¿Por qué coches, motos y camiones deben pagar peajes?
El futuro de la gestión de las vías de alta capacidad
- Nel·la Saborit - Gabinete técnico del PEMB
- 13-11-2018
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Es 2018 después de Cristo. En el Estado español en todas las infraestructuras de transporte se paga un canon o tasa por su uso… ¿En todas? ¡No! Unas carreteras pobladas por irreductibles hombres blancos de mediana edad y por un atomizado, y sin fuerza sindical, transporte de mercancías por carretera, resisten frente a las directivas europeas que dicen que quien utiliza paga y que quien contamina paga. Y se enfrentan también a las lógicas sociales: la movilidad, sobre todo la obligada, es un derecho, pero conducir a 120-130 km/h en una carretera de 2-3 carriles sin congestión de manera gratuita, no.
¿Y cuál es el problema? Los derechos adquiridos. Nos hemos malacostumbrado. Los usuarios estamos utilizando vías de alta capacidad para hacer trayectos cortos. Nadie usaría un servicio Euromed para ir de Vilanova a Barcelona, empleamos Cercanías, pero sí que queremos una gran autovía libre de peajes para hacer este trayecto en coche. TENEMOS DERECHO A ELLO. Por otra parte, los transportistas y empresas se han acostumbrado a no internalizar un coste que sí se internaliza cuando se utilizan otros transportes. Siguiendo el símil anterior, el ferroviario, donde se paga el canon de infraestructura solo por poner un tren en la vía.
Y es que el problema es de base. Hemos creado un sistema en el que el vehículo privado es la base de la movilidad. Durante los 80s y los 90s nos vendieron un modelo urbano cimentado en el vehículo privado, y en el que se equiparó el derecho a la movilidad con el derecho a moverse en coche. Y no, la realidad tozuda nos ha hecho ver que no, que no era esto, que necesitamos movernos, pero debemos hacerlo de manera multimodal y compartida, que es una forma más compleja, pero también es la manera más eficiente y socialmente justa.
Tal y como se muestra en la tabla, de 2019 a 2026 se acaban los contratos de concesión de todas las vías de alta capacidad del Estado español y, por lo tanto, es en este momento cuando podemos poner un punto y aparte y acabar con este modelo caduco. Ahora que acaba un modelo, puede comenzar otro, pero el nuevo debe revertir las anomalías del anterior.
Fuente 1. www.eleconomista.es
¿Y cuáles son las anomalías del anterior sistema? Desequilibrio territorial de la concesión de peajes, falta de jerarquía viaria y falta de gestión de las vías de alta capacidad mediante los peajes. Por lo tanto, el nuevo sistema deberá estar basado en:
- Un único modelo, de gobernanza pública, para la gestión, de todas las vías de alta capacidad y el uso finalista de la recaptación.
- Jerarquización viaria de todo el territorio. Vías de alta capacidad para grandes tráficos, larga distancia y transporte público, y vías regionales, comarcales y locales para los viajes de corta distancia y última milla del transporte de mercancías.
- Un modelo basado en el uso de la infraestructura. Basado en la gestión de las vías de alta capacidad mediante el pago según la capacidad, en congestión o no, de la vía. Más caro en horas punta, más barato en horas valle. De esta manera sería posible distribuir la demanda en el tiempo y reducir la congestión de las vías. En resumen, hacer más eficiente el uso de la red viaria.
- Un modelo que incluya un canon fijo para garantizar el mantenimiento óptimo de las infraestructuras, así como hacer frente a las actualizaciones necesarias, como por ejemplo el desarrollo de proyectos de infraestructura conectada o el financiamiento del transporte colectivo.
- Un modelo homogéneo, en el que todo el mundo paga, sí, pero de manera justa. Introduciendo descuentos para la movilidad compartida, pero no para la movilidad eléctrica, que también contamina, aunque lo haga de manera indirecta (en la producción de la energía que utiliza).
- El establecimiento de pagos fácilmente repercutibles a la carga transportada y no a los beneficios del transportista.
Ahora mismo en Cataluña existe un debate sobre este nuevo modelo. Y será necesaria la participación de todos y todas para establecer un sistema que beneficie a toda la sociedad y no que sólo beneficie a unos, como es habitual: los conductores de los vehículos privados.
Las opiniones de los autores y las autoras no representan necesariamente el posicionamiento del PEMB.