Los 6 retos de la gobernanza metropolitana

El profesor de la UAB, Oriol Nel·lo, identifica las necesidades en el ámbito metropolitano y plantea diferentes actuaciones urgenetes a llevar a cabo a esta escala. Metrópoli Multinivel

¡ATENCIÓN! Este artículo es la reproducción del documento 'La gobernanza metropolitana. Seis retos y treinta propuestas' publicado en la plataforma barcelonadema-participa.cat en noviembre de 2021 para incentivar los debates del Ciclo de la Metrópoli Multinivel del porceso Barcelona Demà. Algunos aspectos pueden, por lo tanto, resultar desactualizados.


La experiencia muestra que en el debate sobre la gobernanza metropolitana resulta más conveniente partir de los retos sustantivos (necesidades) que de los aspectos institucionales. Es, por tanto, necesario identificar cuáles son las necesidades y las oportunidades, así como las actuaciones a adoptar. Y de esta identificación de necesidades será de dónde deberá derivar el diseño de los instrumentos adecuados para dar respuesta.

El objetivo de este documento es señalar estos retos que es necesario afrontar de forma perentoria a escala metropolitana en seis ámbitos diversos (la cohesión social, el derecho a la vivienda, la transición energética y la emergencia climática, la movilidad, el planeamiento territorial y la estrategia económica) y se sugiere para cada uno de ellos cinco propuestas de actuación, que sería conveniente llevar a cabo de forma inmediata.

Governança metropolitana
Introducción: constataciones y estrategia

El debate sobre los requerimientos de la gobernanza metropolitana debe partir de tres constataciones y una estrategia.

La primera constatación es que el hecho metropolitano barcelonés es la clave de la articulación del territorio catalán, así como un elemento principal del sistema urbano ibérico y europeo. La realidad metropolitana se caracteriza hoy por tres dinámicas concomitantes: su expansión sobre el territorio, la creciente interrelación e interdependencia de las localidades que la integran, y la tendencia de la población y las actividades a dispersarse. Las diferencias de la densidad y de la interrelación han hecho que tradicionalmente se hayan identificado dos ámbitos en la realidad metropolitana: el área metropolitana estricta, integrada por la conurbación barcelonesa y los municipios de su entorno inmediato; y la región metropolitana, que abarca un territorio bastante más amplio, entre la Tordera y el Foix, el Montseny y Montserrat y el mar. Los datos relativos a estos dos ámbitos -la distinción entre los que se remonta ya a los años treinta del siglo pasado- son los que figuran a continuación.

Tabla 1. Población y superficie de los ámbitos metropolitanos

Fuente: elaboración propia a partir datos IDESCAT

La segunda constatación es que, precisamente por la tendencia de las dinámicas metropolitanas a alcanzar cada vez más territorio, hoy tanto la ciudad de Barcelona como el área y la región metropolitana tienden a perder peso relativo en términos demográficos sobre la totalidad de Cataluña. A diferencia de lo que ocurría en los años sesenta y setenta del siglo pasado, población y actividades no tienden a concentrarse sobre el territorio, sino todo lo contrario. Así, tal y como puede verse en la figura 1, el peso relativo de Barcelona sobre el conjunto catalán es, en términos poblacionales, inferior al que tenía inicios de siglo XX, el del área metropolitana más reducido que el que tenía en los años setenta y el de la región más bajo al de inicios de los ochenta Esto no quita importancia a la gobernanza del área y la región metropolitana, sino que hace un factor aún más decisivo para el conjunto del país, que está ahí vez más integrado.

Figura 1. Peso relativo de la población de los ámbitos metropolitanos respecto al conjunto de Cataluña (1900-2020)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IDESCAT. 

