¿Es posible fomentar la convivencia y cohesión sociales desde el gobierno local en una metrópoli del siglo XXI?
Las políticas de convivencia, un nuevo campo de transversalización de las políticas públicas
- Maria Cortada - Gabinete técnico del PEMB
- 23-07-2019
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Cuando pensamos en convivencia ciudadana, una de las primeras cosas que viene a la cabeza son los casos de conflictos urbanos, graves y notorios, como los que tuvieron lugar en 2005 en las banlieues de París i en más de 300 ciudades francesas, así como las réplicas de menor intensidad que se siguen sucediendo periódicamente hasta hoy en día por casos de violencia y abuso policial. Desde la Revolución francesa, la historia está llena de estos conflictos urbanos altamente violentos, pero también de otros más cotidianos, fruto de la permanencia de situaciones de injusticia social y discriminaciones. Y no sólo en Francia, obviamente, sino en muchos otros estados. En este sentido, ¿Es el conflicto un riesgo asociado al crecimiento metropolitano de las ciudades? ¿Hay riesgo en nuestro entorno metropolitano de que se produzcan conflictos explícitos? ¿Cuáles tenemos ya latentes? Y de ser así, nos podemos preguntar, ¿Se puede gestionar el conflicto de forma preventiva? ¿Cómo? Pero también es necesario plantearnos, ¿Qué es una “buena convivencia”? ¿Tiene lugar un cierto grado de conflicto en el marco de la buena convivencia? ¿Qué grado es el aceptable y quién lo decide? Son muchas preguntas, que requieren empezar por una panorámica general sobre la idea de convivencia ciudadana.
La ciudad ha sido tradicionalmente un espacio de encuentro, de diversidad y de conflicto. De hecho, hay quien puede pensar que el conflicto es inherente a las relaciones humanas. Quizás desde la sociología se apunta a que es inherente a la persistencia de las desigualdades sociales, por lo que tienen de injusticia. Pero a menudo, y puede parecer cada vez más, la diversidad social también es fuente de conflictos entre la ciudadanía. Y si hay dos rasgos característicos de las metrópolis actuales, además del tamaño, son el alto grado de diversidades entre su población y las desigualdades sociales y económicas que en ellas se generan y acentúan. Campo abonado para los conflictos de ciudadanía.
Podemos definir la convivencia como las relaciones derivadas de la existencia conjunta de personas de una comunidad o sociedad. Y estas relaciones pueden ser harmoniosas, excluyentes para una parte de la sociedad, o conflictivas. Podemos convenir que las relaciones deseables serían las harmoniosas. Pero también hay que admitir que, según como las entendamos, no encontraremos ninguna sociedad que goce de relaciones plenamente harmoniosas. Porqué las sociedades, actualmente, son fundamentalmente excluyentes: en muchas se excluye a trabajadoras y trabajadores de recibir un sueldo digno y ajustado al coste de la vida de la ciudad en la que viven; se excluye a la ciudadanía de menos recursos de vivir en las zonas urbanas más agradables, por las fuerzas del mercado de la vivienda; o bien, cada vez más, se excluye a la ciudadanía de menos recursos del acceso a la universidad, por el augmento del precio de la tasas y la disminución de las becas, (que se han venido a sumar a las desigualdades sociales y territoriales que se detectan de base en el aprendizaje de los individuos). La exclusión, pues, forma parte de las sociedades en todo el planeta. Es un hecho. Y las relaciones de convivencia excluyente, pese a que no hayan generado conflictos explícitos en el nivel que sea[1], no se pueden considerar relaciones harmoniosas. EL conflicto, más o menos despierto, más o menos explícito, está presente. El caso es que estos factores de exclusión mencionados, y que inciden en gran medida en la convivencia ciudadana, parten de desigualdades sociales y económicas que ya disponen de diversos ámbitos de políticas públicas que trabajan en ellos desde hace décadas, con acierto variado, pero que en general sería necesario valorar como mejorables[2].
Pero hay otro grupo de factores que inciden en la convivencia ciudadana y que se relacionan más con la diversidad poblacional de las ciudades. La diversidad es un hecho muy correlativo al mismo proceso de urbanización, en el sentido que la misma aglomeración urbana ya comporta mayor diversidad y, además, se sigue nutriendo de gente de diferentes procedencias. Es imposible hoy en día que una ciudad se agrande sólo con crecimiento vegetativo. Por lo tanto, la inmigración de gente de etnia y cultura diversas, y con todo tipo de diversidades, seguirá siendo una constante. Verlo como una fuente de riqueza que requiere respeto y un ejercicio de mediación, o verlo como una amenaza inevitable a contener, es lo que marca la diferencia de convivencia entre sociedades.
