¿Tiene que llevarse a cabo un abordaje metropolitano del sinhogarismo?
- Maria Cortada - Gabinete técnico del PEMB
- 08-09-2020
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El abordaje actual del sinhogarismo es básicamente local, ya sea desde el sector público como desde el sector social, por lo tanto, es un abordaje naturalmente descentralizado y disperso. Pese a la definición de ciertas políticas en otros niveles de gobierno, lo cierto es que quién está dotando de recursos y desarrollando nuevas estrategias para una mejora de la atención son los mismos actores de siempre. Pero el problema ha crecido notablemente en número y en complejidad en la última década y las previsiones económicas para los próximos meses y años parece que lleven todavía a un nuevo repunte. Es evidente que es necesaria una mayor atención al problema, incluyendo más dotación presupuestaria, pero ¿de quién y cómo?
El sinhogarismo es un problema social que viene de muy lejos, según como se interprete se puede fechar desde el mismo periodo Neolítico, pero en el marco de exclusión residencial, probablemente se podría asociar a formas de organización capitalistas, tanto las más antiguas como las modernas y las contemporáneas, en las que la vivienda se considera un bien de mercado y no un derecho básico. Durante el siglo XX, especialmente a partir de la segunda mitad, hubo estados que pudieron atender el problema con mayor éxito que otros a partir de la consideración de la vivienda como un bien esencial del estado del bienestar y la generación de políticas estatales centradas en la creación de parque inmobiliario de alquiler social, público o semipúblico. Este preciado “bien social inmobiliario” ha servido tanto para dar el servicio para el que se había pensado: alojar familias vulnerables, como para ayudar a estabilizar los precios de la vivienda de mercado en aquellas ciudades en las que llega a porcentajes significativos del parque inmobiliario total.
Pero la burbuja inmobiliaria de 2001-2007, impulsada por la reducción de los intereses financieros y la facilidad de acceso a las hipotecas en países como España, Irlanda o el Reino Unido, y la siguiente crisis financiera y económica, iniciada en los EUA y extendida por todo el mundo, evidenciaron que este equilibrio y control relativo en los precios inmobiliarios formaba parte del pasado (Bernardos, Gonzalo. 2009). Así pues, se aceptó, o eso parece, que las fuerzas del mercado podían alterar notablemente los sistemas y relaciones económicas globales en su propio beneficio particular, con la proliferación de nuevas malas prácticas financieras que, en coincidencia con otros factores, generaban importantes desequilibrios sociales, como ya había ocurrido en otras ocasiones. Mientras esto no se pueda controlar, sea vía control de precios de alquiler, sea con las medidas estructurales que se vayan considerando más efectivas, es probable que la exclusión residencial siga siendo un problema de nuestras sociedades. Y con cada crisis económica, sea del origen que sea, se generen nuevas bolsas de familias excluidas de su derecho básico a un hogar, más allá de un techo.
Manifestación por la ley de vivienda en Barcelona. Fuente: PAH Barcelona
Especialmente desde la crisis iniciada en 2007, tanto la exclusión residencial, como el sinhogarismoa y su manifestación más dura, la situación de las personas sintecho, han ido creciendo en volumen y escala geográfica. Así mismo, se han diversificado los perfiles y las situaciones de las personas afectadas, por la cual cosa podemos decir que ha devenido un problema más amplio y más complejo. El informe Overview of Housing Exclusion in Europe 2020, el 5º que hace FEANTSA, determinó que al menos 700.000 personas habían dormido en la calle o en plazas temporales de emergencia residencial en la Unión Europea durante una noche de 2019. Lo que representa un 70% más de personas que 10 años atrás. El crecimiento es impactante. Así mismo, el informe también indica que un 10% de los que en 2018 disponían de una casa en la UE dedicaron más del 40% de sus ingresos al gasto habitacional, muy por encima de los límites recomendados; un 15,5% vivían en condiciones de sobreocupación; un 13,9% en viviendas que no garantizaban el confort mínimo; y un 4% en situaciones de infravivienda con carencias muy graves. Las diferencias entre estados y territorios europeos también existen, pero, obviamente, en todos ellos la pobreza económica es la variable que explica todas estas situaciones.
