La emergencia climática: una herramienta para la coordinación metropolitana de la RMB
Las declaraciones de emergencia climática de un país, región o municipio son una respuesta para afrontar el cambio climático. Generalmente, van asociadas a una serie de medidas que buscan la reducción de contaminantes, ejercer presión a los agentes implicados en el cambio y el aprovechamiento de nuevas soluciones para mejorar los impactos ambientales. Sin embargo, estas declaraciones implican la voluntariedad tanto de actores públicos como privados, del ámbito de la investigación y de organizaciones sociales en la ejecución de medidas.
Declare a climate emergency - Melbourne. Wikicommons
Ante este contexto generalizado de desarrollo de declaraciones de emergencia climática surgen las siguientes preguntas focalizadas en el territorio de la región metropolitana de Barcelona: ¿Qué municipios cuentan con alguna declaración? ¿Es posible plantear una obligatoriedad del instrumento para fomentar su aplicación? ¿Es un problema de voluntad política, o de falta de recursos económicos y humanos? ¿Cómo se podría mejorar la situación en el ámbito metropolitano de Barcelona respecto a las declaraciones de emergencia climática? Para responder a estas cuestiones, durante los últimos meses se ha realizado un inventario, una categorización y caracterización de los municipios metropolitanos y sus diferentes declaraciones o planes para hacer frente a la emergencia climática.
Situación ¿Liderazgo centralizado o falta de voluntad?
Los 164 municipios que componen la región metropolitana de Barcelona (RMB) exponen situaciones dispares en cuanto a las declaraciones de emergencia climática en función de las posibilidades que los equipos técnicos tienen. Sólo 15 ayuntamientos cuentan con algún tipo de declaración de emergencia climática, a los que se podrían sumar otros 3, que cuentan con un instrumento aprobado, pero sin ratificar por parte de las autoridades, y que, por tanto, corre el riesgo de quedar en un listado de buenas intenciones.
Imagen 1: Declaraciones de emergencia climática por municipio, RMB
Fuente: Elaboración propia a partir de coberturas proporcionadas por el AMB, 2020
En la RMB existen tres tipologías de documentos empleados para hacer frente a la emergencia climática. Por un lado, hay municipios que han optado por acompañar la declaración de un plan, entre ellos Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Sabadell y Tiana. Esto implica que se han establecido acciones concretas en el territorio municipal que permitirán enfrentar la emergencia climática. Este plan involucra diversos actores, con un horizonte claro. En este caso cabe destacar el rol que cumple la capital catalana como pionera. Un segundo tipo son las declaraciones propiamente dichas. Se trata de un documento oficial de las autoridades de gobierno local en el que se acuerda el reconocimiento de la emergencia climática, de manera que se unan esfuerzos que permitan mejorar la situación con el compromiso de desarrollar un plan futuro. Es el caso de Mataró, Sant Celoni y Sant Cugat del Vallès, entre otros. Finalmente encontramos las medidas, que se refieren a herramientas que permitirán el cumplimiento de objetivos de carácter medioambiental y que son el paso inicial para la declaración, como son las establecidas por Castellar del Vallès.
Imagen 2: Tipología de emergencia climática, región metropolitana de Barcelona
Fuente: Elaboración propia a partir de coberturas proporcionadas por el AMB, 2020
Como se ha comentado, la capital metropolitana juega un rol pionero en el contexto de las declaraciones de emergencia climática en la RMB. Sin embargo, este rol puede caer en una disyuntiva: bien puede ser un impulsador para el resto de los gobiernos locales a la generación de este instrumento, o bien puede acabar siendo una política que concentre las principales medidas en aquel territorio que ya tiene la mayor visibilidad dentro de la región, del país, e incluso de Europa.
Esta centralización se expresa en la capacidad de articulación de los actores que juegan un papel fundamental en la aplicabilidad de las medidas del Plan de Acción de Emergencia Climática de Barcelona 2020-2030, y que representan una oportunidad de mitigar los efectos del cambio climático, a diferencia de lo que ocurre en aquellos planes de municipios más pequeños, que requieren de una entidad coordinadora que permita unificar tanto las medidas como los actores involucrados.
La incapacidad de coordinar o liderar la conjunción de diversos agentes, desde mi punto de vista, no corresponde a la falta de voluntat, sino a la carencia de vínculos por parte de los gobiernos locales y del reconocimiento de actores clave, hecho que garantizaría una adecuada participación en el proceso, con un marco de acción concreto.
Bajo lo dicho se requiere que las autoridades supramunicipales sean quienes tomen roles articuladores, o incluso lideren que los ayuntamientos que tengan menor capacidad de acción puedan apoyar el desarrollo de declaraciones de emergencia climática para la región metropolitana, superando así el ámbito Barcelona ciudad y permitiendo la vinculación con otros entes clave dentro del territorio. Es en este punto, en la coordinación y vinculación, donde el PEMB y el proceso de desarrollo del compromiso metropolitano tienen un papel clave en los próximos años.
Obligatoriedad de aplicar la declaración de emergencia climática, ¿Es factible?
Los gobiernos locales pueden contar con gran cantidad de medidas y herramientas que permitan afrontar el escenario de emergencia, pero ¿cómo podemos convertir en obligación el aplicar lo propuesto en el documento? Se plantea así una de las mayores dificultades tanto por parte de los municipios como por parte de los agentes estratégicos que van a aplicar las medidas.
