Crónica de una implementación dispersa de la Agenda 2030
- Maria Cortada - Gabinete técnico del PEMB
- 24-04-2019
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La Agenda 2030 de la ONU es una herramienta de gran potencial para la transformación del modelo de desarrollo actual hacia uno de más sostenible. De acuerdo. Pero como toda declaración internacional, más allá de la bondad y la utilidad de lo que proponga, requiere de voluntad política. Una voluntad que, en teoría, debería salir de los estados y desescalarse por todo el aparato político y administrativo de gobiernos regionales y locales. En algunos estados, como Holanda, así ha sido. En otros, como España, hasta el momento podemos hablar de una “implementación dispersa” de la Agenda 2030, a iniciativa de cada gobierno local y autonómico. Lo cual no tiene porqué ser negativo, pero sí hace perder fuerza conjunta.
La cimera de Quito de 2016 supuso un cambio en el gran relato de la globalización: por primera vez la ONU aceptó la importancia del mundo local en el desarrollo socioeconómico de la humanidad. Y, en este sentido, atribuyó un nuevo rol imprescindible tanto a metrópolis, ciudades y pueblos, como también a los agentes sociales y económicos locales, para afrontar la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible integral. Por fin, y ya en la fase de actuación urgente contra el cambio climático, se reconocía la dimensión física y territorial del modelo de desarrollo global. Las cosas pasan en lugares, y la jurisdicción y habitantes directos de estos lugares tienen mucho por hacer y por decir sobre un cambio en el paradigma de desarrollo. Tan simple y básico como eso.
La importancia de este nuevo relato y la urgencia con que la ONU pedía la actuación contra el cambio climático dio mucha difusión a los resultados de la cimera de Quito y, rápidamente, la Agenda 2030, los ODS y el desarrollo sostenible se incluyeron en muchas agendas públicas, tanto las estatales de los 193 signatarios, como también en las agendas de gobiernos regionales y locales de muchos de estos países.
En España, la situación fue ligeramente diferente respecto a otros estados. Desde Quito y hasta junio de 2018, a nivel estatal se hizo, comparativamente, poco trabajo entorno las agendas globales: no se dieron directrices al resto de gobiernos y administraciones del Estado ni se desarrolló ninguna estructura que actuara de arriba para abajo en la implementación de políticas y programas. Ni, obviamente, tampoco se organizó ninguna estructura de abajo para arriba para la participación de municipios y comunidades autónomas en los informes de evaluación de los ODS que todos los estados tienen que presentar periódicamente a la Asamblea de la ONU. Tampoco se hizo uso de la propia estructura de diputaciones provinciales en ninguna de estas funciones. De hecho, fue iniciativa de cada una de ellas desarrollar los programas de formación y asesoramiento en ODS que creyeron oportunos. Y, en muchos casos, como el de la Diputación de Barcelona, su implicación previa en el proceso de configuración de la misma Agenda 2030 llevó implícito el compromiso con su implementación en los ayuntamientos.
El hecho es que, pese a esta inactividad previa y con gran sorpresa general, el gobierno español anunció, a finales de 2017, que presentaría el informe voluntario de evaluación de los ODS delante el High Level Political Forum (HLPF) el julio de 2018 en Nueva York. Así pues, a únicamente seis meses vista, el gobierno español construyó el Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030 (GAN), un organismo interministerial para la coordinación de las actuaciones en relación al cumplimiento de los ODS y para preparar los informes voluntarios de evaluación. Pero no incluyó la participación de gobiernos locales ni regionales, en contra del criterio pedido por la ONU, y rápidamente las presiones por parte de diferentes actores hicieron establecer canales de comunicación entre los gobiernos locales y regionales y el GAN, pero sin su participación. A la vez que se manifestó la intención de involucrarlos en el proceso de implementación de los ODS.
Paralelamente, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) organizó un grupo de trabajo, que incluía gobiernos locales, provinciales y autonómicos, para poder incidir (sin tener garantías de que la incidencia sería efectiva) en el documento que estaba elaborando el gobierno español, el “Plan de Acción de Implementación de los ODS”.
Pero la situación cambió significativamente en junio de 2018 con el cambio de gobierno en el Estado español. El nuevo gobierno cogió la Agenda 2030 como marco referencial de sus políticas y decidió reimpulsarla con las siguientes medidas:
- Constitución del Alto Comisionado para la Agenda 2030 con una dependencia directa de Presidencia
- Modificación del GAN para hacer efectivo el gobierno multinivel pedido por la ONU, incluyendo a los gobiernos locales y autonómicos como miembros de pleno derecho
- Constitución de una Comisión mixta Congreso-Senado para coordinar la legislación entorno los ODS de manera transversal, tanto en políticas sectoriales como territoriales
- Constitución del Consejo de Desarrollo Sostenible como mecanismo de gobernanza para la participación de la sociedad civil y ONGs
Algunos de estos mecanismos aún no han entrado en funcionamiento. Pero el resultado práctico más claro de este giro del nuevo gobierno español es el hecho de que el informe voluntario presentado el julio de 2018 al HLPF incluyó la mayor parte de las propuestas que habían hecho los gobiernos autonómicos y locales. Y, desde entonces, el equipo del Alto Comisionado para la Agenda 2030 ha seguido trabajando.
