La cuarentena migratoria
- Luisa Fernanda Pinto Rodríguez - Gabinete técnico del PEMB
- 18-06-2020
- 162 Lecturas
“Que todos se levanten, que nadie se quede atrás, que no seamos ni uno, ni dos de nosotros, sino todos”. (Popol Vuh, Libro Sagrado Maya)
En la metrópolis de los 5 millones de habitantes, la que en el último año recibió 53.000 migrantes de los 77.000 que llegaron a Cataluña[1], mi historia, desafortunadamente, no es la de la mayoría de este colectivo. Un grupo humano que sigue creciendo de manera acelerada debido a las tendencias de tráfico global de personas que buscan nuevas oportunidades económicas, mejores opciones de trabajo o de estudio, que escapan de conflictos, guerras, persecuciones o terrorismo, o que huyen del hambre, de los efectos adversos del cambio climático y de los desastres ambientales.
[1] Fuente: IDESCAT, a partir del Padrón continuo del INE 2019. https://www.idescat.cat/poblacioestrangera/?b=0&nac=a&geo=cat#Plegable=geo
Dos días antes de la declaración del estado de alarma presenté mi solicitud de permiso de residencia para permanecer de manera regular en Barcelona. Pese a que el plazo legal de respuesta a este trámite es de treinta días, los tiempos de resolución de la administración pueden llegar a los tres meses. Por lo tanto, para que el ciudadano o ciudadana no quede indefenso frente a la no actuación del órgano que debe resolver, la ley establece la figura llamada silencio administrativo positivo, que no es otra cosa que decir “Quién calla otorga”.
Sin embargo, esta esperanza de tener más cerca el silencio que una respuesta de aprobación se esfumó con la declaración del estado de alarma, que suspendió todos los trámites administrativos, y los días que quedaban pendientes a partir del 15 de marzo no podían contarse en el calendario hasta que se levantara esta medida de emergencia excepcional.
Mientras tanto, como la mayoría, estuve en casa confinada, no sólo con la incertidumbre de conseguir regularizar mi situación, sino con el temor de contagiarme de un virus sin tener acceso a la sanidad pública y en una apremiante situación económica, tirando mano de los ahorros de algunos meses de trabajo.
Más allá de explicar como termina esta historia, de los laberintos que se deben cruzar para superar la perversa ley de extranjería y de la inestabilidad psicológica y emocional que podemos llegar a sentir las personas que nos encontramos en el limbo migratorio, lo que está pasando nos invita a reflexionar sobre cómo el desconocimiento de los derechos de las personas migradas comporta mayores vulnerabilidades frente a cualquier riesgo y por qué no es únicamente un problema de este colectivo, sino de toda la sociedad, el tomar cartas en el asunto para evitar profundizar la injusticia social y las desigualdades que carga el sistema.
Si hablamos de cifras, los 160 municipios que conforman la región metropolitana de Barcelona concentran el 63,8% de la población de Cataluña y más de la mitad de la inmigración presente en la comunidad autónoma (un 61%). Aún más relevante es que tras cinco años (2011-2015) en que las tasas relativas de inmigración en la RMB eran negativas, a partir de 2016 empezaron a presentarse cifras positivas y con mayor crecimiento a los del conjunto de Cataluña, mostrando que se trata, no sólo de uno de los retos que deben asumirse desde el gobierno central, sino que también debe ponerse mayor atención en el ámbito metropolitano, considerando además los movimientos migratorios globales que se puedan originar a partir de la post-pandemia.
Elaboración propia con datos de Idescat, a partir del Padró continuo del INE
No es desconocido que las personas migrantes indocumentadas, invisibles ante las estadísticas y los servicios públicos, difícilmente tienen la posibilidad de cubrir necesidades básicas como la sanidad pública, el trabajo, la educación o la vivienda; pero ésta situación de por sí injusta, se ha intensificado durante la pandemia para éste y otros colectivos. En este confinamiento han surgido nuevas vulnerabilidades que antes no habríamos imaginado, y de alguna forma todos y todas nos hemos preguntado ¿hasta qué punto también podemos ser vulnerables?
Cuando los ingresos económicos de una familia dependen del mercado laboral sumergido o de trabajos precarizados o de temporalidad excesiva, ya se es vulnerable ante cualquier desajuste o crisis económica. Si antes de la pandemia estas brechas en el mercado laboral ya dejaban a gran parte de la población en una posición de segregación y exclusión de los sistemas de servicios básicos, con ella sus efectos se han amplificado y acelerado. En el territorio español, más del 66% de las familias de origen migrante están en situació de vulnerabilidad -el doble que en el caso de las familias españolas- y seis de cada diez familias migrantes han perdido su trabajo.
¿Que se han prorrogado todas las autorizaciones de residencia, trabajo o estudios que vencían durante la vigencia del estado de alarma y que se han ampliado las contrataciones temporales de los jóvenes inmigrantes que trabajan en el campo? Sí, y esto debería avergonzarnos, pues no es una medida que reconozca de manera estructural sus derechos laborales, sino una decisión instrumental y utilitarista que demuestra que 'no es que no se necesite mano de obra extranjera, es que ya cubren parte fundamental de los empleos esenciales'.
