Alquilar una habitación siendo estudiante
Carrera a contrarreloj en un hub de conocimiento sin vivienda asequible
- Luisa Fernanda Pinto Rodríguez - Gabinete técnico del PEMB
- 17-09-2024
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Cada inicio de curso Barcelona se convierte en una auténtica carrera a contrarreloj para el alumnado universitario que busca una habitación asequible en pisos compartidos. La gran demanda de alojamiento, combinada con la lenta regulación del alquiler de temporada y la desregulación total de los alquileres de habitaciones por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, complica aún más este escenario. A esto se añade la presión del estudiantado internacional, que incrementa los precios y reduce la oferta disponible para los locales.
Barcelona y su región metropolitana no sólo son un polo de atracción turístico, sino también un centro educativo y científico de gran envergadura. Cataluña acoge hasta 50.000 estudiantes cada año, repartidos entre las diversas universidades públicas, centros de conocimiento y centros tecnológicos que se encuentran distribuidos en diferentes municipios. Con más de 15 universidades y más de 30 centros de investigación de excelencia, uno de los objetivos estratégicos de la región metropolitana para las próximas décadas es consolidarse como hub internacional de conocimiento e innovación. Un ejemplo de este hub 'en construcción' es el clúster biomédico que Esplugues y L'Hospitalet del Llobregat impulsan conjuntamente a través de cuatro distritos de innovación en la región metropolitana.
Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Unidades de I+D+I en Cataluña (Generalidad de Cataluña, 2022);
Sistema de información PAE (Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalidad de Cataluña, 2022);
y mapas de equipamientos de la Metrópoli Inteligente (Proceso Barcelona Demà, 2021).
Sin embargo, esta proyección de Barcelona como polo de conocimiento y formación universitaria choca con una realidad incómoda: la grave falta de vivienda asequible, tanto para los residentes locales como para los miles de estudiantes que llegan cada año. Esta contradicción pone en riesgo la reputación de la región metropolitana como destino académico, ya que la crisis de la vivienda además de afectar de forma grave a las personas jóvenes que comienzan sus estudios universitarios en todo el territorio, puede desincentivar la llegada de nuevos estudiantes internacionales que, a pesar de la reputación académica de la ciudad, son conscientes de las dificultades y los elevados costes para encontrar un lugar donde vivir.
Esta situación no es exclusiva de Barcelona, otras ciudades del mundo, como Australia, Canadá, Reino Unido, Irlanda o los Países Bajos, también enfrentan retos debido a la creciente demanda de estudiantes internacionales y la presión sobre los precios del alquiler de la vivienda habitual. Australia, por ejemplo, ha anunciado una regulación en la llegada de estudiantes internacionales, estableciendo un techo de una tercera parte en el número de estudiantes que puede acoger a partir del 1 de enero de 2025 (de 402.000 a 270.000). También ha propuesto requisitos más estrictos en la exigencia del nivel de idioma y un mayor control sobre la capacidad financiera de los estudiantes para obtener los visados. Mientras en los Países Bajos han abierto la puerta a limitar las formaciones universitarias en inglés para desincentivar la llegada de estudiantes extranjeros.
Aunque es evidente que la llegada masiva de estudiantes puede aumentar la presión sobre los mercados de alquiler y dificultar el acceso a la vivienda, ¿no deberían los gobiernos ponderar también los beneficios culturales, sociales y económicos que estos estudiantes aportan a la sociedad en términos de innovación, diversidad y crecimiento a largo plazo? ¿Es posible que restringir el acceso de estudiantes internacionales, en lugar de gestionar mejor su integración, sea un enfoque miope que ignore estas ventajas? O, por el contrario, ¿hay que ampliar la vista cuando se habla del impacto de los estudiantes internacionales sobre el mercado de vivienda, y abordar esta cuestión como un problema de rentas y no de nacionalidades?
Para poner en contexto la situación del mercado inmobiliario, desde el año 2000 y hasta ahora experimentamos un desajuste de asequibilidad. Según datos del O-HB ([1]), los ingresos medios de los hogares en el periodo 2000-2022 han aumentado un 64,9%, mientras que el precio de una vivienda de compraventa ha subido un 190%, el de una de segunda mano un 164%, y el del alquiler un 151%.
Fuente: La (in)accesibilidad a la vivienda de alquiler en la metrópoli de Barcelona. Revista Papeles 66.
