El derecho a la ciudad inevitablemente ligado al derecho a la metrópoli
Principal conclusión de la jornada 'Caminamos hacia el Derecho a la Ciudad' oorganizada por el Observatorio DESC y el PEMB en el Canódromo - Ateneo de Innovación Digital y Democrática
- 13-02-2023
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'Para avanzar hacia el derecho a la ciudad es necesario avanzar, también, hacia el derecho a la metrópoli', ha asegurado Salvador Milà, director del Área de Presidencia del AMB, durante la bienvenida a la conversación: 'Caminamos hacia el derecho a la ciudad', organizada por el Observatorio DESC, la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (PGDaC), Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB), el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y los ayuntamientos de Barcelona y Esplugues de Llobregat. Porqué 'si no actuamos a esta escala lo que hacemos es limitarnos a trasladar o exportar las problemáticas de un ámbito a otro o de una ciudad a otra'.
Mesa redonda Caminamos hacia el Derecho a la Ciudad
Pero ¿Qué es el derecho a la ciudad? Es el derecho de todos los habitantes, presentes y futuros, permanentes y temporales, a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y gozar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna. Sobre esta cuestión se ha debatido durante la jornada celebrada este viernes 10 de febrero en el Canódromo – Ateneo de Innovación Digital y Democrática, que nacía con el objetivo de compartir diferentes experiencias de la región metropolitana de Barcelona y el Sud Global alrededor del derecho a la ciudad y presentar la Guía de Indicadores del Derecho a la Ciudad, un documento elaborado por el Observatorio DESC, PGDaC y Habitat International Coalition (HIC), que enumera los principales ítems que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar políticas públicas en esta dirección y como medir su impacto. El objetivo del documento no es hacer una fotografía estática de la situación, sino ser un mecanismo para ver como se avanza que permita, además, hacer un uso comparativo y como instrumento movilizador, ha explicado Marta Ribera, miembro del equipo técnico del Observatorio DESC. Para ello, establece una serie de indicadores y recoge diferentes experiencias internacionales en políticas que impactan directamente en los ocho componentes del derecho a la ciudad que, tal y como ha explicado Alfredo Palomera, técnico de vivienda y ciudad del Observatorio DESC, son:
- La no discriminación
- La igualdad de género
- La ciudadanía inclusiva
- La participación política
- El cumplimiento de funciones sociales
- Los espacios públicos y los servicios de calidad
- Las economías diversas e inclusivas
- Los vínculos urbano-rural
Para hablar sobre experiencias vividas en actuaciones municipales y las oportunidades futuras alrededor del derecho a la ciudad en contextos diversos, el acto ha contado con una mesa de debate integrada por seis mujeres de diferentes ámbitos. Una de las principales conclusiones de la conversación ha sido la importancia del papel del municipalismo a la hora de implementar políticas que permitan avanzar hacia el derecho a la ciudad. Sobretodo teniendo en cuenta que, tal y como ha explicado Claudia Acebrón, regidora de Cooperación al Desarrollo y Promoción de la Paz del Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat, el 80 % de las recomendaciones de la Agenda 2030 recaen en el ámbito local y que el 75 % de las personas viven actualmente en zonas urbanas. A la vez, eso sí, Acebrón ha puesto de manifiesto la falta de financiación que sufren los ayuntamientos y que hace 'prácticamente imposible que se alcances los objetivos establecidos en el horizonte temporal que marca la Agenda 2030, ya que hay años en que las administraciones apenas legan a cubrir las necesidades más inmediatas'.
Precisamente la reciente pandemia de la covid-19 fue un momento clave para poner de manifiesto este hecho y la importancia del ámbito local en situaciones de emergencia. Amanda Flety, del equipo de investigación de CGLU, ha expuesto que ámbitos como por ejemplo la ciudadanía inclusiva se vieron reforzados con la pandemia ya que se generó un debate alrededor del tema inexistente hasta ese momento, pero a la vez, aspectos como la participación política, en auge hasta ese momento, vivieron un retroceso importante. 'En situaciones de emergencia no se dispone de tiempo para consultar porqué urge tomar decisiones', ha explicado Ainara Fernández, compañera de equipo de Flety, la pandemia nos ha llevado a movimientos 'más autocráticos y menos democráticos', hecho que comporta un claro retroceso en lo que se refiere al derecho a la ciudad. Aún así, según Acebrón, 'la pandemia sirvió para poner a las personas en el centro y avanzar en derechos sociales', ha dicho, 'desde el municipalismo se ha detectado un cambio claro de tendencia en las demandas de la ciudadanía hacia esta dirección'.
La otra gran conclusión de la conversación ha sido la importancia del ámbito metropolitano y de llegar a consensos a una escala más adecuada para problemáticas cotidianas que repercuten de manera directa al derecho a la ciudad como, por ejemplo, el acceso a una vivienda asequible, a alimentos de proximidad, a movilidad sostenible o a una oferta cultural más diversa. 'Las respuestas a estas problemáticas a menudo exceden los límites territoriales locales para pasar a la escala de la ciudad real, la ciudad metropolitana, que, en el caso de Barcelona, es la ciudad de los cinco millones de habitantes', ha afirmado Luisa F. Pinto, miembro del gabinete técnico del PEMB. Pero el debate metropolitano es aún una asignatura pendiente: 'Se ha avanzado muy poco en lo que se refiere a la relación entre territorios periferia y territorios centrales', ha explicado Flety: 'de hecho hay muchas regiones en las que el debate es inexistente, especialmente cuando los territorios periféricos sufren situaciones de vulnerabilidad'. Siguiendo la misma línea, Anabel Rodríguez, directora de Derechos de Ciudadanía del Ayuntamiento de Barcelona, ha manifestado que pese al avance que se ha hecho en determinadas políticas sociales de atención a la vulnerabilidad, aún 'queda mucho para encajar las piezas y que en ámbitos como el social haya conciencia metropolitana'.
Entonces ¿Cómo avanzamos hacia la construcción metropolitana? Según Pinto tenemos delante una gran oportunidad sobretodo 'si lo enfocamos desde la perspectiva del Compromiso Metropolitano 2030 -el nuevo plan estratégico para la región metropolitana de Barcelona- que sigue una lógica bottom-up partiendo de las voluntades de los municipios y de su detección de necesidades compartidas con la ciudadanía'. Para ello es clave el trabajo en red entre municipios y ciudades a diferentes escalas territoriales, 'para compartir conocimiento y experiencias innovadoras en políticas públicas', ha expuesto Pinto. En este sentido, ha destacado dos experiencias: las microredes de estrategias urbanas que lidera el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), que nacieron durante la pandemia con el objetivo de que técnicos y técnicas de lo gobiernos locales de ciudades iberoamericanas puedan compartir los desafíos urbanos en ámbitos de interés común, encontrar respuestas innovadoras y establecer procesos de aprendizaje e intercambio ciudad-ciudad. Y, en el ámbito metropolitano, la Red Metropolitana de Inclusión Residencial (XMIR por sus siglas en catalán), impulsada por el Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva y el PEMB, como un espacio de confluencia de técnicos y técnicas de vivienda de diferentes municipios de la región metropolitana de Barcelona y entidades operadoras de vivienda del tercer sector, para generar conocimiento alrededor de buenas prácticas útiles para combatir la exclusión residencial en la escala en la que se genera, que es la metropolitana.
**Recupera el vídeo completo de la conversación: 'Caminamos hacia el Derecho a la Ciudad'