Respuestas metropolitanas a los retos del cambio climático

'Las cosas que contrarían las percepciones políticamente correctas [o populares] pueden no ser oportunas, pero no tienen por qué ser falsas. En contextos de incertidumbre suelen ser acertadas. La proyección prospectiva, justamente, consiste en concebir escenarios de futuro en que sean gestionables las cosas que ya empiezan a ser ciertas.'

Ramon Folch

Imagen de recurso de la contaminación en Barcelona

El pasado 27 de julio se aprobó en el Parlamento de Cataluña la Ley 16/2017 del cambio climático. Se trata de una ley esperada por muchas entidades ambientalistas y necesaria para la situación ambiental actual, además de imprescindible para dar respuesta a diferentes normativas y pactos globales. Pero también podría terminar generando algunas polémicas locales en función de cómo se desarrollen sus medidas y los reglamentos correspondientes. Sensibilizar a la población de Cataluña sobre los impactos reales del cambio climático y su alcance, generando nuevos hábitos de movilidad, producción y consumo de energía y recursos, será el elemento clave para el éxito de la ley en este momento, sin tener que esperar 10 años más para una aceptación progresiva.

Las dos finalidades principales de la nueva ley son: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y favorecer la transición hacia una economía neutra en emisiones. Por lo tanto, centra el foco principal en el ámbito de la polución, y el cambio de modelo de producción y consumo energético, factores centrales en las causas del cambio climático y en los que, hasta ahora, había costado o había sido polémico entrar a regular en las normativas estatales más allá de las firmas de pactos como la Convención Marco de Nueva York (1992), el Protocolo de Kyoto (1998) o el Acuerdo de París, COP 21 (2015). La falta de concreción de estos pactos en los mecanismos de aplicación de las medidas había sido la crítica más habitual y los pocos avances en los indicadores de resultados ratificaban estas críticas y evidenciaban la falta de aplicación y el repetido incumplimiento por parte de los estados firmantes de las medidas.

Pero, tal vez debido a las alarmas de diferentes centros de investigación y seguimiento del cambio climático, tales como los informes emitidos por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), o la más cercana Oficina Catalana del Cambio Climático, los planteamientos en los últimos 10 años han cambiado. Así, la nueva ley contempla cuatro objetivos operativos para alcanzar diferentes retos, entre ellos la reducción del 100% de las emisiones de gases de efecto invernadero de cara a 2050[1]. De entre estos objetivos, desde el PEMB nos fijamos en el de promover y garantizar la coordinación de todas las administraciones públicas catalanas, y fomentar la participación de la ciudadanía, de los agentes sociales y de los agentes económicos. Es precisamente con la participación de las administraciones locales del territorio metropolitano que se puede afrontar el problema del cambio climático con una mayor realidad y practicidad. Porque es en las zonas urbanas donde se producen la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), con la polución generada principalmente por el tráfico urbano-interurbano y los sistemas de producción y transporte de mercancías, y producción y consumo de energia. Y, al mismo tiempo, es en las zonas urbanas donde se acumula la mayor parte de la población, generando de paso los graves problemas para la salud ocasionados por la contaminación atmosférica, que todos conocemos. Y, si bien es cierto que la polución y los efectos del cambio climático no entienden de fronteras, también es cierto que sí que existe todo un grupo de competencias implicadas y distribuidas entre los tres niveles de gobierno. Por lo tanto, también corresponde a los gobiernos locales jugar su parte e implementar medidas para su mitigación, tal vez de las de mayor impacto, medidas que además quieren mejorar la calidad del aire que respiran sus ciudadanos. Como decía Bauman, las ciudades son las generadoras de los principales problemas del planeta, pero a la vez son el lugar donde se puede encontrar la solución.