Ahora bien, si tenemos en cuenta que el salario medio de una persona joven es de 1.005 euros al mes y el alquiler medio de una vivienda a precio de mercado se sitúa en 944 euros mensuales, ésta debería destinar casi el 94% de sus ingresos más los gastos de suministros para poder emanciparse. En cuanto a la vivienda de compraventa, para poder cubrir el 35% de la entrada, una persona joven tendría que ahorrar el 100% de su salario durante 4,4 años.
Así pues, no es sorprendente que muchos jóvenes (y cada vez mayores) se vean obligados a compartir piso. Según el último informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, sólo el 16,3% de los jóvenes entre 16 y 29 años han conseguido emanciparse, en comparación con la media europea del 31,9%. Estos datos reflejan la realidad de un mercado donde los jóvenes deben juntar fuerzas para poder pagar un piso compartido, a menudo con cuatro o cinco compañeros, no por gusto o moda, sino por una necesidad derivada del elevado coste de la vivienda.
Esta realidad, lejos de ser desaprovechada, es explotada por el mercado inmobiliario barcelonés. El aumento del alquiler de habitaciones ha sido del 13% en el último año, situando la media en 565 euros mensuales. Pese a que la oferta de pisos compartidos ha crecido un 26%, los precios siguen subiendo. Esta situación se vuelve particularmente crítica en municipios como Cerdanyola del Vallès, Solivella, y Sant Cugat del Vallès, donde hay una concentración de universidades y centros de investigación de excelencia.
En cuanto a los contratos de temporada —aquellos de menos de 11 meses—, ya eran una forma de especulación antes de la nueva Ley de Vivienda, pero ahora la situación se ha intensificado porque estos contratos han quedado fuera de las regulaciones de la ley en materia de control de precios. En el primer año de aplicación de la ley, su incremento en Barcelona ha sido de un 53%, creando un nuevo agujero especulativo en el mercado inmobiliario.
Es cierto que la demanda de estudiantes internacionales, a menudo dispuestos a pagar precios más elevados por estancias de corta duración, afecta al mercado local. Sin embargo, como decía Keynes, 'no importa la nacionalidad del capital, sino saber a dónde va y de dónde viene'. Para comprender mejor las dinámicas globales y sus efectos inflacionistas sobre los precios de la vivienda, es fundamental 'seguir el dinero'.
Con el curso escolar iniciado hace unas semanas, los movimientos sociales en defensa del derecho a la vivienda no pueden esperar más el Decreto Ley prometido por la ministra de Vivienda, que debía haberse presentado antes del verano para reglamentar el artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y ofrecer una solución más clara para los contratos de alquiler de temporada y otros usos diferentes de la vivienda. Hoy mismo, el Congreso de los Diputados vota la admisión a trámite de una Proposición de Ley promovida por los sindicatos de inquilinos y algunos grupos parlamentarios para modificar la LAU y regular los alquileres de temporada. La propuesta busca equiparar los derechos de los inquilinos con contratos de temporada a las mismas condiciones que los contratos de alquiler habitual, establecer la presunción de habitualidad cuando el propietario no pueda demostrar que la persona inquilina tiene una vivienda principal, y convertir automáticamente un contrato de temporada en uno de alquiler habitual (de cinco o siete años) cuando se renueve con la misma persona inquilina.
Mientras se desarrollan los debates parlamentarios sobre las necesarias modificaciones legales en la escala metropolitana es fundamental replantear cómo podemos conjugar la aspiración de ser una metrópoli abierta y un centro de conocimiento europeo con la urgencia de ofrecer vivienda asequible para todos, tanto estudiantes locales como internacionales. El Compromiso Metropolitano 2030, con sus misiones de vivienda adecuada y de economía innovadora, se presenta como una hoja de ruta ambicioso pero imprescindible para afrontar estos retos. Sus acciones no sólo apuntan a reducir la sobrecarga residencial que ahoga a muchos hogares, sino también a promover nuevos modelos de gestión de la vivienda que integren eficiencia energética, sostenibilidad, innovación y cohesión territorial. Propuestas como la creación de una bolsa de alquiler metropolitana, la regulación de los precios en los mercados tensos y el impulso de la vivienda cooperativa en cesión de uso son pasos claros hacia un cambio estructural que asegure el derecho fundamental a la vivienda para todos, haciendo de la región metropolitana de Barcelona un referente europeo de equidad urbana.
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[1] Donat, Carles (2024) La (in)accesibilidad a la vivienda de alquiler en la metrópoli de Barcelona. Papeles: Región Metropolitana de Barcelona: Territorio, estrategias, planeamiento, 2024, Núm. 66, p. 49-64.
Las opiniones de los autores y las autoras no representan necesariamente el posicionamiento del PEMB.