Así pues, en esta dimensión de factores relativos a la diversidad también encontramos exclusiones que afectan a la convivencia: se excluye a las mujeres de cargos directivos de forma muy evidente por los roles tradicionales de poder; se excluye a las personas del colectivo LGTBI de una convivencia tranquila e igualitaria respecto al resto de la población con argumentos hoy ilegales; se pretende excluir a los MENAS de una atención y manutención públicas por su procedencia no nacional: etc. Todo este tipo de exclusiones y discriminaciones también son objeto de políticas públicas, y en la escala local se pueden agrupar bajo el paraguas de la política de convivencia ciudadana. Porqué, bajo mi parecer, la convivencia ciudadana sí es un ámbito claro para la actuación pública. Por ejemplo, con políticas y servicios relativos a la sensibilización y a la atención de la discriminación en:
- Equidad de género
- Violencia machista
- Diversidad sexual y de género
- Diversidad de creencias y religiosa
- Diversidad étnica y cultural
- Diversidad funcional
- Primera acogida a personas inmigradas
- Oficina de mediación de conflictos
Componer una unidad orgánica a escala local que englobe todo este tipo de programas y servicios puede dar una idea del enfoque que el ayuntamiento adopta sobre la política de convivencia: basado en el reconocimiento y respeto a la diversidad étnica, cultural, sexual, de género, funcional, etc., de la población, y con un carácter más preventivo que ponga el acento en la sensibilización frente a la diferencia y en la mediación en los conflictos vecinales. Se trata de todo un campo de trabajo relativo a la prevención en los ámbitos de la educación, de las relaciones vecinales, de las relaciones entre asociaciones culturales, de las campañas de sensibilización orientadas a la ciudadanía, etc., y que se centra en extender el conocimiento sobre las diferencias, eliminar prejuicios y acercar al otro.
Por el contrario, un ayuntamiento que centre la política de convivencia en los instrumentos normativos, como las llamadas ordenanzas de civismo, en el que se haga más énfasis en prohibiciones de todas las actividades que puedan molestar a unos u otros/as vecinos/as, en realidad, no estará fomentando la convivencia ciudadana y la cultura del respeto y el entendimiento, sino manteniendo el conflicto latente.
Evidentemente, las cosas pocas veces son blancas o negras, y una ordenanza de civismo puede ser un buen instrumento para la convivencia si se trabaja con este enfoque de respeto y espacio para todas las actividades que a la vez tengan en cuenta la consideración al resto de la población. En este sentido, sería un buen ejercicio hacer un análisis de las diferentes ordenanzas de civismo de los gobiernos locales de la región metropolitana, así como del resto de programas y servicios que se pueden enmarcar dentro de la política de convivencia.
Y, por último, me gustaría acabar haciendo referencia al carácter transversal de esta política de convivencia. Si, ciertamente, la disposición de una unidad orgánica que se encargue de servicios y programas de convivencia como los que he mencionado antes puede aportar consistencia y atención a una materia cada vez más relevante, pero no es menos importante ser consciente que con esto no hay suficiente. Hay que atender aspectos de otras políticas públicas locales que involucran otras unidades del ayuntamiento. Por ejemplo, como se concibe el espacio público (urbanismo), como se concibe el uso de este espacio público (licencias de actividades, permisos para eventos y actividades varias), como se concibe la actuación en casos de incumplimiento de normativas, de conflictos entre la población, etc. (policía local). Todos estos aspectos también conforman la política de convivencia de un municipio, porqué acaban incidiendo directamente en las relaciones convivenciales de su población. Y la elaboración de protocolos de atención a las diversidades (de género, funcionales, culturales, etc.) para cada uno de estos departamentos también es una tarea de las unidades de convivencia.
Diversidad, desigualdad, conflicto, entendimiento, respeto… En definitiva, convivencia. Algo que se produce inevitablemente y de forma natural en las ciudades, pero sobre lo que también se puede intervenir, de manera preventiva. Porqué las desigualdades de hoy en día son los conflictos de mañana.
[1] Nos referimos a explicitar conflictos al nivel de opinión publicada y redes sociales, a nivel de protestes en la calle, o a nivel de protestes violentes de diferente magnitud.
[2] Ejemplos de estas políticas serían las de vivienda pública, que han ido vendiendo la mayor parte del parque público inmobiliario; las de políticas activas de ocupación, que no han conseguido generar lugares de trabajo suficientes en épocas de destrucción por crisis económica; o las de planificación urbanística, que en los años 50 y 60 crearon los barrios residenciales periféricos, con pocos o ningún servicio, para alojar a la población recién llegada con pocos recursos que llegaba para abastecer el crecimiento económico de la época.
Las opiniones de los autores y las autoras no representan necesariamente el posicionamiento del PEMB.