En primer lugar, ¿es posible obligar a cada municipio a contar con un instrumento, asumiendo que aquellos con menos recursos puede que no dispongan de las capacidades necesarias para el desarrollo de las medidas? Parece que sería más eficiente que los ayuntamientos pudieran unir esfuerzos en lo que se refiere a las medidas que pueden aplicar con su realidad, a los costes-beneficios de estas, y a la relación con otros instrumentos, como ordenanzas locales, que permitan evaluar su cumplimiento.
En segundo lugar, ¿es factible que sea parte de las obligaciones a cumplir por parte del gobierno local? Para esto, es fundamental la voluntad política de las autoridades y el compromiso asociado a sus declaraciones, que permitirá definir el horizonte de acción y hacerlo parte de una herramienta de trabajo con una serie de metas respecto a las medidas planteadas. Por otra parte, ¿quién será el encargado de fiscalizar el cumplimiento de lo dicho en el documento oficial del gobierno? ¿Cuáles serían las posibles multas asociadas respecto a aquellos que no respeten los pactos generados? ¿Es necesario reformular aspectos legales en el cartapacio municipal para que esta declaración tenga un carácter obligatorio? Tal como se puede ver, en este punto se plantean dificultades que escapan, en gran medida, de la responsabilidad de solo elaborar un documento, sino que se requiere de modificaciones legales que necesitan un tiempo para su implementación. Que sea una herramienta obligatoria de aplicación, según estos interrogantes, es complejo.
En tercer lugar, ¿cuál será la manera de poder vincular unos planes con otros? Bajo este escenario se podrían evidenciar discordancias territoriales importantes en la RMB que no permitirían una correcta aplicación, y difícil comunicación entre instrumentos de diferentes municipios. Por todo ello, es importante que cada declaración tenga medidas que sean compatibles y estén alineadas entre sí, y que pueda existir coordinación y compromiso entre municipios y administraciones fomentando medidas que generen el mayor bienestar para ambos.
Acción de Sociedad Civil por la Acción Climática. Wikicommons
Presupuesto municipal y costes de la declaración de emergencia climática: ¿Escasez de recursos o de acción política?
Si nos basamos en la situación actual sobre los presupuestos municipales y sobre cuánto costaría la elaboración y aplicación de estos planes, la respuesta es similar para todos los municipios que componen la RMB: no existe una definición clara del coste de las acciones a emprender, ni de cómo se desglosa para cada medida tomada para afrontar y mitigar los efectos del cambio climático. El escenario es tal que, pese a ser unas medidas que van acorde a lo estipulado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que buscan una proyección de mejora en los territorios, el no saber el coste que implican supone uno de los escollos más importantes de este tipo de declaraciones, sobretodo si tenemos en cuenta la situación de pandémia creada por la COVID-19, a causa de la cual la mayoría de recursos se encuentran centrados en otras áreeas cómo la sanidad o la emergencia alimentaria.
El caso de Barcelona es particular ya que sí se admite cual es el coste de las medidas, pero no hay un desglose efectivo de equipos, materiales e implementación de acciones, o de las intervenciones urbanísticas que se indican.
Recomendaciones finales
Es necesario destacar que una visión regional con carácter estratégico para abordar la emergencia climática es clave para la concreción de las medidas que cada ayuntamiento pretende conseguir. Actualmente cada declaración se enfoca en sus necesidades y no tiene en cuenta el carácter global. Esta falta de relación entre municipios conlleva a la repetición de medidas y a la consecuente pérdida de recursos por parte de las autoridades locales. No basta con adscribirse a los ODS de la Agenda 2030, se debe ser ambicioso en cuanto a la situación local procurando la capacidad de actuación en conjunto.
Esta falta de integración y cooperación local en la RMB puede que sea una de las causas por las que ninguno de los planes, declaraciones y medidas sobre la emergencia climática tiene un presupuesto u objetivos claros de reducción. La carencia del coste real de las actuaciones genera limitaciones en su realización, sobretodo en municipios pequeños debido a la falta de recursos y a su limitada capacidad de legislación fiscal.
La obligatoriedad de estos instrumentos está sujeta a las voluntades de cada gobierno local y no tiene un grado de vinculación, como si lo tiene el POUM u otros instrumentos de planificación. La disyuntiva se encuentra en la necesidad real de generar estos instrumentos que, más allá de buscar la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, puedan determinar actuaciones en pro de sus objetivos planteados, y de la forma en que la normativa legal los puede o debería incorporar.
Finalmente, establecer una estrategia metropolitana puede ser una forma de lograr que cada municipio de la RMB pueda tener un plan claro respecto a los desafíos que la emergencia climática actual nos plantea como sociedad, y pueda contar con el soporte de aquellos que van más avanzados en el proceso. Se necesita, tal como se ha dicho, una visión y coordinación metropolitana que estimule a cada municipio a cumplir lo planteado, teniendo claro sus actores y sus costes reales, para así poder llevar a cabo los objetivos marcados tanto a nivel local cómo metropolitano.
Las opiniones de los autores y las autoras no representan necesariamente el posicionamiento del PEMB.