En este punto, vale la pena recordar el estudio impulsado por el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona en 2008 “Perdent oportunitats El problema de la subocupació de la immigració a Catalunya” donde se analizaban los factores que hacen difícil identificar correctamente el potencial de las personas inmigrantes que llegaban a Cataluña que, contrariamente a lo que se solía pensar, muchas tenían formación universitaria pero se veían obligadas a trabajar por debajo de sus capacidades.
Según el estudio, para ese entonces, “por agotamiento de la población activa nativa a causa de una pérdida de población en las franjas en edad de trabajar (16-64 años), el 70% de la nueva ocupación creada era de mano de obra inmigrada. Y el colectivo procedente de América Latina y Europa del Este disponía de un buen nivel educativo, por encima de la media española, mientras que los y las inmigrantes procedentes del continente africano tenían un nivel de formación inferior.”
Basado en el concepto de “brain drain” o fuga de cerebros, que se centra en los efectos de la migración calificada principalmente en el país de origen, la literatura anglosajona ha utilizado el concepto “brain waste” o desperdicio cerebral para referirse a la capacidad formativa y profesional no utilizada cuando las personas calificadas abandonan su país de origen, pero luego hacen poco uso de sus habilidades y educación en el país anfitrión.
La mayoría de los estados receptores de migración están perdiendo competitividad debido a la disminución proporcional de población en edad activa para la economía, disminución que en gran parte podría cubrirse con el capital humano migrante; por otro lado, también se generan pérdidas en la dimensión social de la ciudadanía, debido a las barreras que impiden a los y las migrantes entrar en el mercado laboral formal, frustrando su proyecto vital e impidiendo su ascenso social e integración en la comunidad.
Con la reapertura gradual de las actividades económicas, los y las migrantes volverán a ser parte de la maquinaria de producción y su mano de obra, muchas veces sobrecualificada, continuará desempeñando trabajos en condiciones precarias y descartables; ¿no se parece mucho esta nueva normalidad a la antigua normalidad?
Es cierto que hay un factor normativo y que la política de migraciones del gobierno central desempeña un papel fundamental en el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes. Tenemos una ley de extranjería que asigna lo que podríamos denominar “categorías” de migrantes según su causa y tratamiento en el sistema, y que tiene incoherencias como la “residencia sin autorización para trabajar” donde se reconoce a una persona el derecho a residir pero no el derecho a conseguir un trabajo, negándole de plano el desarrollo vital digno.
Se supone que ésta crisis nos servirá para reconocer los grandes cambios que necesitamos como sociedad, pero en algunos casos los grandes cambios requieren acciones pequeñas y alcanzables que nos demuestren que es posible una nueva realidad.
Si esperamos que el futuro del trabajo esté centrado en las personas y no en los capitales, es momento de reconocer mejor el capital humano de la migración y trabajar desde diferentes enfoques para valorarlo como un factor de prosperidad en el ecosistema de trabajo metropolitano: el acceso a la formación en igualdad de condiciones para los y las menores provenientes del extranjero; la flexibilización en las homologaciones de profesiones reguladas (como el personal sanitario); la dignificación económica y social del trabajo de curas; la integración del colectivo migrante en los diferentes grupos de interes y actores sociales activistas de derechos laborales; la valoración de competencias basadas en la confianza, la generación de talento y el aprendizaje, pueden ser algunos de los cambios que se den de manera independiente al status quo normativo.
Viendo las tendencias de movimientos migratorios hacia las ciudades metropolitanas, éstas devienen el mejor laboratorio para poner en marcha acciones puntuales con el fin de reducir las brechas sociales y aprovechar las diferencias como potencialidades para cohesionar una sociedad diversa.
El PEMB ha iniciado un proceso de reflexión compartida para elaborar la estrategia de la Barcelona metropolitana del 2030 y uno de los principios claves para desarrollarlo será el trabajo colaborativo e inclusivo, incorporando en la elaboración de estrategias y proyectos a colectivos que tradicionalmente no han formado parte de estos procesos, sobre la base que sólo así lograremos construir un futuro equitativo donde ninguna persona se quede atrás.
Así, dentro de los pilares para conseguir una metropolis cohesionada, próspera y resiliente, la metrópolis cohesionada, acogedora e integradora, pondrá a las personas vulnerables en el centro para disminuir las brechas y fortalecer la cohesión social metropolitana a partir del reconocimiento y aceptación del otro/a. Pero también queremos que estos colectivos tengan el protagonismo que merecen en la metrópoli próspera y contribuyan a reforzar la resiliencia.
Por mi parte, tengo la dicha de ser migrante por elección propia y no huyendo de guerras, hambre, catástrofes naturales o gobiernos totalitarios, como lo han tenido que hacer muchas otras personas. Sin embargo, este privilegio no me ha librado de los círculos viciosos de la burocracia y de la perversión de una política de extranjería que deja a las personas migrantes en un limbo vital, y desconociendo todos sus derechos.
La mía es una experiencia con final feliz, puedo decir que soy parte afortunada en medio de esta cuarentena migratoria.
Las opiniones de los autores y las autoras no representan necesariamente el posicionamiento del PEMB.