La tercera constatación de la que se debe partir es que, a pesar del afianzamiento económico, social y territorial de las dinámicas metropolitanas, seguimos sin disponer de instrumentos de gobierno adecuados para hacer frente a los retos que se derivan. Así, como es sabido, en 2010 se logró institucionalizar el Área Metropolitana de Barcelona, con competencias de gestión sobre el ámbito central, a través de la Ley 31/2010, que comprende una población y una superficie equivalente, aproximadamente , en el municipio de Madrid. En cambio, la dotación de estructuras de gobierno para el conjunto de la Región Metropolitana, ensayado a través de la Ley 30/2010, de Vegueries, que preveía la institucionalización de este ámbito tanto para el gobierno local como para la administración periférica de la Generalitat, quedó en vía muerta tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya. Actualmente, esta carencia afecta negativamente tanto a la organización y representación local, como a la organización de la administración periférica de la Generalitat y el Estado. Tiene repercusiones relevantes en la prestación de los servicios, la dotación y la gestión de las infraestructuras y la financiación local, así como sobre la proyección de la realidad metropolitana barcelonesa a escala española e internacional.

Figura 2. Ámbitos de gobierno metropolitano establecidos en la Ley 30/2010, de Vegueries, y en la Ley 31/2010, del Área Metropolitana de Barcelona

  

Por último, en cuanto a la estrategia para dar respuesta a esta situación, la experiencia muestra que en el debate sobre la gobernanza metropolitana resulta más conveniente partir de los retos sustantivos que de los aspectos institucionales. Es necesario identificar en primer lugar cuáles son las oportunidades y los problemas, así como las actuaciones que serían necesarias adoptar. Es de esta identificación de las necesidades que debe derivarse el diseño de los instrumentos necesarios para darle respuesta.

El objetivo de este documento es precisamente éste, señalar los retos a afrontar de forma perentoria a escala metropolitana en seis ámbitos diversos: la cohesión social, el derecho a la vivienda, la transición energética y la emergencia climática, la movilidad , el planeamiento territorial y la estrategia económica. Asimismo, se sugiere para cada uno de estos retos cinco propuestas de actuación que sería conveniente llevar a cabo de forma inmediata.

1. Cohesión social y territorial

El incremento de las desigualdades sociales y territoriales ha sido uno de los rasgos característicos de la evolución de la Barcelona metropolitana en las últimas décadas. El impacto de la pandemia COVID19 está teniendo y tendrá efectos diferenciados entre los grupos sociales, tanto desde el punto de vista sanitario como social, que pueden contribuir a agravar las desigualdades existentes. En el territorio metropolitano, las desigualdades sociales se plasman a través de la segregación urbana, es decir, la tendencia de los grupos sociales a separarse entre sí en función de su capacidad de elegir lugar de residencia y de utilizar espacio urbano. La segregación es un fenómeno de carácter estructural, que tiende a profundizarse, afecta a todos los grupos sociales y tiene hoy un alcance claramente metropolitano. La combinación entre la segregación, la metropolitanización y la fragmentación administrativa produce la paradoja de que los grupos sociales más vulnerables tiendan a concentrarse en los municipios que tienen menos recursos, lo que condiciona de forma decisiva la capacidad de los ayuntamientos de poner en marcha políticas destinadas a hacer frente a las causas y efectos de la desigualdad y la segregación. Por eso, este tema constituye hoy el primer reto al que la gobernanza metropolitana debe dar respuesta. Para hacerle frente son necesarias políticas metropolitanas como las que a continuación indican:

