Vivimos en un planeta finito con recursos limitados. Vivimos también en sociedades globalizadas condicionadas por cambios acelerados y grandes desafíos en los que confluyen emergencias múltiples. Las emergencias climáticas y ecológicas que afrontamos están directamente vinculadas a la emergencia sanitaria actual y, de paso, a la emergencia alimentaria resultante.

La pandemia de la COVID-19 ha puesto aún más de manifiesto las fragilidades de un sistema alimentario globalizado que ya estaba bajo una fuerte tensión. Estamos frente a una situación extraordinaria que nos ofrece una oportunidad para incorporar los aprendizajes de estos momentos intensos, redefinir una visión y misión conjuntas, y reconstruir un sistema alimentario más localizado, sano, justo, bajo en carbono y ecológico que pueda dar respuesta a las necesidades de todas las personas.

Las crisis nos invitan a preguntarnos sobre qué es lo esencial, necesario y vital tanto a nivel personal como social y económico. La alimentación es una necesidad básica, uno de los elementos fundamentales para la vida de las personas, y requiere ser elevada al rango de política pública. La alimentación es una cuestión personal y también política, con impactos significativos desde el punto de vista social, ecológico y económico. En este sentido, resultan imprescindibles planteamientos territoriales y de carácter transversal para hacer valer y defender la alimentación como derecho fundamental.

Son muchas las voces que subrayan el protagonismo de las metrópolis en tanto que grandes núcleos de consumo y, por lo tanto, como palanca de transformaciones profundas. Pero las políticas alimentarias trascienden las políticas de consumo, aunque estas tengan un papel protagonista y estructurador. Así pues, no se trata solo de garantizar el abastecimiento a la metrópolis, sino de equilibrar las relaciones entre el mundo urbano y su entorno. De hecho, los contextos urbanos y rurales se encuentran caracterizados por continuidades e interdependencias complejas. El rol del liderazgo de las ciudades no debe ir en ningún caso en detrimento de la calidad de vida en los territorios rurales, sino todo lo contrario: si la ciudad cuida al campo, el campo cuida a la ciudad.

El modelo alimentario influye en el modelo territorial. Nuestra relación con el alimento ha sido y es un principio de ordenación fundamental de los lugares que habitamos y las relaciones que establecemos entre las personas y el entorno. Frente a la creciente desconexión entre mundo rural y mundo urbano, se hace necesario repensar urgentemente la relación entre el consumo urbano y la agricultura, generando espacios de confluencia entre la persona que produce y la que consume para reconocer a la persona consumidora como ciudadanía coproductora. Este vínculo y reconocimiento del valor real de los alimentos refuerza nuestra capacidad de decidir y de convertirnos en sujetos de cambio y bienestar.

La alimentación entendida como una mercancía más nos lleva a un callejón sin salida que, por una parte, amplifica las desigualdades sociales y, por otra, actúa como uno de los motores que nos conduce hacia una situación de emergencia que amenaza la vida del planeta, tal como la conocemos.

La relación entre alimentación y salud es incontestable. El concepto de salud no solo incluye la salud humana, sino también la salud planetaria. No se trata únicamente de la ausencia de enfermedad, sino del mantenimiento del bienestar físico, mental, social y ecológico de los individuos y sus ecosistemas. Garantizar la salubridad y la seguridad de aquello que consumimos se convierte en uno de los principales objetivos de las políticas alimentarias, pero hay que ir más allá.

Lamentablemente, los desequilibrios alimentarios de la población son una tendencia creciente y un síntoma inequívoco de unos estilos de vida poco saludables y desvinculados del origen del producto, así como de la poca información sobre los diferentes sistemas de producción agraria, ganadera, y pesquera. De hecho, sobrealimentación y desnutrición son dos caras de la misma moneda. Además, la malnutrición es una nueva forma de desigualdad alimentaria.

La industria de productos alimentarios y bebidas, junto con la restauración, tiene un peso económico y estratégico importante en nuestro país. La transformación de los alimentos, de todos modos, requiere unos estándares de calidad elevados, tanto en términos nutricionales y ambientales como en la ocupación que generan, que hay que garantizar que siempre se respetan.

En este sentido, la innovación tecnológica, social y medioambiental es el motor que nos permite replantear algunos aspectos del modelo alimentario actual, que se ha mostrado ineficiente, con altos costes de producción y poco valor de producto. Pero es necesario también confiar en el conocimiento y los métodos tradicionales. El retorno a una relación más respetuosa con los ciclos naturales y con los vínculos entre los alimentos y los territorios es clave para un nuevo modelo alimentario.

Esta Carta Alimentaria de la Región Metropolitana de Barcelona quiere apoyar y reforzar los procesos que se realizan a nivel local para la transición a un modelo de mayor soberanía alimentaria, que fortalezca la resiliencia de un sistema alimentario más justo, seguro, sostenible y saludable, conformado por criterios sociales, ecológicos y de proximidad.

La resiliencia de los sistemas alimentarios hace referencia a la capacidad de proporcionar alimentos suficientes, adecuados y accesibles para todas las personas en situaciones adversas, imprevistas o de riesgo.

La Carta Alimentaria de la Región Metropolitana proporciona, pues, un relato y un marco estratégico de acción que interpelan directamente a las estructuras y los mecanismos del sistema que alimenta a las ciudades y a los pueblos del entorno metropolitano de Barcelona.

Por este motivo, este marco de trabajo debe incluir espacios de participación, estrategia y acción para el desarrollo de políticas alimentarias en clave local y de región metropolitana, con la implicación de un amplio abanico de actores: las administraciones públicas, el sector productivo, las universidades y la investigación, y la ciudadanía y sus organizaciones. Destacamos, también, el papel de los medios de comunicación como altavoces de los retos y los valores asociados a esta transición.