tres instrumentos para garantizar que en Cataluña haya suficiente suelo fértil para producir, a los que hay que dar seguimiento y hacer avanzar de la manera más ágil posible:
- Poder poner a producir las parcelas agrícolas o ganaderas que actualmente están en desuso. La Generalitat ha puesto en marcha un registro de parcelas en desuso para promover su arrendamiento a campesinado que quiera trabajarla. La inscripción en el registro puede ser voluntaria por parte de la propiedad o a instancia de la administración. El arrendamiento se puede fomentar en aquellas parcelas que han sido voluntariamente inscritas en el registro y, en caso de que la persona titular de la parcela no la quiera arrendar, se regula lo que se denomina arrendamiento forzoso, por el que la Administración requiere a la persona titular para que formalice el contrato de arrendamiento. En caso de que la persona propietaria de la parcela no formalice el contrato en el plazo otorgado al requerimiento, se expropia temporalmente el derecho de usufructo de la parcela, de conformidad con la normativa de expropiación forzosa.
- Los planes sectoriales territoriales agrarios: La Ley de espacios agrarios prevé como instrumentos de planeamiento territorial, la elaboración de un plan sectorial agrario a nivel catalán y la elaboración de planes territoriales agrarios. Éstos deben contener una estimación de los recursos disponibles que hay para producir, de las necesidades y de los déficits territorializados del sector agrario. También debe determinar las prioridades de actuación y definir estándares y normas de distribución territorial. Actualmente está en marcha la elaboración de planes territoriales para la Veguería del Penedès y la Comarca de El Priorat. La elaboración de un plan sectorial a nivel de la región metropolitana sería un instrumento crucial para garantizar este derecho a una alimentación adecuada para todas las personas.
- Espacios Test: Disponer de tierra para producir no nos servirá de nada si no hay campesinado que la trabaje. En Cataluña, más del 40% del campesinado tiene más de 55 años. Para garantizar el relevo generacional, los espacios test son un instrumento interesante que permite facilitar el proceso de incorporación de campesinos y campesinas al sector agrario, minimizando el riesgo que supone emprender en este ámbito. Ponen a disposición de los emprendedores (testers) una finca donde trabajar con una finalidad productiva concreta, un acompañamiento en todo el proceso y un paraguas legal. En Cataluña existen una decena de espacios test.
Las tres líneas de actuación mencionadas deben servir para generar este impacto real que se quiere ver en la región metropolitana de 2030 de acuerdo al Compromiso Metropolitano. Esto no sería posible sin la voluntad por parte de la administración de generar políticas públicas consecuentes con esta serie de objetivos.
En el contexto político global y doméstico es fundamental mantener el fuego y la presión sobre la administración para que prioricen políticas destinadas a mejorar el acceso del producto de circuito corto y venta directa, siempre valorando y consolidando el trabajo de coordinación entre diferentes niveles administrativos (ayuntamientos, Diputación, Generalitat, etc) que es parte fundamental de la visión del PEMB para asegurar un mejor impacto.