¿Cómo mejorar las condiciones de vida de las personas inmigradas desde las políticas locales?

Metrópoli Cohesionada

En este artículo se hace un repaso de los mecanismos y dispositivos que dificultan o empeoran las condiciones de vida de las personas inmigradas en Barcelona y su área metropolitana, poniendo especial énfasis en los que son de competencia municipal y que, por tanto, se pueden incorporar una agenda política que ponga en el centro la vida y los derechos de estas personas. Se trata de dispositivos del racismo estructural y sistémico que caracteriza a nuestras sociedades. El texto también quiere hacer una reflexión sobre algunas de las premisas que deben guiar a las políticas públicas, teniendo en cuenta las necesidades reales de todas las personas que viven en un territorio, más allá de la condición legal de ciudadanía.

Cómo mejorar las condiciones de vida de las personas inmigradas desde las políticas locales?
Introducción

A pesar de los años en que la realidad migratoria es irreversible, las políticas públicas se han destacado por la invisibilización de las personas y experiencias inmigradas y por un enfoque poco respetuoso con los derechos humanos.

Este artículo no pretende evocar todos los ámbitos en los que se reproducen las situaciones y realidades de discriminación que viven las personas racializadas sino señalar aquellos que forman parte de las competencias de la administración local y que consideramos relevantes para que una vida humana pueda tener un mínimo de dignidad . Se trata de un texto adaptado a un escenario concreto de posibilidades. Esta adaptación requiere un esfuerzo interpretativo por cumplir unas coordenadas muy particulares que no forman parte de la amplitud del horizonte deseable en cuanto a la temática que nos ocupa.

Las competencias delegadas en las administraciones locales en materia de inmigración no pueden dar soluciones a los problemas de fondo que viven las personas inmigradas porque las competencias en estos ámbitos pertenecen al gobierno central. Sin embargo, las políticas municipales pueden disminuir los efectos de discriminación y violencia que se viven a raíz de la identificación de estas personas como categoría social.

Muchos de los mecanismos derivan del régimen migratorio vigente en Europa y en el Estado español. La política de control migratorio actual condena a la irregularidad ya la falta de derechos a muchas de nuestras conciudadanas, así como amenaza con la inestabilidad y la irregularidad sobrevenida a otras muchas (Ribotta, 2020). Además, debemos tener en cuenta que vivimos en sociedades racialmente estructuradas que trazan líneas de desigualdad y precariedad de la vida, cuyo origen histórico no ha sido debidamente revisado y reparado.

Somos conscientes de que es necesario un análisis más profundo del desplazamiento de estas personas para no reforzar las interpretaciones sesgadas de la realidad migratoria de nuestra era y ayudar a rebatir la creencia extendida en los discursos más dominantes que consideran a estas personas como intrusos que acceden a territorios ajenos para aprovecharse de sus recursos y democracia.

Con esta intención, nos proponemos exponer algunas de las realidades que se dan a nivel metropolitano y que se han agravado a raíz de la crisis social y ecológica que estamos atravesando, y que es necesario tener en cuenta a la hora de pensar las políticas públicas del futuro. Repensar el modelo metropolitano es repensar el modelo social, económico y político que exponen a las personas inmigradas a tratos discriminatorios y racistas en diferentes esferas de sus cotidianidades.

Citamos a título de ejemplo el caso de los manteros, el de las trabajadoras del hogar, el de los menores no acompañados, etc. Además, se trata de colectivos que en los últimos años se han organizado para construir una lucha colectiva. Sin embargo, no se puede olvidar las otras miles de experiencias de resistencia en silencio frente a la hostilidad y la violencia del entorno. Realidades diversas que sólo se pueden entender adoptando una perspectiva interseccional que tenga en cuenta los ejes de raza, clase, género y sexualidad, por un lado y por otro, incorporando la experiencia de las comunidades y grupos de personas inmigradas en el diseño de las políticas de intervención.

La realidad con la que vivimos y en la que debemos trabajar es que la vida de las personas racializadas e inmigradas actualmente es menos digna, como se puede comprobar cuando se desmantela la cadena de barreras que encuentran en sus caminos desde el momento de llegada.

Sin embargo, dada la dimensión de este artículo sólo podremos fijarnos en aquellos mecanismos institucionales y estructurales que impactan de una manera directa en las condiciones de vida de las personas inmigradas y racializadas en general y que se han visto agravadas en esta crisis , aunque todavía no podemos ver su dimensión completa.

