Datos, evidencia científica y diseño para políticas públicas
- Maria Cortada - Gabinete técnico del PEMB
- 11-12-2019
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La mayoría de las políticas públicas vigentes hoy en día se basan en planteamientos creados hace más de 20 años. La sociedad ha cambiado. Algunos sectores de manera más evidente, otros menos. Pero la vida y funcionamiento de todas las personas y organizaciones ha cambiado en algún sentido. ¿Cómo debe cambiar, entonces, el diseño de las políticas públicas para aprovechar el crecimiento de la información generada y disponible y las técnicas de experimentación e innovación social? ¿Qué opciones hay de sistematizar la evaluación de impacto de las políticas públicas?
Los pasados 7 y 8 de octubre, el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB), la asociación Metropolis y el Centro Ernest Lluch de la Universidad Menéndez Pelayo (CUIMPB) coorganizamos un curso bajo el título: “El futuro de la gobernanza metropolitana: políticas, partenariados y coproducción”[1]. Curso que, con la mirada hacia el futuro de las áreas metropolitanas, se dividió en dos bloques principales: por una parte, la gobernanza metropolitana y sus actores, y por la otra, el diseño de las políticas públicas. Es decir, en conjunto, queríamos hablar de qué herramientas y mecanismos tenemos que irnos dotando (desde ahora) para desarrollar una cultura política basada en los partenariados y en la coproducción de políticas, y que busque la equidad en el acceso a las decisiones. Se trataría de una transformación importante del paradigma de elaboración de políticas, que quiere profundizar en la democracia real, pero que no está exenta de contrariedades, riesgos y amenazas, como cualquier modelo (de lo que sea, político o social). Particularmente, de este tema me preocupan dos aspectos: cómo conseguir la visibilización de todos los intereses en juego en una política, pero sobre todo cómo promover la generación de datos y de evidencia científica sobre cada política permitiendo así asentar las bases sobre el debate político-ideológico real, con mayor conocimiento contrastado.
El interés por la investigación y los datos ha sido una constante en el trabajo de los últimos años del PEMB. Precisamente en la mesa redonda sobre “Las políticas del futuro y el futuro de las políticas” tratamos el tema de la evidencia, los datos y la evaluación en las políticas públicas. Anna Segura, analista de evaluación de políticas públicas de Ivàlua, comentó como, pese que hace años que en el mundo occidental se acepta la necesidad de evaluaciones de impacto y proyectos de investigación social para generar evidencia científica en las políticas públicas, es en los países en desarrollo y especialmente en el combate contra la pobreza extrema donde más se practica esta evaluación[2]. Justamente, donde escasean más recursos. Por el contrario, quizás la inercia administrativa, quizás las dificultades de algunos países por cambiar decisiones de las políticas en funcionamiento y, seguramente, la resistencia de algunas personas e instituciones a la innovación, hacen que pocos países de los llamados desarrollados hayan empezado a aplicar de forma sistémica la búsqueda de evidencia científica o la evaluación de impacto en el diseño de las políticas públicas.
En el caso de Cataluña y de España disponemos de Ivàlua y del Instituto para la Evaluación de Políticas (antigua AEVAL), organismos oficiales de evaluación. En el caso catalán, sí que se han llevado a cabo y publicado evaluaciones de algunas políticas autonómicas, pero no todas las necesarias. Seguramente por falta de apoyo político y de inversión. En el caso español, como expone Elena Casanovas en su artículo “¿Quién mide el impacto de las políticas públicas en España?”, la falta de recursos, de independencia y de apoyo político pueden explicar tanto el poco trabajo realizado en evaluación de impacto por parte de AEVAL, como su abolición el 2017 y creación del actual instituto que, en dos años, aún no dispone de página web. Incluso la OCDE había reclamado en más de una ocasión la necesidad de reforzar la agencia española de evaluación, pero por las actuaciones orgánicas llevadas a cabo parece que más bien se la ha querido aniquilar.
El principal argumento para evitar evaluaciones de impacto acostumbra a ser el coste de implementar de forma regular proyectos piloto bien diseñados con grupos de experimentación (caso y control) que duren el tiempo suficiente para el estudio, y las inversiones que sean necesarias para evaluar a fondo. Pero la respuesta resulta clara: ¿No es mucho más costoso seguir manteniendo en el tiempo una política que no da los resultados esperados? A todos nos vienen a la cabeza ejemplos de políticas costosas con, aparentemente, poco impacto positivo en relación a los objetivos perseguidos. Si permitimos su evaluación de impacto y el desarrollo de proyectos de investigación social con nuevas hipótesis de trabajo y mecanismos de actuación social sobre como alcanzar los objetivos perseguidos, se podrá redirigir la política hacia medidas de mayor impacto. Y esto sí que supondrá un ahorro en términos de efectividad de recursos. Únicamente hace falta valentía y aceptar que las políticas son mejorables.
Además, no sólo los institutos de evaluación o los centros de investigación social pueden ser generadores de evidencia científica en políticas públicas. Todos los grupos técnicos de la administración, círculos de comparación, plataformas de compartición de experiencias, etc., pueden ser fuentes que aporten conocimiento y nuevas hipótesis de trabajo muy valiosas.
Así mismo, un ingrediente básico para la mejora de los diseños de políticas con impacto social, son los datos y los sistemas de información. Pero este es otro talón de Aquiles, especialmente en este país. Montar sistemas de información es muy caro, tanto si son fruto de registros administrativos estandarizados y coordinados como si son a partir de encuestas generales a la población. No obstante, se trata de un coste que se debe entender como una inversión, ya sea para mejorar la eficiencia de los recursos destinados o para hacer diagnosis acertadas de problemas sociales. Es un elemento necesario, una herramienta político-administrativa de primera necesidad. Y aún lo es más en el caso de la “joven” escala metropolitana. Como las otras escalas locales, la metropolitana sufre el eterno problema de la falta de datos, pero con la dificultad añadida que en general se trata de entidades político-administrativas con poca instucionalización. O, en el caso de existir una como es el AMB, aún con escasez de ciertas estructuras y herramientas útiles de gobierno. Algunas ya están creadas (como el OHB, con su visor de datos, el SIMBA del IERMB, o los Metropolitan Indicators de la asociación Metropolis)[3], otros esperamos que se puedan ir creando o ampliando próximamente. En cualquier caso, el metropolitano es un ámbito geográfico que requiere mucha más información para hacer frente a los cambios que se aventuran, y que esté centraliada o coordinada para evitar desperdicio de recursos.
En definitiva, debemos pensar en herramientas para políticas públicas que permitan sistematizar el uso de datos, de evaluaciones de impacto y de prácticas de innovación social para recoger evidencia científica. Avanzar en esta línea supondría una gran mejora en la eficiencia y calidad de los recursos que destinamos a las políticas públicas. Y, ciertamente, a escala de la ciudad condal puede ayudar mucho el Plan Ciencia del Ayuntamiento de Barcelona. Desde el PEMB consideramos que es un tipo de proyecto relevante y tractor, estratégico para avanzar en otros ámbitos. Y esperamos que entre todos los actores metropolitanos encontremos la manera de expandirlo por toda la RMB.
[1] Podéis consultar las presentaciones y los archivos de sonido de las diferentes sesiones del curso en la página web del CUIMPB
[2] Para conocer más sobre estas evaluaciones de impacto se pueden consultar referencias de los ganadores del Premio Nobel de Economía 2019, Esther Duflo, Abhijit Banerjee y Michael Kremer. Por ejemplo, el vídeo del TED talk de Esther Duflo
Las opiniones de los autores y las autoras no representan necesariamente el posicionamiento del PEMB.