En lo referente a los datos en Barcelona ciudad, la Fundación Arrels efectuó, la noche del 14 de mayo, su recuento anual de personas que duermen al raso, con una cifra total de 1.239 personas identificadas. Antes del estado de alarma la estimación era de 1.200 personas y teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Barcelona habilitó 750 nuevas plazas de emergencia, podemos hacernos una idea de como el confinamiento hizo aumentar el número de personas que perdieron su techo de manera inmediata al disminuir o quedarse sin ingresos laborales. De hecho, el Ayuntamiento de Barcelona ya había decidido invertir 35 M € para la atención a las personas sin hogar en 2020 y a raíz de la crisis ha hecho un esfuerzo extraordinario con 9,5 M € extra y un resultado de 1.025 personas atendidas. La Red de Atención a Personas Sin Hogar, que agrupa a las diferentes entidades del tercer sector social que trabajan para atender a las personas sin hogar, dentro del Acuerdo Ciudadano para una Barcelona Inclusiva, lleva un tiempo con una campaña de comunicación en marcha para poner atención al problema creciente.
Imágenes de la campaña de comunicación de la Red de Atención a Personas Sin Hogar. Fuente: XAPSLL
La previsión para los próximos meses y años es aún incierta pero no parece que vaya a mejorar. En la situación actual de pandemia y con la crisis provocada por la covid-19, un 42,8% de los hogares del área metropolitana de Barcelona han sufrido el deterioro de su situación económica durante el confinamiento, tal y como indica el informe de la encuesta “Habitando en confinamiento” del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona, de julio 2020. En un 28,6% de los casos, el deterioro ha sido leve, pero para un 14,2% ha sido importante, con un mayor impacto en los hogares que viven en régimen de alquiler, que ya contaban desde antes de la covid-19 con unos ingresos inferiores a la media. Porqué, como es sabido, el origen actual de la pobreza se encuentra en las desigualdades socioeconómicas. Como apuntan Ricard Gomà y Sergio Porcer en un artículo en El Crític: “Después de cinco años de recuperación -con un incremento sostenido de la renta por cápita-, la desigualdad de ingresos de mantiene al nivel de los momentos más lacerantes de la crisis. No se ha producido tampoco, en el ciclo más reciente, una reducción de la tasa de pobreza y, pese a que ha mejorado la capacidad de cobertura de necesidades básicas, la situación de estrés económico continúa ahogando a amplias capas de la sociedad metropolitana”. Hay que seguir estudiando con detalle la evolución de estos hogares y las consecuencias de la disminución o supresión de ingresos sobre su situación habitacional, así como los posibles efectos de un eventual segundo confinamiento.
Tal y como muestra el recuento de Arrels, Barcelona es el municipio de Cataluña que se estima que tiene un mayor número de personas sin hogar[1], con gran diferencia sobre todo respecto a los municipios de la primera corona metropolitana y, en menor medida pero también con diferencia, respecto a los municipios de la segunda corona. Esta diferencia, no justificable por la diferencia poblacional, parece mostrar que Barcelona actúa de polo de atracción de estas personas por la cantidad y variedad de recursos asistenciales específicos que en ella pueden encontrar, así como más oportunidades laborales y vitales. Pero también porque en el resto de los municipios de Cataluña existe un absoluta o notable falta de estos recursos, y en este sentido la atracción por Barcelona puede ser que surja más de una necesidad de supervivencia que de una voluntad.
Recuento anual de la Fundación Arrels. 14 de mayo del 2020. Fuente: Fundació Arrels
En este sentido, se hace patente que existe un desequilibrio muy notable en los servicios de atención a las personas sin hogar entre la ciudad de Barcelona y el resto de los municipios de Cataluña y que, como todos los desequilibrios territoriales habituales en las metrópolis, sería bueno corregir y reequilibrar progresivamente. En primer lugar, porqué no es democráticamente aceptable que haya diferencias de nivel y calidad del servicio y atención a las personas sin hogar según el municipio. Por lo tanto, ya no deberíamos aceptar que una persona de cualquier municipio de la RMB que se quede sin hogar y no tenga acceso a un recurso temporal deba desplazarse a Barcelona para poder disfrutar de los servicios mínimos de atención (albergue, ducha, comida). En segundo lugar, porqué debido a la falta endémica de recursos, se puede generar una tendencia a querer atender únicamente a la ciudadanía local, la empadronada, y acabar dificultando el empadronamiento si no se aporta un título que demuestre la tenencia de una vivienda. Y, en tercer lugar, con la atención solamente local al sinhogarismo, y por una cuestión simplemente de cifras, se acaba reduciendo la masa crítica de usuarios del servicio y esto afecta a los grupos interseccionales (como las mujeres sin hogar, los jóvenes, las personas mayores), impidiendo una atención más especializada a otras necesidades de estas personas, también relacionadas con la falta de hogar.
