Agua y energia, un derecho como una casa

Metrpoli Cohesionada

El derecho a la vivienda no se entiende sin que el hogar incluya también los servicios necesarios para hacerlo digno, habitable y seguro, preparado para acoger las necesidades básicas de iluminarse, calentarse, mantener la higiene personal, cuidar y ser cuidado. El derecho a los suministros básicos es el garante de posibilitar todas estas condiciones. Movimientos sociales como la Alianza contra la Pobreza Energética han empujado diferentes movilizaciones y medidas, e incluso leyes -como la Ley 24/2015 del Parlamento de Cataluña- para detener los cortes y acabar con la deuda de las personas en situación de vulnerabilidad. Pero es necesario que las administraciones y, especialmente aquellas más cercanas a la ciudadanía (la municipal, la regional) implementen de estas legislaciones de urgencia que tanto se han tenido que defender desde la calle. Es imperante conseguir llegar mejorar y dignificar el día a día y las condiciones de vida de las familias en situación de pobreza energética e ir más allá de los cortes en paro, caminando hacia la garantía universal del derecho humano al agua y del derecho al energía. Hay que poner sobre la mesa, sin más demora, estrategias que tracen las líneas rojas que las grandes empresas privadas energéticas y del agua nunca puedan cruzar.

Agua y energia, un derecho como una casa
1.Contexto y situación

El área metropolitana de Barcelona consta de 36 municipios, una superficie de 636 km2 y más de 3,2 millones de habitantes. Es la octava área metropolitana más grande de Europa y, en las dos últimas décadas, la ciudad ha evolucionado de centro industrial a economía basada en los servicios, con la centralidad del turismo dentro de la economía del área. Se trata de un área urbana densa y, en términos de pobreza energética, puede hablarse de factores de vulnerabilidad específicamente urbanos: los habitantes de ciudades tienen acceso a más trabajos y mejores salarios pero también están sujetos a un nivel general de precios de bienes y servicios más alto, especialmente, el precio de la vivienda. Actualmente, los precios y las dinámicas del mercado de alquiler en Barcelona son clave para entender procesos de reordenación socioespacial, empobrecimiento y marginación que resultan en grupos poblacionales con rentas bajas expulsados de áreas céntricas como resultado de los rápidos incrementos de los precios de vivienda. En cuanto a la emergencia climática ya su afectación en el AMB, conviene destacar el siguiente análisis del proyecto Europeo EmpowerMed, destinado a empoderar a mujeres para luchar contra la pobreza energética en el Mediterráneo:

Este año, las altas temperaturas veraniegas se asociaron a aumentos de la mortalidad en países europeos, sobre todo, de ancianos. Los estudios específicos establecieron la relación entre situación socioeconómica y riesgo relativo de mortalidad durante el verano de 2003 en Barcelona, dado que, en comparación con los veranos de los cinco años anteriores, la mortalidad fue mayor entre mujeres, personas de edad avanzada y personas con menor educación que la primaria. Hay que interpretar, por tanto, las consecuencias previstas del cambio climático – veranos más extremos, con menos días de precipitaciones, más calor y oleadas de calor más frecuentes y más intensas – desde una perspectiva de vulnerabilidad y desigualdad urbanas.”

En cuanto a la región metropolitana de Barcelona, de forma más amplia, cubre una población de cerca de 5 millones de habitantes. Desde una perspectiva de solidaridad es, como mínimo, desaconsejable que se generen desigualdades entre los distintos municipios en cuanto al acceso a los suministros básicos. Es necesario que se establezcan herramientas para la coordinación y para compartir las buenas prácticas que se lleven a cabo en una diversidad de municipios. A pesar del paraguas que representa la Ley 24/2015, su aterrizaje en cada territorio y en los servicios sociales u oficinas de asesoramiento energético de cada municipio es muy diferente. Teniendo en cuenta que la región metropolitana de Barcelona no cuenta con un gobierno propio, sería recomendable identificar los vacíos o necesidades que distintos municipios o zonas puedan presentar, para encontrar respuestas conjuntas.

