Los ODS a nivel local: ¿dos velocidades?
- Maria Cortada - Gabinete técnico del PEMB
- 06-06-2018
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La Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) están generando una adhesión importante entre gobiernos locales de todo el planeta, y en algunos casos una adhesión tal vez incluso más importante de lo que el mandato de la ONU o de los estados haría suponer. Pero en algunas ciudades parece que los ODS sólo hayan aterrizado superficialmente, justo para poner una especie de sello de validación de conformidad a las políticas. ¿Qué razones podemos encontrar en estas diferencias?
Desde la aprobación de la Agenda 2030, y por primera vez en la historia del sistema de la Naciones Unidas, los gobiernos locales están entrando en las agendas globales sobre desarrollo. El sistema ONU, hasta ahora protagonizado por los estados como sujetos políticos y únicos protagonistas (como siempre en el mundo de las relaciones internacionales), no había tenido suficientemente en cuenta el territorio, el espacio en el que tienen lugar los procesos de desarrollo, que es el espacio de las ciudades, pequeñas o grandes, y de los sistemas metropolitanos. Y, por tanto, es el espacio de los gobiernos locales y metropolitanos, y de sus sistemas de gobernanza.
Pero con la Agenda 2030, los gobiernos locales y el resto de agentes sociales urbanos entran como objetos en la ecuación del desarrollo. Y digo 'objetos' para que la negativa de los estados a su participación efectiva en el proceso de elaboración de la Agenda 2030, evidencia cuál es todavía el juego de poderes a las relaciones internacionales. De hecho, si bien en paralelo a la Cumbre de Quito tuvo lugar la celebración de la II Asamblea de Gobiernos Locales y Regionales, fue más para darles cierta presencia mediática relacionada con su rol en la implementación de la agenda que por ejemplificar su participación real en el proceso. En cualquier caso, la agenda y toda la ONU reconocen el importante rol que deberán jugar los gobiernos locales y, de hecho, ya están jugando, en el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y de las políticas y proyectos que deriven de ellos.
A pesar del relativo poco tiempo de recorrido, efectivamente, parece que varios gobiernos locales en todo el mundo se están interesante para adaptar sus políticas a los ODS (y algunos también se adelantan adaptándose a los postulados de la Nueva Agenda Urbana). ¿Por qué esa voluntad generalizada de los gobiernos locales a adherirse a la Agenda 2030? Más allá del mandato de la ONU, que puede quedar un poco lejos, o, en algunos casos, del mandato de los estados que están más comprometidos, los gobiernos locales se sienten involucrados por la agenda por diferentes motivos:
- Ofrece las bases de un modelo de desarrollo integral - a falta de algunos temas como la profundización democrática y la participación ciudadana - y global muy útil para afrontar los actuales y futuros retos urbanos y metropolitanos. Desde el crecimiento demográfico y el proceso de urbanización, hasta la lucha contra el cambio climático, la respuesta que debe darse en políticas de desarrollo pasa por las mismas bases que plantea la Agenda 2030.
- Supone una guía de desarrollo y un lenguaje compartidos por todos los gobiernos locales, con carácter universal. Disponer de una agenda compartida entre todo tipo de gobiernos locales (municipales y metropolitanos, de diferentes morfologías) puede dar tal fuerza al movimiento urbano y metropolitano, que consolide definitivamente la diplomacia de ciudades. Así como también un objetivos a compartir con el resto de niveles de gobierno en cada estado. Los mecanismos de coordinación y gobierno multinivel que se deberían poner en marcha al respecto podrían reforzar mucho la actuación y la calidad de la gobernanza pública.
- Pero, sobre todo, para muchas ciudades los procesos de localización de los ODS suponen verdaderas oportunidades de aprendizaje y práctica para una política más abierta y participativa, procesos de reflexión y debate que activan o fortalecen los mecanismos de gobernanza local. Y para otras ciudades, quizás más acostumbradas a procesos participativos, igualmente deberían suponer procesos de revisión profunda de las políticas de desarrollo y de modelo de ciudad. Sobre todo de revisión de las políticas en dos ejes:
- Coherencia y revisión integral: de todas las políticas y en base a todos los ODS y las medidas previstas. Más allá de que determinados departamentos de la corporación local se hagan responsables de unos objetivos u otros, debe haber una atención coherente de todas las políticas a todos los ODS.
- Transversalidad: el trabajo de revisión se debe hacer no sólo desde una perspectiva sectorial para cada política, y adjudicando el 'sello ODS' sin más, sino revisando y garantizando la transversalidad de los objetivos en todas las políticas locales también de cara el futuro.