  • 1.1. Emprender un Plan metropolitano de rehabilitación integral de barrios. Entre 2004 y 2010, la Ley de Barrios de la Generalidad de Cataluña permitió llevar a cabo actuaciones de rehabilitación integral en 141 barrios del conjunto de Cataluña. La aplicación de la Ley se interrumpió en 2011 con la implantación de las políticas de austeridad. Sin embargo, el Ayuntamiento de Barcelona ha impulsado un Plan de Barrios municipal que ha permitido intervenir en 16 barrios con una inversión de 150 M€ en el período 2016-2020. Se ha iniciado ya un segundo cuatrienio con la extensión a otros 7 barrios y una nueva inversión de 150 M€. Sin embargo, en el resto de localidades y áreas urbanas metropolitanas la disponibilidad de recursos hace muy difícil emprender actuaciones similares de iniciativa local. La situación es particularmente preocupante por el hecho de que es en estos ámbitos donde hoy se localizan las carencias y desigualdades más destacadas. Resultaría por tanto de gran importancia extender el Pla de Barris a escala metropolitana, tanto en el área como en la región.
    1.2. Adoptar mecanismos de perecuación fiscal entre los municipios de cada área urbana. La segregación en el interior de cada una de las áreas urbanas que integran la región metropolitana hace que los municipios que las integran dispongan de recursos fiscales muy diferenciados. Se da así la circunstancia de que muy a menudo los municipios con más recursos contribuyen de forma muy limitada a la financiación del gasto social del conjunto de la respectiva área urbana. En esta situación resulta perentorio el estudio del establecimiento de mecanismos que permitan una mayor solidaridad intermunicipal en este campo, como los consorcios de servicios sociales de área urbana y otras iniciativas.
    1.3. Impulsar actuaciones de conjunto para los ejes metropolitanos en los que se concentran las problemáticas sociales más acusadas. La segregación a escala metropolitana comporta que se configuren ámbitos supramunicipales donde se concentran las situaciones de mayor vulnerabilidad, como el curso del Besòs, el eje de la carretera de Collblanc o el curso del río Ripoll. Es necesario el diseño y adopción de estrategias de conjunto para estas áreas, aplicadas desde el ámbito metropolitano.
    1.4. Implicar a la Generalidad de Cataluña y al Estado en las políticas de rehabilitación urbana. Las desigualdades sociales en las grandes ciudades suponen un reto de carácter nacional, que no puede dejarse únicamente al arbitrio y los recursos de los municipios y otros entes locales. Barcelona, junto con el resto de las grandes ciudades españolas, está plenamente legitimada para reclamar una mayor implicación de las administraciones autonómica, estatal y europea para hacer frente a los problemas que se derivan de las desigualdades y la segregación.
    1.5. Gestionar los Fondos Next Generation con una estrategia metropolitana. La creación de los fondos europeos frente a la crisis sanitaria y social la COVID-19 constituye una oportunidad de primer orden, difícilmente repetible durante muchos años. Uno de los principales objetivos de este fondo es la intervención en las áreas urbanas para mejorar su eficiencia energética y capacidad de adaptación al cambio climático. En este contexto, es necesario contar con instrumentos de alcance metropolitano para gestionar estos recursos, así como una estrategia de rehabilitación urbana, que incluya el objetivo de la equidad social, junto con los de eficiencia y sostenibilidad.

2. Derecho a la vivienda

El acceso a la vivienda supone, junto a la ocupación, uno de los principales problemas para buena parte de la población metropolitana. Para acceder y mantener una vivienda, ya sea de propiedad o de alquiler, un porcentaje muy elevado de hogares debe realizar un esfuerzo económico para superar el 40% de sus ingresos, muy por encima de lo que se estima conveniente para una economía doméstica. Así, el Observatorio Metropolitano de la Vivienda ha mostrado como en el área metropolitana de Barcelona una familia con unos ingresos anuales de 25.000€ debería dedicar de media el 53% de los ingresos para acceder en propiedad a una vivienda de obra nueva , el 46,4% si éste fuera de segunda mano y el 43,4% de alquiler. Además, el mercado de la vivienda es el principal filtro a la hora de impulsar los procesos de segregación residencial que han caracterizado la evolución reciente del área urbana.

Desde el punto de vista de las políticas públicas, es evidente que el mercado de la vivienda tiene un alcance claramente supramunicipal y que no puede existir una política de vivienda efectiva que no se refiera al menos al espacio metropolitano. En el ámbito del AMB se han dado en los últimos años algunos pasos destacados, impulsados, en buena parte por el Ayuntamiento de Barcelona. Entre éstos destacan la creación de dos organismos:

  • El Operador metropolitano público-privado para la promoción de vivienda de alquiler (Vivienda Metrópolis Barcelona, SAH, HMB), empresa integrada por el Ayuntamiento de Barcelona, el AMB y socios privados que aportarán el 50% del capital y prevé construir en los próximos años 4.500 viviendas de alquiler asequible, la mitad en la ciudad de Barcelona y la otra mitad en el resto del AMB.
  • El Observatorio Metropolitano de la Vivienda, integrado por Ayuntamiento de Barcelona, AMB, Diputación de Barcelona y Generalitat de Catalunya, gestionado por el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona, que tiene por objetivo poner al alcance de los ayuntamientos , los investigadores y las investigadoras, los operadores del sector y de la ciudadanía en general datos y estudios en materia de vivienda en el ámbito del AMB.