El padrón

Como explica Solanes Corella (2004), la función principal del padrón consiste en conocer a la población real de un municipio para poder programar y organizar los transportes públicos, los servicios educativos, sanitarios, sociales, etc., ya que toda la población, nacionales y extranjeros (regulares o no) acudirán a estos servicios. Por tanto, el padrón es la puerta de entrada a los derechos civiles y sociales y el reconocimiento de la presencia o existencia de todas las personas que viven en un territorio. Ahora, la realidad actual en muchas localidades en cuanto al empadronamiento de las personas inmigradas muestra cómo en algunos casos es muy difícil conseguir empadronarse, los plazos de la tramitación se alargan mucho o, directamente, se niega el derecho al padrón.

El acceso de las personas inmigradas a un contrato de alquiler no es tarea fácil, como veremos más adelante, y, por eso, muchos alquilan habitaciones y/o viven en pisos ocupados, etc., donde no se pueden empadronar. Por tanto, resulta necesario activar el padrón sin domicilio fijo, que, aunque, en origen estaba pensado para personas sin hogar, en los últimos años constituye una medida para dar respuestas a las demás casuísticas mencionadas. Los controles policiales.

Los controles policiales

El uso del perfil racial y de los controles de extranjería en el espacio público criminaliza a las personas inmigradas y atenta contra su libertad de movimiento, estableciendo fronteras invisibles-internas en el espacio urbano. Se suele dar la colaboración entre los distintos cuerpos de seguridad (Policía Nacional, Mossos d'Esquadra y Policías locales) para llevar a cabo los controles de documentación. Además, a menudo vemos cómo los trabajadores y trabajadoras de la seguridad privada, especialmente del transporte público, ejercen esta tarea parando a los viajeros racializados y aprovechando los controles de billete del transporte para contribuir a estos controles policiales.

Estos controles, en barrios de mayoría inmigrante o en los espacios más concurridos de las ciudades, construyen unas fronteras que crean inseguridad y desprotección en las personas, que se encuentran constantemente bajo la amenaza de la expulsión con la presencia de un Centro de Internamiento de personas Extranjeras en la Zona Franca. No deja de ser curioso que en el mismo punto del área metropolitana donde lleguen y se controlen mercancías de todas partes, se cierra y persigue la libertad de movimiento de las personas.

El acceso a la vivienda

A menudo, cuando se denunciael racismo y la discriminación que viven las personas racializadas a la hora de buscar una vivienda[1], la administración pública se mantiene al margen argumentando que la cuestión entra en el ámbito privado de las inmobiliarias y/o los propietarios.

El desigual acceso a la vivienda por parte de las personas migradas se manifiesta en procesos de segregación de barrios, guetización de ciertas comunidades racializadas en viviendas de peor calidad y barrios con menos servicios e infraestructuras, o con un acceso deficiente a los servicios básicos. La segregación racial de la ciudad también implica mayor presión y control policial en determinadas zonas.

Otro fenómeno marcado por la cuestión racial es el de los desahucios. No tenemos datos del número de desahucios de familias inmigradas y racializadas que se producen a diario en nuestras ciudades, aunque las organizaciones en favor del derecho a la vivienda así lo manifiestan. También es necesario revisar los protocolos de respuesta a las situaciones de emergencia habitacional que se vive y los recursos que se destinan. El parque de vivienda pública de la zona es muy deficiente.

Por todo ello, creemos que hablar del acceso a la vivienda debe ser una de las prioridades de los poderes locales y debe hacerse desde propuestas estructurales y asumiendo la tarea de paliar el papel de reproducción institucional de las desigualdades.

El acceso al mundo laboral

Teniendo en cuenta el momento de crisis económica en la que nos encontramos, se observa que se ha agudizado la situación de las personas racializadas en materia de explotación, expulsión y vulnerabilización constante. El acceso al mundo laboral se produce en un mercado caracterizado por una dualidad cuya consecuencia es que ciertos sectores estén muy racializados y generizados; donde las condiciones laborales son más deficientes y donde es más fácil encontrar casos de explotación: sector servicios, sector cuidados, trabajo agrícola, etc.