En cuanto a contexto, también es relevante la situación de gestión privatizada de la totalidad de la red de distribución energética a nivel de la región, con mayor presencia de gestión pública en la generación y comercialización de energía (siendo todavía casos muy aislados). En cuanto al agua, existe también una elevada proporción de gestión privatizada, aunque se trata de un ámbito, de competencia municipal, en el que todavía la liberalización no ha podido penetrar de la misma forma que en la energía . Hay que mirar a experiencias de municipalización como las de Arenys de Munt o Terrassa, así como a los operadores públicos que se mantienen en esta área (Aigües del Prat, Sabemsa en Barberà del Vallès, Aigües de Vilanova y la Geltrú, entre otros) , frente a una concentración importante de la multinacional Agbar-Suez en el territorio.

2.Vivienda digna y derechos en el agua y la energía, desde una perspectiva de base, poniendo a las personas afectadas en el centro
2.1. Vivienda digna, adecuada y asequible en una metrópoli territorialmente cohesionada

El derecho a una vivienda digna está ampliamente reconocida como fundamental, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 11; hasta la Constitución Española, artículo 47. Este derecho va más allá de garantizar un espacio físico para vivir en él. La dignificación de este espacio comporta incluir el acceso a todos los servicios necesarios para desarrollar una vida que merezca ser vivida, que implica necesariamente, el acceso a la energía y el agua. En este sentido, el acceso universal a los servicios básicos es fundamental para garantizar el derecho a una vivienda digna.

En la actualidad, estos bienes comunes: vivienda, energía y agua, están mercantilizados y su acceso limitado o acondicionado a la voluntad de las empresas privadas que lo gestionan. Este hecho hace que esta limitación se base en el nivel de ingresos de las familias que, si es bajo, comporta un acceso precario o inseguro, produciéndose situaciones de vida infrahumanas, como el hacinamiento o la inhabitabilidad, llevando como consecuencia la necesidad de ocupación de viviendas y la conexión irregular a los suministros, ya que sin la titularidad de la vivienda la mayoría de empresas de servicios se niegan a regularizarlo, con la situación de peligrosidad que se deriva, relacionada con el riesgo de incendios.

La precariedad en el acceso a estos servicios también puede mermar la garantía de otros derechos, por un lado, destinando los ingresos a pagar el alquiler y las facturas en detrimento de los gastos destinados a la adquisición de productos de primera necesidad: alimentación y medicamentos; y por otro, afectando a la educación, por no disponer de espacio necesario y digno para el estudio en casa, y la salud, por la presencia de humedades y climatización insuficiente. Todas estas circunstancias afectan de forma diferenciada a las mujeres, puesto que por un lado están sometidas a múltiples discriminaciones que dificultan el acceso adecuado a una vivienda; a la vez que, al recaer sobre ellos las tareas de cuidados y responsabilidad del hogar, y más en familias de bajos ingresos que no pueden externalizarlas, hace que la imposibilidad de tener unos servicios básicos suficientes les afecte más, puesto que hacen más uso porque pasan más tiempo en casa y porque las tareas de cuidados lo requieren

El parque de viviendas del área metropolitana de Barcelona presenta graves deficiencias en términos de eficiencia energética, factor que encarece las facturas de suministros. Según el Plan Metropolitano de Rehabilitación de Viviendas (PMRH), que hará posible la rehabilitación de 10.000 viviendas, se ahorrarán más de 20.500 MWh al año.

El acceso a una vivienda ya los suministros básicos de agua y energía deben estar garantizados de forma universal, independientemente del nivel de ingresos. Actualmente, con la Ley 24/2015 existen mecanismos para evitar el corte de suministros a familias vulnerables y hacer frente a la deuda que se deriva. La falta de voluntad política para establecer los mecanismos necesarios para la condonación de esta deuda, ha llevado a muchas familias a sufrir acoso por parte de las empresas y hacerles sentir culpables de la situación en la que se encuentran. El acoso es una práctica que tiene graves impactos en la salud de las personas y que es urgente erradicar, como ya han aconsejado organismos como el Síndic de Greuges de Catalunya o la propia APE en diferentes momentos y campañas, lideradas por las mismas personas afectadas que son testigo de ese sufrimiento y lacra.

Asimismo, será importante facilitar el acceso a las ayudas ya existentes, en exceso, burocratizadas, y desarrollar nuevos mecanismos en favor de las familias vulnerabilizadas.