Estas iniciativas contrastan con la ausencia de estudios y actuaciones unitarias en materia del derecho a la vivienda para el ámbito del conjunto de la región metropolitana de Barcelona, territorio que comparte con el área metropolitana estricta, a veces de agravada, los problemas de acceso a la vivienda y la segregación residencial. En este contexto resulta necesario emprender, entre otras, las siguientes actuaciones:

  • 2.1. Elaborar un censo de las reservas obligatorias de suelo para vivienda protegida existentes en la región metropolitana. Las reservas están previstas por la legislación urbanística desde la aprobación de la Ley 2/2002, de urbanismo y son aplicadas en el planeamiento aprobado desde entonces, en particular desde las medidas adoptadas en la Ley 10/2004. Se trata de reservas muy relevantes que, en gran parte de los casos -por las circunstancias económicas, la incapacidad de las administraciones locales y la falta de interés de los promotores- están pendientes de desarrollo. Su activación podría ser un incentivo de primer orden en el incremento del parque de vivienda asequible a nivel metropolitano.
  • 2.2. Ampliar al conjunto de la región metropolitana el ámbito de actuación del Operador Metropolitano de Vivienda y del Observatorio Metropolitano de la Vivienda, a fin de mejorar la capacidad de gestión y el conocimiento de la problemática de la vivienda en la totalidad del territorio metropolitano. Alternativamente, podrían constituirse otros organismos similares que permitan atender las necesidades del ámbito de la región metropolitana externo a la conurbación central.
  • 2.3. Revisar la situación de las Áreas Residenciales Estratégicas aprobadas por el Gobierno de la Generalitat en 2009. En el ámbito de la región metropolitana, las ARE prevén la construcción de 33.050 viviendas, de las que 18.286 deben ser de protección. Las ARE se encuentran, salvo excepciones, plenamente vigentes en el planeamiento urbanístico, pero siguen pendientes de desarrollo en razón de la situación económica, la falta de voluntad política y de interés por parte de los operadores inmobiliarios.
  • 2.4. Poner en marcha un plan integral de rehabilitación de la vivienda, a escala de la región metropolitana con aportaciones de los ayuntamientos, el Área Metropolitana, la Generalitat, el Estado y el sector privado. Disponer de este proyecto integrado de rehabilitación sería esencial para canalizar y utilizar de forma efectiva los fondos Next Generation de la UE. El plan debería prever la delimitación de áreas de tanteo y retracto en todos los ámbitos objeto de actuaciones de rehabilitación integral (urbana y de la vivienda) con el fin de controlar sus eventuales efectos sobre los precios.
  • 2.5. Extensión en el ámbito metropolitano de las políticas de control de alojamiento turístico y reservas VPO en suelo urbano consolidado. El Ayuntamiento de Barcelona ha tomado medidas innovadoras en materia de regulación del alojamiento turístico y en la obligatoriedad de las reservas para vivienda protegida en la ciudad. Sin embargo, la presión del turismo sobre los usos de la vivienda y la necesidad de reservas para vivienda asequible en el interior de las tramas urbanas consolidadas tienen un alcance claramente supralocal, y la adopción de las medidas en la ciudad central podría incrementarse la problemática en los municipios del entorno. Es necesario estudiar pues la extensión de medidas como las adoptadas en la capital en el conjunto del territorio metropolitano. En el ámbito del Plan Director Urbanístico del AMB, este instrumento podría ser un instrumento adecuado a la hora de prescribir y orientar esta extensión.
3. Transición energética y adaptación al cambio climático

