La metrópoli de Barcelona y las políticas de seguridad
- Jaume Bosch - Abogado. Miembro de la Junta del Centro de Estudios Comarcales del Baix Llobregat
- 20-10-2020
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El pasado mes de agosto se cumplieron 10 años de la aprobación en el Parlamento de Cataluña de la Ley 31/2010, del 3 de agosto, del Área Metropolitana de Barcelona. Fue un texto legal muy importante que ponía punto y final al desbarajuste institucional que había supuesto la Ley de 1987 de supresión de la Corporación Metropolitana de Barcelona. El gobierno de Jordi Pujol, siguiendo la estela de Margaret Thatcher en Londres, decidió evitar cualquier tentación de contrapoder hacia la Generalitat y creó un auténtico laberinto metropolitano: una Entidad del Transporte y una Entidad del Medioambiente con competencias y ámbitos territoriales diferentes. Como respuesta, los ayuntamientos se vieron obligados a pactar una Mancomunidad Metropolitana de Municipios con el fin de actuar en cuestiones que quedaban sin un marco institucional común. La Ley de 2010 supuso un cambio radical positivo en el intento de racionalizar la estructura metropolitana, integrada por treinta y seis municipios, y apostar por un gobierno local metropolitano.
Quedan temas por resolver. El principal, acabar de decidir si el auténtico ámbito metropolitano debería ser la región o veguería de Barcelona. Esta opción, dificultada en parte por la sentencia de 2010 del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, permitiría solucionar el problema que representa que el AMB divida, hoy en día, comarcas como el Maresme, el Vallés Occidental y, sobre todo, el Baix Llobregat. Y mientras este momento no llega, quizás se debería ir pensando en reformar la Ley de 2010 introduciendo los cambios derivados de la experiencia acumulada durante estos diez años y de la evolución económica, social y política de la misma área metropolitana.
Pero entretanto valdría la pena estudiar si es posible aprovechar mejor las posibilidades de la ley vigente. En concreto, hay un ámbito de actuación en el que se podría avanzar bastante si el Gobierno de la Generalitat aceptara las propuestas que podrían surgir de la misma Área Metropolitana, del Ayuntamiento de Barcelona y del resto de municipios. Me estoy refiriendo al campo de la seguridad pública.
Se ha hablado mucho de la inseguridad ciudadana en los últimos tiempos, pero se hace difícil negar que este fenómeno es común en la conurbación urbana de Barcelona (y seguramente más allá). En cambio, no existe ningún ámbito de toma de decisiones y de coordinación institucional en materia de seguridad que se corresponda a este territorio.
La actuación policial no es, ni de lejos, el único mecanismo de intervención que debe aplicar la administración: hacen falta políticas transversales que vayan al fondo de los problemas, a combatir las desigualdades, a recuperar el espacio urbano, a eliminar los déficits urbanísticos, a disponer de auténticas políticas de vivienda y a fortalecer los servicios sociales. Pero no es menos cierto que la actuación, preventiva en primer término, pero no siempre, de los cuerpos policiales también es un instrumento democrático del que las instituciones disponen. En el ámbito municipal son los Mossos d'Esquadra y las policías locales los cuerpos encargados de mantener la seguridad ciudadana; y deben hacerlo desde la proximidad.
En lo que se refiere al Cuerpo de Mossos d'Esquadra, su organización tiene poco que ver con el ámbito metropolitano estricto. Los municipios del área metropolitana pertenecen a tres regiones policiales: la región metropolitana de Barcelona (que es la de la capital, dividida en diez áreas básicas adaptadas a los diferentes distritos); la región metropolitana norte, con once áreas básicas que incluyen, en algunos casos, municipios metropolitanos como: Rubí (en cuanto a Sant Cugat y Castellbisbal exclusivamente), Cerdanyola del Vallès (con la misma Cerdanyola, Montcada i Reixac, Ripollet, Badia i Barberà), Santa Coloma de Gramenet, Badalona (que incluye Sant Adrià del Besòs), y Premià de Mar (únicamente Tiana); y la región metropolitana sud que presta servicios a los municipios de las comarcas del Baix Llobregat, Garraf y Alt Penedès y está integrada por diez áreas básicas: la mayoría de los municipios del Baix Llobregat (pero no todos) están integrados dentro del AMB, eso afecta a las áreas básicas de Sant Feliu de Llobregat (con Cervelló, Corbera, Molins de Rei, Pallejà, la Palma de Cervelló, el Papiol, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts y Torrelles, además de Vallirana que, inexplicablemente, no forma parte del AMB), Esplugues (que incluye Sant Just Desvern), El Prat, Sant Boi (con Sant Climent y Santa Coloma de Cervelló), Gavà (con Begues, Castelldefels y Viladecans), Martorell (con Sant Andreu de la Barca) y Cornellá, además de la del municipio del Hospitalet. Las tres regiones policiales metropolitanas que integran la región metropolitana de Barcelona acumulaban, el año 2019, 7.790 Mossos d'Esquadra.
