¿Se puede implementar un salario mínimo en la Barcelona metropolitana?

Tradicionalmente el paro había sido el principal factor para explicar las desigualdades de renda en Cataluña. No obstante, esta situación está cambiando, en consonancia con lo que ha sucedido en la mayoría de economías desarrolladas desde la década de los ochenta del siglo pasado. Cada vez más, la creciente polarización salarial despunta como el principal factor para explicar las desigualdades. Los orígenes de este fenómeno son diversos y complejos, pero el resultado final es que los ingresos han ido reduciéndose, tanto en términos nominales como, sobretodo, si tenemos en cuenta el incremento del coste de vida y, en especial, el coste de la vivienda. De esta manera, ha dejado de ser una anécdota el hecho de que haya gente que, pese a trabajar, debe recurrir a los servicios sociales, una situación que ya no sólo se da entre las profesiones que requieren menor calificación.

Salario mínimo

Frente a esta situación -negativa a efectos sociales y económicos- se han propugnado una serie de mecanismos compensatorios. Uno de ellos es la implementación de una renta básica universal, propuesta interesante desde el punto de vista teórico pero a la cuál le queda mucho camino por recorrer todavía. Otro -que ya se ha propuesto en Chicago y se ha aplicado en Nueva York- es el de establecer salarios mínimos a nivel metropolitano que permitan capturar mejor las diferencias del coste de vida que los salarios mínimos fijados a nivel estatal.

La reciente jornada organizada por el Consejo Económico y Social de Barcelona sirvió para poner sobre la mesa algunas ideas a partir de evidencias internacionales. Estas fueron recogidas en un informe elaborado por un equipo de investigación de la UB a instancias de la AMB. La primera de ellas es que, a diferencia de lo que se puede creer, los salarios mínimos no tienen efectos sobre la ocupación. Por el contrario, sí que se produce un cierto traspaso de este impacto sobre los precios. Así mismo, y aquí está la clave, la evidencia internacional muestra que los salarios mínimos ayudan a reducir la pobreza y la presión sobre los presupuestos públicos al reducirse el número de beneficiarios de programas sociales, especialmente aquellos vinculados a prestaciones alimentarias.

La siguiente pregunta que deberíamos hacernos es cuál tendría que ser este salario mínimo. De manera informal se han comentado cifras que rondarían los mil euros, pero ¿tienen algún tipo de fundamento? La respuesta vino dada por un estudio en el que se cuantificaba lo que cuesta vivir en un municipio de la AMB. Con datos de 2015, se estima que estas necesidades oscilan entre los 1.137 euros netos mensuales para una pareja con un hijo en la que el otro progenitor trabaja y los 1.640 euros que necesita una persona sola con una criatura a su cargo. Es muy probable que estas cifras sean superiores actualmente debido al encarecimiento del mercado de la vivienda, principal gasto en los hogares.

Algunas preguntas quedan en el aire y serán las que dictaminarán la mayor o menor bondad de implementar una política de este tipo. La primera es poder entrever qué impacto puede tener sobre la ocupación en el caso de Barcelona, dadas las especificidades de la estructura empresarial de la AMB. Con un universo empresarial de microempresas, la introducción de un salario mínimo considerablemente más elevado puede generar problemas importantes para más de una empresa, especialmente si no existe un periodo de transición más o menos generoso. Así mismo, también es necesario tener presentes los riesgos de deslaboralización (conversión de laborales a falsos autónomos) que podría generar una política de este tipo y que se incrementa con la presión en esta dirección que ya se ha producido.

Una segunda pregunta a hacerse sería si algunos colectivos, por su naturaleza, podrían estar exentos. Por ejemplo, en San Francisco, se aplican excepciones mediante salarios mínimos más limitados a menores de edad en contratos de aprendizaje y a personas mayores de 55 que trabajan en entidades no lucrativas orientadas a los servicios sociales. Una medida de este tipo podría extrapolarse a nuestro caso en contratos de formación o, con condiciones, para cubrir puestos de trabajo en entidades sin ánimo de lucro.

La última pregunta, y quizás la más importante, es cómo hacer viable esta medida, teniendo en cuenta que la competencia teórica cae en manos de la administración central del estado y que esta no necesariamente puede compartir esta visión más o menos favorable de un salario mínimo diferenciado (superior) al del conjunto del estado. Aunque imperfecta, las administraciones públicas territoriales sí disponen de una herramienta importante que pueden usar: el análisis de las cláusulas sobre la calidad de contratación a la hora de valorar la calidad técnica de las propuestas en concursos públicos.

Pese a estas dudas de implementación práctica, queda claro que, con todas sus imperfecciones, la adopción de un salario mínimo diferenciado puede ser una medida que tenga más ventajas que inconvenientes y que, por lo tanto, debería de dejar de figurar en la agenda de los futuribles para pasar a ser una realidad en un plazo relativamente corto de tiempo.

 

David Rodríguez

Secretario técnico del PEMB

Las opiniones de los autores y las autoras no representan necesariamente el posicionamiento del PEMB.

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