Los retos de la gestión ambiental, agravados por la evidencia del cambio climático, reclaman una gestión de alcance metropolitano, no sólo en el ámbito del área, sino también de la región metropolitana en su conjunto. Concretamente, la visión metropolitana resulta imprescindible para tomar medidas efectivas tanto para hacer frente a los requerimientos de la transición energética, como a la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación a los efectos del cambio climático. También en este campo se han dado, en los últimos años, avances destacados como la creación de la empresa metropolitana Barcelona Energía y el Plan Metropolitano de Medidas contra la contaminación atmosférica, que, cabe recordarlo, causa más de 3.000 muertes prematuras al año en el ámbito metropolitano estricto. Sin embargo, las necesidades en este campo son muy amplias y particularmente urgentes. Entre las actuaciones principales a realizar destacan las siguientes:

  • 3.1. Impulsar la transición energética a nivel metropolitano. La transición energética parte de dos principios: en primer lugar, la necesidad de transitar de la generación de energía a partir de combustibles fósiles hacia fuentes renovables; en segundo lugar, la aproximación entre los ámbitos de producción y consumo. Los pasos dados hasta la fecha en este ámbito muestran un déficit muy notable de implantación de plantas de energía renovable en el ámbito metropolitano. Para ello, es necesario afrontar los dilemas del consumo de suelo que esta implantación necesariamente supone en un ámbito ya densamente ocupado. Las necesidades de suelo para estos fines son muy elevadas y hacen evidente la necesidad de una planificación a escala metropolitana para ubicar las nuevas instalaciones energéticas tanto dentro como fuera de los espacios urbanos consolidados. .
  • 3.2. Fomentar el autoconsumo y la eficiencia energética del parque edificado. La reducción del consumo energético a través de la mejora de la eficiencia y el incremento del autoconsumo son también dos objetivos centrales de los programas de transición energética. Sin embargo, los datos muestran que en el ámbito metropolitano la aplicación de estas medidas es muy parcial y sesgada socialmente, en el sentido de que los grupos más acomodados tienen una propensión mucho mayor a adoptarlas. Esta tendencia, de consolidarse, podría hacer que la transición energética y la adaptación a los efectos del cambio climático resultara en un nuevo incremento de las desigualdades, para evitarlo, el aprovechamiento de los fondos Next Generation a partir de ' una visión metropolitana podría constituir una oportunidad excelente para avanzar en este campo, garantizando la mayor equidad social y territorial posible.
  • 3.3. Consolidar al operador energético metropolitano. La creación de Barcelona Energía, como operador energético público basado en la distribución de energía renovable, ha constituido un avance notable en este campo. Conviene estudiar la posibilidad de ampliación de su ámbito de actuación, ahora limitado en el AMB, en el conjunto de la región metropolitana. Con esto el operador ganaría demasiada crítica y capacidad de contratación.
  • 3.4. Preservar la gestión del agua como bien común. El ámbito de la región metropolitana dispone de una empresa pública para la captación y distribución en alta del agua: Ente de Abastecimiento Ter/Llobregat. Asimismo, el AMB dispone de competencias sobre la gestión del ciclo del agua. Se trata de elementos de gran importancia a partir de los cuales es necesario fortalecer, en un contexto caracterizado por la incertidumbre y la presión sobre los recursos hídricos, el control público de la gestión del agua en el ámbito metropolitano, de acuerdo con lo establecido en el Pacto Social del Agua en Cataluña y siguiendo las decisiones ya tomadas por varios municipios.
  • 3.5. Proteger y gestionar los espacios abiertos. Los espacios abiertos del ámbito requieren gestión de alcance metropolitano para garantizar la biodiversidad, protección, conectividad y servicios ambientales. El Plan Territorial Metropolitano, aprobado en 2010, constituye una base adecuada para la delimitación y protección de estos espacios. También los organismos que gestionan los parques, a pesar de los recursos migrados con los que cuentan, realizan una tarea necesaria. Sin embargo, para la gestión del sistema de espacios abiertos es necesario dotarse de organismos gestores en el conjunto de la región metropolitana, tanto para los espacios de especial interés natural como para sus conectores y otros espacios abiertos. También deben elaborarse figuras de protección y gestión del sistema de espacios abiertos definido en el PTMB, como el Plan Director de los Espacios Abiertos del Vallés y otros.
4. Movilidad