Los municipios disponen de su policía local. Hay que tener presente que la región metropolitana de Barcelona concentra el 52 por ciento de los cuerpos de policial local de Cataluña (113) y el 71 por ciento de los agentes (7.743). En el área metropolitana es donde se produce la mayor acumulación de policías locales como consecuencia lógica del volumen de población que concentra. Sólo la comarca del Barcelonès contaba, el año pasado, con 3.647 policías locales.
Hay que tener presente que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado: Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, disponen de instalaciones y personal en diferentes municipios del área metropolitana. Los primeros tienen diversas instalaciones entre las que destaca la Comandancia de Barcelona en Sant Andreu de la Barca. Se encargan, entre otras misiones, del control de armas y explosivos. Los segundos tienen comisarias distribuidas por el territorio metropolitano, y fundamentalmente realizan tareas administrativas que dependen del Estado, como la expedición del DNI y pasaportes y los temas relacionados con extranjería.
De esta esquemática descripción se desprende que a la complejidad que, en Cataluña o en cualquier municipio, supone la coordinación de los diferentes cuerpos policiales, en el área metropolitana se suma una superposición de divisiones territoriales que no encaja con el ámbito del área, y la inexistencia de un organismo de dirección y coordinación que actúe en la conurbación metropolitana. Esta falta es aún más paradoxal si tenemos presente la tarea que desde las instituciones metropolitanas se desarrolla desde hace tiempo en materia de seguridad. Basta con citar la pionera Encuesta Metropolitana de Victimización, que se lleva realizando desde el año 2001, o los trabajos que en materia de seguridad y convivencia ha ido produciendo el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona, concretados en interesantes líneas de investigación.
La Ley 31/2010, cuando regula las competencias del Área Metropolitana, recoge, en su artículo 14 H b), la de “participar en la Comisión de Seguridad del ámbito territorial correspondiente para fomentar políticas públicas en materia de convivencia ciudadana”. La comisión, diez años después de la aprobada ley, no existe, o al menos, no he sabido identificarla. Ciertamente, el redactado del artículo es lo suficientemente ambiguo, no define cuál es el ámbito territorial correspondiente (cabe suponer que debería ser el que regula la misma ley, el del área metropolitana). Tampoco queda demasiado claro si “fomentar políticas públicas en materia de convivencia ciudadana” puede tener un sentido restrictivo, pero la denominación de la comisión, de seguridad, contribuye a disipar dudas y, en un estado democrático, las políticas públicas de seguridad deben tener por objetivo fomentar la convivencia ciudadana. Conclusión: el AMB puede participar, a través de la comisión mencionada, en el diseño de políticas de seguridad.
La absencia de un organismo que pueda abordar cuestiones graves relacionadas con la seguridad, como las derivadas de la pandemia que sufrimos, ha quedado patente durante la crisis del coronavirus. Cuando el pasado mes de julio la Generalitat adoptó medidas restrictivas en municipios del ámbito metropolitano, tuvo que improvisarse una reunión de la Generalitat con los alcaldes y alcaldesas que se bautizó como PROCICAT metropolitano, y no quedó claro si tenía capacidad decisoria o era simplemente un consejo asesor.
Me atrevo a sugerir, en la línea de lo que recoge el documento del Centro de Estudios Comarcales del Baix Llobregat que proponía alternativas y sugerencias al PDU, que se estudie la posibilidad de “definir y concretar el ámbito, la composición y las funciones de la Comisión de Seguridad” prevista en la Ley 31/2010. La comisión podría decidir políticas comunes en materia policial, evitando que la mayor presión ejercida en un municipio desplace los actos delictivos a otros del entorno, pero también abordando problemáticas compartidas como la de los pisos ocupados por narcotraficantes o la coordinación de algunos aspectos de las ordenanzas municipales como los que afectan a fenómenos sociales como el top manta o el sinhogarismo. Y, evidentemente, actuar en caso de emergencia. Ahora estamos viviendo una situación de crisis sanitaria, pero no hay que olvidar los atentados terroristas del año 2017.
Quizás la fórmula lógica de implantar la comisión sería la creación de una Junta de Seguridad Metropolitana, siguiendo el modelo de las juntas locales de seguridad, a las que en ningún caso debería sustituir. El volumen de la población afectada y la complejidad de las situaciones, así como el respeto a las competencias de cada administración, podrían hacer aconsejables que la junta tuviera una presidencia compartida: conseller/a de Interior de la Generalitat y presidente/a del AMB, es decir, la alcaldesa de Barcelona. Sería la forma de evitar las sospechas o tentaciones de contrapoderes que tanto daño hicieron en los años ochenta. Sería necesario negociar con calma el proyecto y definir las cuestiones pendientes de manera conjunta.
Los tres objetivos que la alcaldesa Ada Colau definió como inspiradores de unas políticas metropolitanas respetuosas con el papel de cada uno de los municipios (lucha contra las desigualdades, descentralización en los barrios y municipios y democratización del gobierno metropolitano) están directa o indirectamente relacionados con las políticas públicas de seguridad. Soy consciente que son malos tiempos para predicar la colaboración institucional, pero la crisis del coronavirus ha demostrado que la ciudadanía exige más cooperación y menos confrontación entre gobiernos.
Las opiniones de los autores y las autoras no representan necesariamente el posicionamiento del PEMB.