Las personas que están en condiciones de entrar en otros sectores, como la administración pública tampoco lo tienen fácil. El acceso se encuentra frente a una serie de barreras estructurales relacionadas, en algunos casos, con el no reconocimiento de sus títulos académicos de origen y también con la exigencia de obtención de la nacionalidad española. Las pocas personas que han podido acceder a este ámbito laboral no están exentas del trato discriminatorio porque a menudo se encuentran obligadas a ocupar las esferas más bajas, menos remuneradas y en sectores etnicizados (mediación intercultural, traducción e interpretación, educadores en centros de menores no acompañados , etc.).

También debemos tener en cuenta que tener un trabajo es la clave para la regularización de las personas migradas y los derechos sociales y civiles están estrechamente relacionados con el mercado laboral. Es más, la consideración del migrante como sujeto de derechos está estrechamente relacionada con la cuestión laboral, como explica Abdelmalek Sayad:

“(…) es porque el inmigrante es un no-nacional que sólo es a título provisorio y que sólo tiene como razón de ser la razón que le da el trabajo que cumple y en tanto que lo cumple; al mismo tiempo, esta misma exclusión emana de las mismas características: el inmigrante, que únicamente debe ser a título provisorio y sólo por razones de trabajo, no puede más que estar excluido de lo político. Es del trabajo y no de lo político, es de la fábrica y de la obra en construcción y no de la ciudad (de la economía estricta y no de la demografía) que el inmigrante (y también, en menor medida, el emigrante que él es, siempre) extrae no sólo su existencia sino la apariencia de legitimidad indispensable a toda presencia extranjera, “no nacional”.”
(Sayad, 2008: 104)

 

Esta distinción en la nacionalidad, que se traduce en una desigualdad en los derechos de ciudadanía, está siempre sujeta a la 'utilidad' que pueda tener la persona para el sistema económico. Recordemos que las 'trabajadoras esenciales' que se visibilizaron durante el confinamiento por motivo de la pandemia provocada por la COVID-19 eran en su mayoría personas inmigradas. Recordemos también el decreto del gobierno estatal que propuso conceder permiso de residencia y trabajo de dos años a los jóvenes ex-tutelados para que pudieran desarrollar la recogida de la fruta y la verdura, en un momento en que el sistema de contratación temporal en origen no era viable por el cierre de fronteras. La existencia de las personas migradas es siempre provisional e instrumental.

Las mujeres migradas y la precariedad

Según Saskia Sassen (2003), la participación creciente de mujeres inmigradas en las actividades remuneradas está relacionada con el incremento de la demanda de mano de obra en el sector servicios, en trabajos poco cualificados y mal remunerados, en los países de inmigración: servicio doméstico, hostelería, servicios personales. Las migraciones de Sur a Norte responden a esta creciente demanda de servicios que cubren el trabajo de la reproducción. Las mujeres inmigrantes realizan de manera mercantilizada las tareas necesarias para la reproducción social, para la reproducción de la vida, tal y como muestran los estudios realizados desde la perspectiva de la economía feminista (Brunet Icart & Santamaría Velasco, 2016).

A nivel local, las políticas de igualdad y feminismos no siempre tienen en cuenta estas situaciones y no se incorpora esta forma de violencia hacia las mujeres en los planes y protocolos. Se debe señalar las instituciones y sectores y diseñar acciones específicas para atender las situaciones que se derivan.

La escuela

La escuela es el otro eje en el que la intervención local puede ser efectiva para reducir el estado actual de violencia, en este caso simbólica, que vive la infancia racializada y sus familias, especialmente las madres (El Mouali, 2021).

Las problemáticas en el ámbito educativo son numerosas: segregación escolar, falta de formación del profesorado en diversidad, currículo escolar poco abierto a perspectivas diversas, racismo e islamofobia (Amazian y Douhaibi, 2019), itinerarios diferenciados y bajas expectativas hacia el alumnado de familias inmigradas, etc.

La realidad actual de discriminación y racismo de la infancia racializada en el ámbito educativo ha dejado de ser un tabú porque cada vez más familias, expertos y grupos organizados (la asociación de madres contra el racismo como ejemplo)) hacen públicas sus denuncias contra las prácticas racistas que se dan en la escuela y el aula por los agentes y por un sistema que, en principio, está pensado para educar, socializar y formar a la generación futura en contextos y ambientes más igualitarios y sanos.