El sistema de transporte público presenta notables diferencias en el ámbito metropolitano. Mientras que en el municipio de Barcelona, la dotación de servicios permite que una parte sustantiva de los desplazamientos se realicen en transporte público, en el resto del ámbito metropolitano el vehículo privado tiene todavía una preeminencia muy destacada. Esto es particularmente cierto en el territorio de la región metropolitana externa en el área metropolitana estricta. En los últimos años se han producido avances muy destacados en la parte central de la metrópoli, con el despliegue de la nueva red de autobuses, la ampliación del servicio de metro y, sobre todo, con la integración de los 36 municipios del CON en una única zona tarifaria. Sin embargo, para seguir avanzando en el reequilibrio metropolitano en términos de accesibilidad y movilidad es necesario emprender las siguientes medidas de forma inmediata:

  • 4.1. Financiar y desarrollar el Plan Director de Infraestructuras de movilidad. Los PDI, que contemplan las inversiones en materia de transporte público en el ámbito de la región metropolitana por un período de diez años, se han caracterizado por las dificultades en su aplicación. Éstas se han derivado sobre todo de la falta de financiación y de compromiso por parte de las administraciones, en particular la del Estado. El tercer PDI, recientemente aprobado para el período 2021-2030 debe garantizar no sólo las nuevas actuaciones necesarias (tercer túnel ferroviario en Barcelona, nuevas conexiones con el Vallès, integración de la red de tranvía) sino establecer los imprescindibles compromisos de financiación por parte del Estado y la Generalidad.
  • 4.2. Mejorar de forma sustantiva el servicio de ferrocarril de cercanías. Algunas de las principales carencias del transporte público en la región metropolitana se derivan de la situación del servicio de cercanías. Éste sufre de un déficit muy notable de inversión (reconocida por el propio gobierno del Estado) y de falta de definición del modelo de gestión. Es necesario completar el traspaso del servicio a la Generalitat, previsto ya en el Estatuto de 2006, acordar los compromisos de financiación entre las diversas administraciones y adoptar un plan plurianual de actuaciones que vincule a todas las partes concernidas.
  • 4.3. Estudiar la dotación del transporte público en relación con otras metrópolis europeas. Las administraciones conocen bien los niveles de cobertura de la red de transporte público en el ámbito de la ATM. Sin embargo, para fijar el horizonte a alcanzar en la prestación del servicio y los compromisos de inversión necesarios resultaría útil disponer de una comparación del sistema de transporte público en el ámbito metropolitano barcelonés con el de otros metrópolis de referencia, ibéricas y del resto de Europa. Este contraste deberá referirse no sólo a la cobertura de los servicios – sobre infraestructura fija y otros – sino también a la equidad social en el acceso al transporte público.
  • 4.4. Extender las medidas de pacificación del tráfico a nivel metropolitano. La estrategia de pacificación del tráfico y reducción de la contaminación (zona de bajas emisiones y supermanzanas) aplicada en el ámbito central de la metrópolis está dando resultados interesantes, hasta el punto de atraer atención internacional. Sin embargo, el resto del ámbito metropolitano no dispone de medidas similares, y las decisiones tomadas para el ámbito central pueden eventualmente complicar todavía la situación. Por ello, es necesario diseñar actuaciones en el ámbito metropolitano, adaptadas a las tramas urbanas y las características de la movilidad de cada municipio, que permitan pacificar el tráfico, reducir la contaminación y disminuir la siniestralidad.
  • 4.5. Promocionar los medios de movilidad activa. La movilidad a pie y en bicicleta resulta beneficiosa tanto desde el punto de vista ambiental y funcional como de la salud personal. La elevada densidad del ámbito facilita su desarrollo, sobre todo en la conurbación central y en las ciudades del arco metropolitano. La dotación de carriles reservados para la bicicleta y la recuperación de espacios peatonales han sido una prioridad en muchas localidades del ámbito metropolitano. Para el futuro es necesario fortalecer el planeamiento y gestión supramunicipal de estas redes y fomentar, a través del planeamiento urbanístico, la mixtura de usos de los espacios urbanos, imprescindible para que la movilidad a pie y en bicicleta resulte efectiva.
5. Planeamiento territorial y urbanístico