Agua y energía, un derecho

2.2. Reconstrucción colectiva del agua y la energía como derechos básicos

En la APE luchamos por garantizar el acceso universal a los servicios básicos de energía y agua, desde y para las personas afectadas, empoderadas en esta lucha, practicando el apoyo mutuo y la horizontalidad. Esto significa que se parte de la ruptura con la cultura de los expertos, y se plantea que todo el mundo tiene conocimiento propio sobre la energía, ya que ésta forma parte de nuestro día a día. Y, concretamente, sobre la vivencia del acceso a ella, las personas en situación de vulnerabilidad en particular acumulan saberes que son inestimables sobre el éxito o el fracaso de las políticas y medidas que las instituciones y las empresas suministradoras al garantizar estos derechos. La construcción colectiva de conocimiento en el ámbito de la pobreza energética y de la transición energética debe pasar, inevitablemente, por un enfoque de derechos, así como por poner a las personas afectadas en el centro. La ciudadanía en general, además, tendrá el reto de corresponsabilizarse, sin señalar, a aquella parte de la población que lo tiene peor para afrontar la emergencia climática o la descarbonización de la economía.

Entendemos que a todas aquellas familias que no pueden pagar las facturas debe garantizarse un servicio que se considere necesario para una vida digna, sin riesgos de cortes o acumulación de una deuda. Es necesario recuperar el control sobre estos servicios básicos actualmente mercantilizados, y considerarlos como bienes comunes, como son actualmente la educación o la sanidad. Sería impensable que el acceso a la educación o la sanidad estuviera determinada en el nivel de ingresos o en la acumulación de una deuda a pagar a posteriori. Por tanto, no podemos permitir que el acceso a la energía y el agua genere una deuda a las familias que no pueden afrontar el pago de las facturas. Y aunque abogamos por un cambio de modelo energético donde se ponga la vida en todas sus formas en el centro, y no el capital como en la actualidad, entendemos que en este contexto deben ser las empresas las que asuman esta carga Así pues, con la mercantilización de derechos básicos están acumulando beneficios millonarios año tras año.

El planteamiento de que el acceso a los suministros básicos (agua y energía) es un derecho no nos parece ninguna novedad a día de hoy, pero todavía hace falta mucho recorrido para su implementación y garantía entendida de manera amplia y en sus diferentes vertientes. El Derecho Humano al Agua y al Saneamiento está reconocido por Naciones Unidas desde 2010 y el derecho a la energía es, hace décadas, defendido por varios académicos, colectivos y organismos de referencia. Que el hecho de poder pagar el agua o la luz no sea condición necesaria para disfrutarlo es, hoy, un planteamiento de sentido común, al igual que lo es el acceso universal a la educación y la salud. Sin embargo, con los suministros entra en juego la privatización de estos servicios, que hace que la perspectiva y vocación de servicio público y la participación comunitaria sea negada o imposibilitada. El planteamiento, mientras estos servicios no sean recuperados, es sencillo: el suministro debe garantizarse, también cuando la persona no tiene ingresos o tiene ingresos bajos, y debe evitarse a la vez que se genere una deuda. Plantear la acumulación de deuda de suministros en la educación y la sanidad ha llevado a países como Reino Unido y Estados Unidos a situaciones graves con las deudas de sanidad y educación, que en el ámbito español no hemos conocido. Sin embargo, aquí no nos extraña que las personas acumulen deudas energéticas de miles de euros. Esta lógica de empobrecimiento de la población a través de las facturas debe terminar: mientras la empresa suministradora haga beneficio con un servicio básico habrá que obligarles a asumir responsabilidades.

En este sentido, queremos remarcar la importancia de la firma del convenio entre administración y Endesa del pasado 29 de marzo como ejemplo a seguir. Este convenio establece que el pago de la deuda acumulada por las familias vulnerables en el pasado, desde 2015 hasta 2020, la asumirán con estos porcentajes las siguientes instituciones: Endesa el 73% y la administración, a través de diferentes estamentos, 27% restante. La deuda a futuro podrá verse reducida por la financiación a partes iguales entre empresa y administración, de un fondo de solidaridad.