Como ejemplificaba Marc López en un post anterior sobre el impacto de los ODS en las Políticas Alimentarias, no sólo se debe tener en cuenta la ODS2 ( 'Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición , y promover la agricultura sostenible '), sino que la salud y el bienestar que quiere garantizar la ODS 3, y los efectos del cambio climático sobre la producción agrícola, del ODS 13, también están muy relacionados en materia de política alimentaria. La integración e interconexión del modelo son evidentes.
Así, pues, si tantas oportunidades y beneficios claros ofrecen los ODS y el proceso participativo de localización, ¿qué explica que en determinadas ciudades, normalmente de países con un mayor grado de desarrollo, no se estén llevando a cabo más que revisiones relativamente superficiales de las políticas locales, y no se esté transformando la organización, la gestión y las políticas de estas instituciones para adaptarlas al esquema de desarrollo que propone la Agenda 2030? Evidentemente, cada caso tendrá sus razones, pero probablemente podemos encontrar explicación en alguno de estos argumentos, o en todos ellos:
- Que la corporación local ya estuviera llevando a cabo, previamente, procesos participativos sobre la ciudad y sus políticas de desarrollo y modelo de ciudad, con un ritmo y dinámicas propias. En este caso, romper o dejar de lado estos procesos más o menos exitosos no tendría sentido.
- Que la organización actual de la corporación ya atienda de forma adecuada la producción de políticas y programas, relacionados o no con el desarrollo, y con los niveles necesarios de transversalidad organizativa.
- Que el mandato estatal no sea claro ni haya establecido los mecanismos de implementación ni de comunicación bidireccionales con los gobiernos locales sobre el grado de consecución de los ODS. Si el estado, que es el ente que se ha comprometido ante la ONU, no muestra interés ni da ejemplo, no sólo queda incentivos a los otros niveles de gobierno para su inmersión e implicación en los ODS, sino que también dificulta el logro de los objetivos
Por ejemplo, en el caso de España, este último argumento claramente tiene un peso importante. Durante dos años y medio, el estado español no ha organizado ningún mecanismo de organización de la implementación de los ODS entre los diferentes niveles de gobierno, ni siquiera ha coordinado ningún reparto de responsabilidades entre comunidades autónomas; ni tampoco ha montado ningún sistema de monitorización en el logro de los objetivos, ni de consulta sobre las actuaciones de los entes locales en materia de Agenda 2030. Y el primer plan de actuación que hace, el llamado 'Borrador Cero' presentado abril de 2018, se queda muy lejos de las expectativas generadas y de lo comprometido en 2015, como comentaba el pasado mes de abril Gonzalo Fanjul en el País. En esta inacción del estado encontramos una poderosa razón de fondo, ya que, como es bien sabido, tanto las políticas estatales en materia de energía como la permisividad en el negocio armamentista se contradirían claramente con los ODS 7 y 16, respectivamente, y en este sentido, la inacción del gobierno español durante estos dos años y medio al respecto de la Agenda 2030 y la 'tibieza' actual se explican por las dificultades (o imposibilidad) de encontrar fórmulas de conciliación entre las políticas cuestionadas y el trabajo en favor de la Agenda 2030.
Por su parte, la Generalitat de Catalunya sí pidió al CADS (Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible) que elaborara un proceso de adaptación de los ODS al contexto catalán. Y, con la participación de representantes de diferentes entidades y administraciones del territorio, en septiembre de 2016 se generó un documento ad-hoc: 'La Agenda 2030: transformar Cataluña, mejorar el mundo'. Pero la situación política del Gobierno en el último año ha detenido la progresión de proyectos e iniciativas relacionadas, a la espera de un retorno al funcionamiento habitual de la institución.
Ante este contexto supralocal, se puede decir que la adhesión de los gobiernos locales en la Agenda 2030 ha sido variada, según la implicación local y las ventajas que ofrecía en cada corporación el desarrollo de procesos de localización de los ODS. Pero, en todo caso, ha seguido una lógica muy bottom-up (de abajo arriba), y no por mandato, desarrollo o coordinación estatales o autonómicas.
Por último, hay que recordar que no se puede obviar la importancia de adherirse a un movimiento urbano o metropolitano global, tal vez en el marco de la llamada diplomacia de ciudades, que presione a los Estados signatarios de la Agenda 2030 para el consecución de los 17 ODS. Es un reclamo plenamente legitimado por el compromiso estatal; que puede dar mucho de sí por las concreciones en metas e indicadores compartidos; y que debería generar una canalización importante de recursos de los estados hacia las ciudades (y las áreas metropolitanas!) para el desarrollo de muchas políticas de desarrollo sostenible. No hay que olvidarlo y, por ello, hay que meterse a fondo en la Agenda 2030.
Las opiniones de los autores y las autoras no representan necesariamente el posicionamiento del PEMB.