La compleja evolución del planeamiento supramunicipal en el ámbito metropolitano barcelonés conoció un importante avance a finales de la primera década de nuestro siglo, con la aprobación del Plan Territorial Metropolitano de Barcelona y la habilitación del Área Metropolitana de Barcelona para elaborar su Plan director Urbanístico. Desde entonces, los avances en este campo han sido muy limitados, con los consiguientes costes de eficiencia, sostenibilidad y equidad. Para avanzar en el ámbito del planeamiento metropolitano se necesitan medidas como las siguientes:

  • 5.1. Elaborar y debatir sobre el balance de la aplicación del Plan Territorial Metropolitano de Barcelona. El seguimiento y balance periódico de la efectividad y aplicación del PTMB, como el del resto del planeamiento territorial, es un requisito esencial para su eficacia y evaluación. El gobierno de la Generalitat debe elaborar de forma inmediata el balance de la aplicación de las directrices y normas del Plan, aprobado hace ya más de una década. Este balance debe detallar los efectos de su aplicación en el ámbito de los espacios abiertos, las infraestructuras y los asentamientos, con particular atención al despliegue del planeamiento urbanístico, y debe ser presentado y debatido con los gobiernos locales del ámbito metropolitano .
  • 5.2. Reactivar la Comisión de Ordenación Territorial Metropolitana. El ente paritario entre la administración de la Generalitat y los entes locales que permitió elaborar y consensuar el PTMB no se ha reunido desde el año 2010, cuando se aprobó el PTMB. El Plan se ha visto desprovisto de una instancia que hubiera podido monitorizar su aplicación y concertar las decisiones territoriales a escala de la región metropolitana. Su reactivación es un requisito destacado por hacer frente a los retos que supone el desarrollo del planeamiento territorial en la región metropolitana.
  • 5.3. Aprobar el plan director urbanístico del área metropolitana. El PDU del área debe permitir la revisión del viejo Plan General Metropolitano, vigente desde 1976. Se han depositado grandes esperanzas como instrumento útil para promover un urbanismo transparente, eficiente y no especulativo. Sin embargo, el PDU se encuentra en elaboración desde hace ya una década sin que se vislumbre el horizonte final para su aprobación. La formulación y tramitación de este instrumento depende exclusivamente del AMB, por lo que no puede atribuirse a ninguna otra instancia la responsabilidad por la lentitud del proceso. Urge poner fin a esta situación con la formulación, tramitación y aprobación definitiva del PDU.
  • 5.4. Desarrollar instrumentos de planeamiento para el resto de áreas urbanas de la RMB. El PTMB contempla la elaboración de planes directores urbanísticos de carácter supramunicipal para el conjunto de áreas urbanas que integran la región metropolitana. Entre éstas destacan las de las ciudades del arco metropolitano: Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès y Vilanova y la Geltrú. La aprobación de estos planes es de importancia decisiva para la ordenación de las dinámicas metropolitanas, potenciará el papel de las ciudades metropolitanas y ayudará a sentar las bases de mecanismos de cooperación entre los municipios de cada área urbana.
  • 5.5. Dotar a los espacios abiertos de Planes directores urbanísticos. Los espacios abiertos del ámbito metropolitano se encuentran bajo una notable presión, especialmente aquellos que no están amparados por un parque u órgano de gestión similar. La preservación de algunos de estos espacios -como los de la franja costera o Gallecs- fueron objeto en su día de Planes Directores Urbanísticos. Habría que extender la aplicación de esta figura a otros espacios, en especial los que conjugan el interés agrario y ambiental, como el Delta del Llobregat, los espacios de viñedo del Alt Penedès y los espacios abiertos del Vallès.
6. Estrategia económica metropolitana