Trámites de extranjería

Según las prescripciones del gobierno central, así como el autonómico, algunos de los trámites de extranjería son de competencia local, como es la elaboración de la propuesta de los informes de extranjería y algunas acciones en términos de acogida. Los requisitos para que estos informes sean favorables dependen en gran medida de las ofertas formativas que se ofrecen, la calidad de estas ofertas a nivel de formadores/as y las posibilidades horarias que no coinciden con las necesidades y condiciones de vida de las personas inmigradas (mujeres que trabajan de internas sin posibilidad de salir, hombres que trabajan en el campo de sol a sol, madres con criaturas y responsabilidades familiares, etc.). Esto dificulta la obtención de estos informes muy necesarios para regularizar la situación administrativa. Además, las dificultades en acceder a la vivienda, como hemos mencionado, hace imposible el trámite del informe de idoneidad de vivienda (también de competencia municipal) para poder reagruparse con sus familiares o tramitar la regularización o renovación de la documentación de los familiares reagrupados. El impacto social, psicológico y emocional de estos procesos deben ser valorados a la hora de pensar los servicios locales.

Diversidad cultural y religiosa

Si pensamos en políticas interculturales o de promoción de la diversidad, debemos tender hacia una perspectiva sobre la diversidad religiosa y cultural que entienda que el conjunto de formas de hacer, sentir y pensar de las personas que habitan en el territorio son igual de válidas . Debemos abandonar las perspectivas culturalistas que alimentan, pese a las buenas intenciones, la idea de la particularidad y la extrañeza de la cultura del otro y la universalidad y superioridad de la propia.

En este sentido, debemos garantizar, entre otras cosas, la libertad religiosa y dignidad de los espacios de culto en igualdad por todas las espiritualidades de nuestra zona, la posibilidad de estudiar la propia cultura, historia y lengua, etc.

Reflexiones finales

A continuación, apuntamos algunas ideas que nos deben llevar hacia un viraje en la forma en que se han tratado los temas que hemos presentado. Es urgente que tanto desde el sector privado como público se empiece a mirar estas realidades de forma integral y con voluntad transformadora. Esta voluntad no puede darse desde un punto de vista asistencialista ni paternalista, debe contemplar la diversidad de voces y realidades existentes y debe tener una mirada global.

En momentos de crisis, los discursos racistas y excluyentes se refuerzan y deben responderse y desmontarse, pero no debemos olvidar las políticas públicas y los intereses económicos que son los que están detrás de estos discursos. Estos intereses responden a jerarquías raciales que se legitiman y se reproducen desde las instituciones, públicas y privadas.

El racismo es estructural y condiciona las relaciones sociales, instituciones y condiciones materiales de vida de las personas. Conviene recordar que 'el racismo, como proceso histórico y político, crea las condiciones para que, directa o indirectamente, grupos racialmente identificados sean discriminados de forma sistemática'. (Almeida: 2018)

Considerar el carácter estructural de las jerarquías raciales que habitamos es primordial para entender el momento de crisis que atravesamos, para visibilizar a aquellas personas y situaciones más vulnerabilizadas y para garantizar procesos de desmantelamiento de las estructuras que las crean.

Para pensar cómo implementar las políticas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las personas migradas se deben tener en cuenta las voces de las interesadas. Las políticas en materia de migración y diversidad a menudo se han realizado desde una perspectiva externa que no siempre ha tenido en cuenta las necesidades reales, sino que han respondido a agendas políticas e intereses ajenos.

Las experiencias de las personas migradas son muy importantes a la hora de pensar en propuestas políticas, económicas y sociales de futuro para no caer y reforzar las desigualdades raciales que han caracterizado al modelo social, político y económico en el que hemos vivido hasta el momento .

Lo que la situación de emergencia social provocada por la pandemia de la Covid19 nos ha enseñado es que las redes comunitarias de solidaridad tuvieron que dar respuesta a necesidades que deberían estar cubiertas por las administraciones públicas. Estas redes no son nuevas ni provocadas por la pandemia. Han sido la forma de supervivencia y organización de las comunidades de personas inmigradas a lo largo de las últimas décadas: redes familiares, vecinales, en los espacios religiosos, en las asociaciones de personas migradas.

Y, por último, hay que insistir en la necesidad de realizar más estudios y análisis de carácter racial de nuestro modelo social para tener datos y diagnósticos exhaustivos y rigurosos sobre todas las temáticas que se han esbozado en este artículo para diseñar las políticas necesarias para dar respuestas adecuadas.

Para saber más, puedes encontrar otros documentos relacionados con la metrópoli cohesionada aquí, donde también podrás consultar el paper original entero de este artículo. 

 

Las opiniones de los autores y las autoras no representan necesariamente el posicionamiento del PEMB.

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