2.3. Reconocimiento de derechos básicos y rentas garantizadas.

Por último, cabe destacar que gran parte de las personas que padecen pobreza energética tienen derecho a (o al menos han solicitado) la renta garantizada o el ingreso mínimo vital. Estos ingresos y rentas garantizadas pueden ayudar a garantizar también los derechos básicos (como pueden ser el agua o la energía), pero hay que evitar que este dinero sirva para pagar facturas que no están ajustadas a las necesidades de las familias o que provienen de contrataciones o cambios de compañía fraudulentas que obligan a las personas consumidoras a pagar más de lo necesario. Asimismo, las rentas garantizadas o ingresos mínimos vitales no deberían contemplar como ingresos las ayudas de alquiler, así como otros tipos de ayuda en detrimento de la persona afectada. Con demasiada frecuencia se da una lógica de laberinto y periplo burocrático que las personas en situación de vulnerabilidad deben sostener en medio de unos modos de vida ya de por sí precarios, tareas de cuidado o indisposiciones por motivos de salud. Estas rentas, si deben ir de la mano y ayudar a garantizar derechos, deben simplificar los procesos y requisitos de acceso, así como asegurar que no se generan incompatibilidades para otras ayudas que pueden ser necesarias en un futuro. A pesar de que se cobre una renta garantizada o ingreso mínimo vital, debe prevalecer la posibilidad del pago de estos servicios (agua y energía) en condiciones de progresividad, que permita sostener el presente sin hipotecar el futuro.

3. 15 recomendaciones y propuestas concretas

Para pasar de la teoría a la práctica, creemos indispensable plantear propuestas concretas, recomendaciones en forma de medidas que puedan empezar a aplicarse desde hoy mismo, para caminar hacia la garantía de los derechos que hemos descrito durante los anteriores apartados.

Cabe remarcar, además, que estas propuestas surgen de la construcción colectiva de conocimiento que se da en el seno de la Alianza contra la Pobreza Energética y de las personas que forman parte, así como de los diferentes movimientos con los que nos hermanamos y que trabajan por la soberanía energética popular.

  1. Impulso definitivo en la firma de convenios que prevé la Ley 24/2015 por la condonación de la deuda a las familias vulnerables, con aquellas empresas que todavía no lo han hecho.
  2. Persecución y denuncia de las malas prácticas de las empresas que asedian a las familias vulnerables protegidas por la Ley 24/2015 por razón de la deuda acumulada.
  3. Garantía de los puntos de suministros independientemente del régimen habitacional en el que se encuentren las familias que viven en la vivienda. Despliegue de los diferentes protocolos para la instalación de contadores provisionales en hogares ocupados, tanto para el agua como en la energía, garantizando la misma aplicación en los distintos municipios de la región, para evitar la desigualdades territoriales.
  4. Estudio y activación de mecanismos para detectar la pobreza energética escondida, así como medidas para afrontar la feminización de la pobreza energética, dada la interseccionalidad con otros ejes de desigualdad.
  5. Puntos de aasesoramiento específico por temas relacionados con la pobreza energética, incluido asesoramiento legal.
  6. Auditorías en las empresas energéticas: transparencia e información sobre los precios para saber el coste real de la producción energética.
  7. Recuperación del ámbito de la distribución en manos público-comunitarias, asegurando el buen estado de las redes de distribución.
  8. Impulso y creación de comercializadoras públicas, priorizando el ámbito municipal y de atención cercana, con participación ciudadana y medidas concretas para las personas en situación de vulnerabilidad.
  9. Desarrollo y facilidades para la producción de energía reproductora de vida y no destructora, es decir, priorizar los usos que permiten sostener la vida, en detrimento de los que se guían por el lucro y la maximización de los beneficios de unos pocos.
  10. Facilidad y acompañamiento a la creación de comunidades energéticas locales, que incluyan a las personas en situación de vulnerabilidad como sujetos activos.
  11. Urbanismo pensado para las personas que viven en él, no para la especulación a favor de las empresas constructoras o el turismo.
  12. Extensión mayor de áreas verdes para facilitar la regulación exterior de la temperatura.
  13. Aumento del parque de vivienda pública a partir de la expropiación legal de pisos de grandes tenedores.
  14. Mejora de la eficiencia energética del parque de vivienda ya construida y el de nueva construcción: el público con dinero público, el privado, con obligaciones a los entes propietarios, para evitar, la transferencia de recursos públicos al beneficio privado.
  15. Ayudas y subvenciones para la adquisición de electrodomésticos eficientes para hogares con dificultades económicas


Para saber más, puedes encontrar otros documentos relacionados con la metrópoli cohesionada aquí, donde también podrás consultar el paper original entero de este artículo. 

Las opiniones de los autores y las autoras no representan necesariamente el posicionamiento del PEMB.

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