El ámbito metropolitano de Barcelona debe disponer de una visión y una estrategia económica de conjunto para asegurar la innovación, el empleo de calidad y la posición de la ciudad en la red mundial de ciudades. En los últimos años se ha producido un destacado avance en este campo con la extensión del Plan Estratégico Metropolitano a escala de la región metropolitana. Sin embargo, persisten destacados déficits tanto en lo que se refiere a la adopción de una visión compartida a medio ya largo plazo, como a la regulación y la atracción de actividades y la gestión de las infraestructuras de accesibilidad exterior. Para hacer frente a estas carencias desde una perspectiva metropolitana parecen imprescindibles las siguientes actuaciones:

  • 6.1. Impulsar la innovación y la economía del conocimiento en el ámbito metropolitano. La región metropolitana acoge infraestructuras científicas de primer orden como el sincrotrón del Parque del Alba y el Barcelona Supercomputing Center. Allí radican asimismo cuatro de las más destacadas universidades españolas y numerosos centros de investigación de proyección internacional. A fin de impulsar la viabilidad de la economía catalana y su posición en el sistema mundial, la prioridad reside hoy en fomentar la interacción del sistema de innovación y su relación con el tejido productivo a escala metropolitana.
  • 6.2. Fomentar la re-industrialización y el empleo de calidad. En las últimas décadas, el ámbito metropolitano ha conocido un destacado desarrollo económico basado en actividades como la construcción y el turismo, intensivas en fuerza de trabajo relativamente poco especializada, que además, han ejercido una notable presión sobre los recursos naturales y el suelo. La necesaria reconversión de estos sectores, como consecuencia de las exigencias laborales, sociales y ambientales, requiere de la adopción de una estrategia económica metropolitana, que apueste por la innovación, la reindustrialización, la formación profesional de calidad, la circularidad de los procesos de producción y consumo, así como por un marco específico y estable de relaciones laborales.
  • 6.3. Dinamizar suelo para actividad económica. La región metropolitana cuenta con un importante patrimonio de suelo en actividades económicas. En este campo, además, el sector público cuenta con posiciones particularmente interesantes. Resultaría muy conveniente adoptar una estrategia coordinada de todos los operadores públicos de suelo para promocionarlo conjuntamente y adoptar estrategias de comercialización que, en la medida de lo posible, no supongan la pérdida de la titularidad pública del suelo.
  • 6.4. Regular el desarrollo de las economías de plataforma en el conjunto del ámbito metropolitano. Las economías basadas en el uso de las plataformas digitales han irrumpido en los últimos años en el campo del turismo, el transporte, la hostelería y el comercio, entre otros. Los impedimentos a la movilidad engendrados por la crisis sanitaria han favorecido todavía su implantación. Junto a sus innegables ventajas, el desarrollo de estas plataformas puede comportar (y comporta) externalidades negativas para el conjunto del área urbana, que se han hecho evidentes en el mercado de la vivienda, el transporte de viajeros, el uso de la vía pública y otros. La ciudad de Barcelona ha dado pasos destacados para regular sus actividades, pero a escala municipal ésta resulta es ineficiente e insuficiente, por lo que resulta conveniente la adopción de normas a escala del área y la región metropolitana.
  • 6.5. Elaborar una estrategia conjunta para las infraestructuras de movilidad exterior. El Delta del Llobregat acoge una de las plataformas logísticas más importantes del Mediterráneo (puerto, aeropuerto, ferrocarril, red viaria, depuradora,...). Constituye, a su vez, un espacio de gran importancia ambiental. En el conjunto del ámbito metropolitano, los proyectos del Corredor Mediterráneo, así como de ampliación del puerto y el aeropuerto, tienen una importancia decisiva para la actividad económica de la metrópolis, de Cataluña y del conjunto de España. Para decidir su futuro se requiere una estrategia integrada, que, evitando actuaciones fragmentarias e irreversibles, asegure tanto la funcionalidad y la complementariedad de las infraestructuras, como su desarrollo coordinado y la preeminencia del interés público en su gestión.

Resumen. 6 retos, 30 medidas (en catalán, del original)

Las opiniones de los autores y las autoras no representan necesariamente el posicionamiento del PEMB.

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