En esta línea, la ESCACC - Estrategia Catalana de Adaptación al Cambio Climático de 2012 indicaba que un 80% de las actuaciones para hacer frente al cambio climático se debían llevar a cabo por parte de las administraciones subestatales y locales. Y, ya entonces, hablaba del Pacto de los Alcaldes como un marco idóneo para el desarrollo de actuaciones tanto de mitigación de los cambios como de adaptación a los nuevos escenarios. Pero también añadía que había que avanzar en la concreción de las medidas. Y así se hizo en 2015, con el nuevo Pacto de los Alcaldes y Alcaldesas por el Clima y la Energía, una actualización más ambiciosa del pacto donde están adheridos la práctica totalidad de los municipios metropolitanos (35 de 36), que planteó nuevos objetivos para el 2030: el 40% de reducción de las emisiones (respecto al año base, 1990) y el 27% de aumento de la eficiencia energética y de las energías renovables. Y hay que destacar que en estos dos últimos años las políticas y actuaciones se han multiplicado entre muchas administraciones locales, y es de esperar que continúe esta tendencia.

En este sentido, ¿qué han hecho las ciudades metropolitanas o la AMB en la línea del nuevo Pacto? Pues, en cuanto a la mitigación del cambio climático, y en relación con sus medios y recursos, han incorporado claramente en su agenda medidas para la reducción de los GEI vinculadas principalmente a los modelos de transporte y en la producción y consumo de energía: mejoras y renovación de flotas de transporte público y vehículos municipales, promoción del transporte público y medios como la bicicleta, renovación del parque automovilístico, y también medidas vinculadas a conseguir una mayor eficiencia energética en edificios y equipamientos públicos, además de medidas de sensibilización, entre otros.

Asimismo, el Ayuntamiento de Barcelona cuenta desde el 2015 con el Compromiso de Barcelona por el Clima, que firmaron más de 800 entidades ciudadanas vinculadas a la red Barcelona + Sostenible. Aunque desde 2008 ya había iniciado este camino con el Pacto de Alcaldes de la UE y el Compromiso con una energía sostenible local. Para el otoño de ese mismo año, el Ayuntamiento está preparando el Plan Clima, una herramienta de planificación que trabaja cuatro grandes temas:

  • la mitigación de los cambios climáticos, centrada en la reducción de emisiones de GEI;
  • la adaptación a los cambios inevitables, trabajando la resiliencia de infraestructuras y servicios;
  • la justicia climática, que garantice también los derechos de los más vulnerables;
  • y el impulso a la acción ciudadana, para establecer mecanismos de apoyo a los proyectos de las entidades y la ciudadanía.

Y, en concordancia con las premisas de hacer participar a las entidades y la ciudadanía, se ha establecido un proceso de coproducción del plan en el marco de la plataforma Decidimos Barcelona.

Todo este conjunto de pactos y compromisos ya no son únicamente declaraciones de intenciones. Son políticas y acciones claras y, en algunos casos, también pioneras, con medidas de actuación que buscan generar un impacto significativo en la mitigación de las causas del cambio climático en la región metropolitana de Barcelona, así como resultar más eficientes en el consumo de energía y recursos, y mejorar la calidad del aire. La situación ambiental lo exige, pero quizás falta que conformen también una nueva estrategia de desarrollo, que afronten la transformación del modelo socioeconómico, más allá de su descarbonización. Sólo este tipo de reorientación estratégica puede acabar comportando una actividad humana realmente sostenible. Este cambio de modelo todavía requiere un debate profundo con visión prospectiva, una conformación de escenarios de futuro viables, y también evolutivos, gestionando el cambio. Seguramente también en el marco de las administraciones locales. Imaginar los futuros posibles de una manera realista nos prepara para decidir en el presente con mayor fundamento.

Prospectiva y estrategia. Dos conceptos muy conocidos, podemos decir que antiguos, pero que recuperan toda la actualidad en épocas de incertidumbre y cambios de modelos.



[1] Los objetivos más operativos son: 

-          Reforzar y ampliar las estrategias y los planes que se han elaborado durante los últimos años

-          Promover y garantizar la coordinación de todas las administraciones públicas catalanas, y fomentar la participación de la ciudadanía, de los agentes sociales y de los agentes económicos. 

-          Convertirse en un país líder en la investigación y aplicación de nuevas tecnologías, y reducir la dependencia energética de Catalunya de recursos energéticos externos.

-          Hacer visible el papel de Catalunya en el mundo, tanto en los proyectos de cooperación como en la participación en los foros globales de debate sobre el cambio climático.

Las opiniones de los autores y las autoras no representan necesariamente el posicionamiento del PEMB.

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