De todos modos, la falta inicial de liderazgo del Estado en la Agenda 2030 no fue obstáculo para que diferentes gobiernos y administraciones alrededor del territorio se pusieran a trabajar en la implementación de la Agenda 2030 desde el mismo 2016. En este hecho, la tarea de asesoramiento hecha desde entidades como CGLU (involucrados directamente en la metodología ad-hoc de implementación o “localización” de la agenda) y de administraciones como la Diputación de Barcelona fue y sigue siendo encomiable. En su función de acompañamiento a los gobiernos locales han desarrollado metodologías de localización de ODS, formaciones específicas y asesoramientos varios. Así mismo, la Diputación de Barcelona dispone de un mapa de los municipios que se están alineando con los ODS y hacen difusión de ello.
Como resultado de esta implementación dispersa, a iniciativa más individual de los gobiernos locales y autonómicos que no de una implementación estructurada como pide la ONU para la Agenda 2030, tenemos una gran variedad de casuísticas y formas de trabajar los ODS. Algunos entes locales los tratan desde las áreas de relaciones internacionales, otros desde ámbitos de cooperación al desarrollo, y otros desde los departamentos de sostenibilidad y medioambiente. O, incluso, algunos lo hacen de la mano de entidades de la sociedad civil de su territorio. Y, a partir de este origen, el trabajo en cada organización se ha ido extendiendo en mayor o menor medida, y haciendo más o menos transversal, según disponibilidades, recursos, conocimientos, asesoramiento y, sobre todo, voluntades.
Así pues, ¿Cuál es la situación de la implementación de la Agenda 2030 en el mundo local catalán? Considero que actualmente se dan cuatro situaciones:
- Muchos, especialmente los más pequeños, no están trabajando en relación a la Agenda 2030, por desconocimiento o por falta de recursos/capacidades
- Algunos toman como primera medida el “etiquetaje ODS”: vincular las políticas propias con los ODS correspondientes, ya sea los de sostenibilidad ambiental, pobreza, alimentación, género, etc., lo que los lleva a hacer una revisión importante de sus programas y darse cuenta de que muchas cosas de las que hacen ya están contribuyendo al desarrollo sostenible. Este punto puede estimular a seguir trabajando en la implementación de la Agenda 2030
- Otros comienzan a introducirse en la “orientación ODS”: añadir planteamientos de la Agenda 2030, conceptos (y merchandising) a las políticas y programas que desarrollan desde el mismo ayuntamiento, y empezar a plantearse programas alineados con los ODS, aunque a menudo mantienen la metodología de trabajo estanco, departamental.
- Y, finalmente, algunos otros se proponen impulsar procesos de “localización de los ODS”, de mayor o menor alcance dentro de la organización y fuera, con el alineamiento entre los planes de mandato y los 17 ODS, la revisión integral de todas las políticas, y con planteamientos de trabajo absolutamente transversal e interdisciplinario que pueden perdurar más allá del proceso. En definitiva, la agenda puede acabar siendo la escusa y a la vez la guía para transformar el ente local y prepararlo para un nuevo paradigma de desarrollo sostenible que impregne la misma organización y su trabajo diario, además de las estrategias y políticas por el territorio. En esta línea encontraríamos ayuntamientos como los de Granollers, Terrassa, Sant Cugat y otros que van avanzando en el proceso de localización.
En principio, lo más adecuado sería que la Agenda 2030 se impulsara desde alcaldía (o presidencia, etc.) y se defendiera con un liderazgo claro y convencido, tal y como piden todos los organismos internacionales que están trabajando en ella. Pero, ciertamente, cada entidad tiene un conocimiento, unas capacidades y, sobre todo, un liderazgo diferente. Y cada casa puede saber cómo impulsar mejor la iniciativa para que permita transformar la organización.
Desgraciadamente, los que actualmente ya se encuentran en el último planteamiento, el más ambicioso, son aún pocos en Cataluña. Pero todo es cuestión de ir avanzando y afrontando en los próximos 2-3 años. Y en ello está trabajando tanto la Diputación de Barcelona como Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), entre otros. Desde el PEMB estamos haciendo nuestra contribución con el proyecto de indicadores locales de evaluación de los ODS, que tiene que servir a todo el mundo local, tanto ayuntamientos como consejos comarcales, empresas, entidades, etc., para evaluar el impacto de su trabajo en el avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, a través de la selección de aquellos indicadores que encontramos en nuestras bases de datos y que coinciden con los que la Agenda pide. Esperamos que el interés siga creciendo y progresando.
Las opiniones de los autores y las autoras no representan necesariamente el posicionamiento del PEMB.