Por lo tanto, parece muy oportuno y necesario diseñar e implementar políticas supramunicipales para prevenir y combatir el sinhogarismo y la exclusión residencial. Si bien la atención directa probablemente convendría que siguiera siendo competencia de los equipos locales de servicios sociales y de vivienda, es claro que hay otros aspectos del diseño de una política contra el sinhogarismo y/o la exclusión residencial (como ciertos aspectos de planificación de recursos y equipamientos para el territorio) que tienen un desarrollo más adecuado a nivel supramunicipal o de fuerte coordinación intermunicipal. Por ejemplo, desarrollar políticas de coordinación de recursos a escala de región metropolitana para las dinámicas específicamente metropolitanas que se observan de concentración en la ciudad de Barcelona de la gran mayoría de personas sin hogar del territorio metropolitano. Pero también es necesario diseñar una estrategia a nivel catalán, que abaste toda Cataluña y que coordine la distribución de recursos con los de los municipios de la RMB.
Jesús sin hogar, Timothy Schmalz. Copia en la entrada de la iglésia de Santa Anna. Fuente: Ayuntamiento de Barcelona
En este sentido, una vez analizada la situación y habiendo realizado diferentes entrevistas a directivos de vivienda de algunos ayuntamientos de la RMB, el PEMB ha decidido poner en marcha este otoño, junto con el Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva, los trabajos para evaluar la conveniencia de crear una red metropolitana para la colaboración municipal contra la exclusión residencial. La idea es facilitar la colaboración entre sus miembros para que puedan identificar los ámbitos, políticas, programas, equipamientos, etc., en los cuales la colaboración entre municipios próximos pueda aumentar o mejorar los servicios, ya sean en el campo de la atención al sinhogarismo, la emergencia habitacional o la exclusión residencial. Desde la colaboración “feliz” entre un ayuntamiento que disponga de dinero y otro que disponga de terreno para construir conjuntamente una promoción de viviendas de alquiler social, hasta crear protocolos para facilitar la movilidad voluntaria de personas sin hogar entre municipios de la RMB, y cualquier otra colaboración que resulte en una mejor atención y contribuya a disminuir el problema de la exclusión residencial de la región metropolitana.
Así mismo, hay otros dos aspectos que sería necesario que nos preguntáramos. Por un lado, si la base del problema en cuestión es la falta de consideración de la vivienda como un derecho esencial, todos los niveles de gobierno, empezando por el Estado español y la Generalitat de Cataluña, deberían aumentar la dedicación presupuestaria en sus respectivas estrategias de lucha contra el sinhogarismo. Tanto en el caso de la “Estrategia Integral de Atención a Personas Sin Hogar 2015-2020”, aprobada por el Consejo de Ministros en 2015 y que nunca ha contado con dotación presupuestaria, como en el caso de la “Estrategia Integral para el Abordaje del Sinhogarismo en Cataluña”[2], elaborada a través de un proceso participativo puesto en marcha en 2017 en la plataforma Participa GenCat, y del que aún no se han visto los frutos.
Y en el marco de estas estrategias, deberíamos plantearnos si se puede resolver un problema estructural como la exclusión residencial y el sinhogarismo, y su crecimiento continuo desde 2007, con medidas únicamente del tipo asistencial y emergencia habitacional. Evidentemente hay que atender a las personas, pero para abordar el problema son necesarias medidas estructurales como la coordinación de políticas contra la pobreza, es decir, revisar las políticas de derechos laborales, de garantía de rentas y de vivienda sostenible, y que tengan sentido para organizar la vida de toda la sociedad. Éste puede ser el objetivo marcado a largo plazo, pero de momento en el PEMB empezamos por tratar de facilitar la coordinación de los que ya llevan tiempo trabajando la exclusión residencial, la emergencia habitacional y el sinhogarismo, cuestiones de abordaje imprescindible en el horizonte de una metrópoli cohesionada en 2030.
[1] Las estimaciones más fiables son los recuentos nocturnos que la Fundación Arrels hace anualmente, desde 2018, con grupos de voluntarios formados que siguen protocolos comunes y validados.
[2] El Acuerdo de Gobierno 161/2016, del 20 de diciembre, es el que aprueba la elaboración de la Estrategia Integral para el Abordaje del Sinhogarismo en Cataluña
Las opiniones de los autores y las autoras no representan necesariamente el posicionamiento del PEMB.